"Cambios en el consumo y en la industria alimentaria"
El interés público respecto al consumo de alimentos y la industria alimentaria está cambiando, en general me parece que para bien. Forma parte de un proceso de actualización respecto a lo que ha venido ocurriendo en otros países. Quienes están en la industria deben entenderlo así, aunque no les guste y el cambio sea complicado.
El foco de atención se está trasladando desde la protección e impulso de la industria a la protección de la salud del consumidor y del ambiente, o, si se prefiere, desde la oferta hacia la demanda. Quienes están en el lado de la oferta están en resistencia y a la defensiva.
Los cambios en la oferta sobrevendrán a causa de la alteración de la demanda, lo cual puede ocurrir por distintas vías (mediante incentivos que pueden ser positivos y negativos, derivados de cambios legislativos y de política o en los mercados). Las modificaciones en la demanda tenderán a inducir cambios persistentes en la industria.
Cuando se tienen consumidores de bajo ingreso y nivel educativo, lo que determina las decisiones de consumo es la preferencia por el precio, la calidad no importa. La calidad actualmente tiende a ser asociada a la idea de producto saludable. Por otra parte, la búsqueda de la calidad pesa a mayor educación e ingreso y disponibilidad de tiempo para el consumo.
Sin embargo, más allá de cuál sea el comportamiento del ingreso, hay sectores informados que presionan hacia productos de mayor calidad a bajos precios. Y que, por consiguiente, exigen cambios en la industria.
La denominada industria de la “comida chatarra” se alimenta de la pobreza y de abreviar el tiempo dedicado a tener una buena alimentación. Desde luego, también están presentes una educación deficiente de los padres y a hábitos alimenticios arraigados a lo largo del tiempo. Los patrones de consumo son difíciles de cambiar, se modifican muy lentamente. Consumir refrescos es comparativamente barato.
El consumo de alimentos chatarra afecta sobre manera a las familias de estratos de ingreso bajos y a la población de rangos de edad más baja que tienen alguna disponibilidad de gasto. Es descorazonador ver cómo familias completas desayunan, comen y cenan con refrescos; mientras sus miembros beben más refrescos a lo largo del día.
La pandemia derivada del Covid-19 ha hecho evidente el cúmulo de deficiencias que atosigan al sistema de salud pública en el país, así como el problema que implica la obesidad, diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas. Ya se sabía que esas enfermedades estaban gravitando significativamente sobre el costo de la salud pública, pero la pandemia elevó su importancia. El riesgo de muerte está estrechamente vinculado a la presencia de ese tipo de enfermedades, que se derivan en buena medida del tipo de alimentación.
En ese tenor, recientemente han sido presentadas iniciativas de cambio en la legislación respecto a etiquetado de alimentos y bebidas y la prohibición de la venta de comida chatarra a menores de edad. La primera ya fue aprobada nacionalmente y entra en vigor a partir del primero de octubre; mientras que las segunda fue aprobada en Oaxaca y Tabasco y es objeto de discusión en otras entidades federativas.
La Ley sobre etiquetado frontal de alimentos y bebidas obliga al uso de etiquetas en los productos, en color blanco y negro, que advierten con distintas leyendas respecto al exceso de contenido de calorías, azúcar, sal, sodio y grasas saturadas. No prohíbe el consumo, pero advierte al consumidor del riesgo de excederse. Sin saturar con información incomprensible al consumidor, se busca inducir una reconversión hacia productos menos dañinos o riesgosos a la salud, presionando, a la vez, a la industria a que mejore sus ingredientes.
Lo más importante, tiene un efecto formativo de largo plazo, pues a los niños les será más fácil de comprender. Debido a las presiones de la industria, la adopción de este modelo, inicialmente adoptado por Chile, había sido postergada por más de 14 años.
En cuanto a la prohibición legal a la venta de comida chatarra a menores de edad, los estados que la aprobaron se adelantaron a una posible legislación de ámbito nacional, donde la gran industria tiene mayor capacidad de influencia, lo cual hace más complicado su aprobación.
Sin conceder, ya que requiere de mayor estudio, pueden tener razón voceros de la industria en el sentido de que esta legislación no es la más apropiado, pero los grupos que la impulsan no creen que se deba esperar. En realidad, la persistente actitud de rechazo de la industria a cualquier modificación de un “status quo” que les había sido favorable ha estado reduciendo su espacio de negociación.
En general, el sector alimentario es de los menos dañados por el efecto del cierre de actividades económicas y la reducción del consumo, si bien ha visto reducido el empleo. Repitiendo la conocida frase de que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, dado el recorte de personal, las empresas en la industria debieran aprovechar la reducción de su fuerza de trabajo para la modernización de sistemas y sus estrategias, orientándose hacia productos que el consumidor percibe como más saludables.
