Vamos de asombro en asombro, cuando leemos las informaciones sobre el avance de la investigación del caso Debanhi de Monterrey, Nuevo León. Una injustificada mezcla de ignorancia jurídica, morbosidad, y una falta de profesionalismo de los investigadores ha contaminado totalmente el entorno para obtener un resultado objetivo en cuanto a la causa y circunstancias de modo tiempo y lugar de la muerte de la joven.
La ley obliga a los ministerios públicos y a los investigadores a integrar las carpetas de investigación penal, en la más completa secrecía.
Sólo pueden informarse a la opinión pública los datos más generales de una investigación de esta naturaleza. La filtración pública de detalles de la investigación, la publicación de videos que deben estar ubicados, con absoluta discreción, en el área de resguardo de pruebas del Ministerio Público encargado de la investigación, constituyen un delito tipificado puntualmente por todos los códigos penales vigentes en el País. Quiénes ya deberían estar compareciendo ante un juez son los encargados de la investigación oficial.
Tal vez, ustedes hayan tenido experiencias similares, de amigos que les hablan expresamente para preguntar su opinión sobre el crimen de Debanhi y que a continuación, empiezan a desarrollar toda una teoría de ocurrencias, dando rienda suelta al Sherlock Holmes que llevan en su corazón.
En mi vida profesional he sido testigo de algunos casos cuya información se filtra a la sociedad y la presión ciudadana sobre los jueces es tal que, finalmente, genera una sentencia injusta, e insostenible jurídicamente, que encierra por largo tiempo a un inocente.
Pues los poderes ejecutivos muy preocupados por los costos o las ganancias políticas, presionan a los jueces para que resuelvan en tal o cual sentido una causa.
El proceso penal está construido sobre bases de lógica jurídica, muy similares a la lógica matemática. Tiene principios inviolables, supuestos inevitables y requisitos inalterables, porque es un procedimiento que al final del mismo arroja una sentencia de aplicación estricta de la ley, que puede destruir una familia o generar un acto de impunidad atroz.
Por eso, en un asunto penal, la actitud de la ciudadanía solo debe ser exigir total claridad y apego a la ley de los investigadores, con absoluta eficacia: El uso de las mejores técnicas disponibles para encontrar las evidencias que puedan provocar la convicción indudable en el juez de que el acusado es culpable, una conclusión indiscutible en la conciencia del Juez, fundada éticamente y fortalecida con una interpretación correcta de la ley.
Esto es así porque condenar a cualquier persona a permanecer privado de su libertad en un Cereso mexicano es un castigo de enorme impacto personal, familiar y social.
Por eso, en caso de que las evidencias hayan sido contaminadas, la escena del crimen no se haya resguardado correctamente, el traslado de las pruebas del lugar donde se obtuvieron hasta el Ministerio Público que las someterá a la opinión de expertos y peritos no se haya hecho respetando una cadena de custodia cierta y segura, el Juez estará imposibilitado para dictar sentencia condenatoria.
No puede condenarse a un eventual culpable si existen dudas o inconsistencias que debiliten el principio de absoluta convicción legal de la culpabilidad del reo.
Volviendo al caso de Debanhi se ha filtrado tanta información que, quien haya sido responsable, estaría preparando sus maletas, para escapar del territorio nacional, hace más de una semana y en caso de que lo detuvieran y legalmente le tomaran su declaración, tendría tanta información, tanto detalle, tanta precisión en la hora lugar y modo en que se pudo cometer el delito, que tendría posibilidad de armar una coartada bastante sólida, aunque fuera falsa.
Prácticamente toda la sociedad conoce una serie de hechos que serían fundamentales para sentenciar a un “presunto inocente” y éste los conocería y se le facilitaría armar cualquier subterfugio para demostrar que él no se encontraba en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos.
Vean ustedes: todo mundo sabe el recorrido que siguió Debanhi en el automóvil y posteriormente a pie hasta el lugar donde perdió la vida, el lugar exacto donde pueden haber sucedido los hechos finales. Que Debanhi estuvo sola hasta el sitio donde desaparece su señal del teléfono celular.
Que tuvo un conflicto con sus amigos y en especial con uno de ellos, con hora y sitio precisado exactamente, incluso el posible responsable tiene a la mano los videos que pueden convertirse en pruebas de descargo.
En caso de vincular a proceso a alguna persona, el defensor tendrá oportunidad de analizar cuadro por cuadro de las pruebas que en su momento presentaría el Ministerio Público para tratar de obtener una sentencia condenatoria.
En este caso, solo debiera conocerse que estuvo en una fiesta, que salió de ahí en un vehículo de transporte y que una semana después se encontró su cadáver en el patio de un hotel ubicado a varios kilómetros de distancia. Todo lo demás solamente debería conocerlo el agente del Ministerio Público encargado de la investigación. Sólo él y únicamente él.
La cárcel a un inocente o la libertad a un culpable es la diferencia de una investigación realizada con apego al protocolo legal de investigación y la barbaridad jurídica que se ha cometido.
La sociedad y personas que declaran en las redes sociales las mil teorías sobre el posible responsable han contaminado el proceso de investigación y se han vulnerado los derechos de la familia, de las mujeres, de las amigas y finalmente será verdaderamente difícil y complicado resolver este caso por tanta violación al proceso de investigación, por tanta locuacidad de quiénes llevan el procedimiento y por la irresponsabilidad incluso del Gobernador, quien ha permitido se convierta la investigación sobre la muerte de Debanhi en un drama social que tendrá efectos inimaginables, encuéntrese o no a un culpable.
