Una serie de razones parecen haber llevado a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, a pensar en cambiar el paradigma de seguridad en México.
La principal de ellas es la designación de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos. Como se sabe, además de la migración, la seguridad en la frontera norte de México será la prioridad del próximo gobierno en nuestro vecino del norte.
En la percepción estadounidense, el mayor problema en la frontera lo constituyen las bandas de narcotraficantes. De hecho, la Embajada de Estados Unidos en nuestro País ha publicado recientemente una lista de los principales capos del narcotráfico con una recompensa anexa.
Es claro que el nuevo gobierno en México ha recibido el mensaje. Así lo haría pensar la llamada Operación Enjambre en el Estado de México, donde varios funcionarios públicos de la entidad, sospechosos de facilitar acciones criminales, fueron detenidos. Durante el sexenio de López Obrador no existió alguna operación parecida.
Las primeras acciones de Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana hacen pensar que Sheinbaum podría abandonar en los hechos la fatídica política de su antecesor, sintetizada en la frase “Abrazos no Balazos”.
Después de que se haya dilatado la intervención en el estado de Sinaloa, donde la violencia ha adquirido tintes dramáticos, Harfuch ha viajado a esa entidad para intentar poner algo de orden y coordinar las actividades de la Defensa Nacional y la Marina con las autoridades del Estado. No sólo eso, sino que Harfuch se va a quedar a vivir en Sinaloa, según fue anunciado por el Gobierno.
Pero aquí llegamos a un momento curioso. Como se recordará, la Guardia Nacional, que es la policía federal en México, se encuentra bajo la égida de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, sin embargo, la Presidenta no le dio instrucciones a Ricardo Trevilla Trejo, que encabeza la Sedena, para intentar pacificar Sinaloa, sino a su Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La pregunta pertinente es ¿qué autoridad tendrá un Secretario que no tiene potestad legal sobre los policías?
Vemos aquí la acción de una Presidenta que intuye que la autoridad civil es la que debe actuar en estos casos pero que se encuentra maniatada por malas decisiones tomadas por su antecesor.
No es imposible, sin embargo, que el Gobierno pueda encontrar una manera de darle cuadratura al círculo. Por lo pronto, la Presidenta ya nos ha dicho que la pacificación de Sinaloa no llegará pronto. Es positivo que ella le hable con la verdad a la ciudadanía y que, al menos en este caso, no se recurra a fórmulas demagógicas. Esto contribuirá, sin duda, a la confección de una mejor estrategia de seguridad para México.
Esperemos que así sea, pues ya es tiempo de que muchos mexicanos dejen de vivir en zozobra
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