Voy leyendo la nueva Guía metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana que nos llega desde Colombia y vivo dos sensaciones: primero, la emoción que siempre me invade cuando leo reportes que a mi parecer nos llevan de la mano desde un lugar a otro, reportes que ayudan al aprendizaje concreto y útil en términos prácticos, pero a la vez me invade la frustración cada vez que los leo, en especial cuando los cito en sesiones con autoridades y actores sociales múltiples y casi nunca se les conoce.
Hace varios años con ironía dije en el Senado: “empezamos a leer los informes o mejor los dejamos de elaborar”; hoy reitero el fondo del asunto: ciertamente es un problema la escasa producción de conocimiento formal en seguridad ciudadana en América Latina, pero es peor la actitud que está detrás de su muy escasa consulta.
Lo que vemos es un síntoma de nuestra historia. El estado mexicano ha invertido muy poco en la profesionalización de cuadros civiles en la materia. Desde Argentina, Gustavo Beliz habló hace varios años de la falta de una “casa” de la seguridad ciudadana, como uno de los “nudos estratégicos” que enfrenta esta materia en toda la región. En el fondo, esto se explica desde la fragilidad de nuestro régimen constitucional de derechos propio de una democracia, de manera que la seguridad sigue aún mucho más atada a resortes autoritarios políticos y sociales, que a impulsos democráticos.
Así nos alcanzan las elecciones de 2024: monumental crisis de violencias, delincuencia e impunidad, expansión acelerada de la militarización de la seguridad pública y de la ideología del militarismo que la sostiene, y muy pocas historias prometedoras bajo liderazgo civil asociadas a la reducción de las violencias, la mayor parte de ellas no documentadas y menos evaluadas adecuadamente.
Lo he reiterado y lo seguiré haciendo: en el anteproyecto de creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública que redactamos en 1994-95 incluimos el Centro Nacional de Investigaciones, buscando crear un cerebro institucional de Estado que conectara las decisiones al conocimiento científico. Esta parte del proyecto no prosperó y el costo derivado viene siendo inestimable.
Nos alcanzan las elecciones de 2024 con miles de personas que serán candidatas y que jamás han accedido a plataforma alguna de conocimiento formal en el tema y probablemente tampoco les interesa hacerlo. Menos en los ritmos de una competencia por el voto donde todo es a alta velocidad, incluso a cambio de vaciar las ofertas políticas de soporte ideológico y modelos de política pública.
Acabamos de arrancar el nuevo espacio radial sobre el tema en Ibero 90.9 (Ni plata ni plomo, los martes a las 16 h) y en parte lo primero que dijimos fue que sí hay experiencias, conocimiento, métodos y alternativas para construir seguridad, justicia y paz. Parece una obviedad, nada de eso; desde la cabina estaremos invitando a mirar la oferta nacional e internacional que está disponible con un click.
Si tan solo se toman la molestia de mirar el capítulo de la guía que cité, dedicado a orientar cómo hacer un diagnóstico, con eso es más que suficiente para dimensionar la distancia que generalmente tenemos en México respecto de los aprendizajes en la región. Solo menciono los componentes del “marco lógico del diagnóstico”: identificación de factores de riesgo, caracterización del territorio, diagnóstico de conflictividades, análisis de las alertas tempranas, análisis de comportamiento contrarios a la convivencia y análisis de delitos.
No importa cuántas veces tengamos que repetirlo, lo insistiremos: México no construirá seguridad, justicia y paz sin cuadros profesionales civiles que lideren la reconstrucción, y aún hoy no nace la casa de la seguridad ciudadana en la inmensa mayoría del país.
Las personas candidatas representan al final un síntoma de una carencia estructural del Estado.