El gobierno de Claudia Sheinbaum ha ido modificando la negación y el rechazo a las buscadoras y a los organismos solidarios.
Una de las grandes tragedias nacionales es la desaparición de 127 mil personas. Durante los primeros años del sexenio pasado, la 4T intentó dar verdad y justicia al caso de Ayotzinapa, a la Guerra Sucia y a buscar por todo el País a personas desaparecidas. El esfuerzo se hizo trizas en 2022, cuando Andrés Manuel López Obrador decidió proteger a los militares. La autoexclusión del Estado fertilizó la aparición de un heterogéneo movimiento de buscadoras que, entre otras actividades, fueron llevando sus casos al Comité de Desapariciones de la ONU.
Durante los primeros meses de este sexenio empezó un viraje lento y discreto. En público la Presidenta mantuvo la distancia con buscadoras y aliados, en privado empezaron los acercamientos. Teuchitlán y la determinación de la ONU de investigar lo que pasa en México acentuaron la floración de los acuerdos. La semana pasada hubo cuatro reuniones entre Gobierno federal, buscadoras y organizaciones solidarias. Fueron 24 horas en total; que continuarán en un par de semanas, cuando habrá tres encuentros con las buscadoras del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
El formato de la semana previa fue consensuado con las buscadoras: para subrayar la disposición a dialogar se sentaron en una mesa rectangular las autoridades y quienes habían sido seleccionados por las buscadoras en conversaciones previas. Las colectivas presentes airearon en público sus agravios y peticiones o fueron atendidas en diálogos privados. Todas y todos se expresaron.
Los eventos fueron presididos por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Los participantes con quienes conversé coinciden en que se mostró flexible y dispuesta a escuchar las sesiones catárticas y tensas, pero propositivas y útiles. Imperó un espíritu de colaboración para la búsqueda de soluciones que no serán fáciles. Es tan gigantesco el desorden entre dependencias y leyes, como desigual el compromiso de las y los funcionarios de Federación, estados y municipios. Las personas desaparecidas son la puerta de entrada a un laberinto de catacumbas por donde vagan los más olvidados y maltratados de este País. Su lista de pendientes es infinita.
Hago un primer balance centrándome en los funcionarios de las principales dependencias federales. Fue unánime la exigencia de las buscadoras de remover a las titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las dos primeras escucharon las descalificaciones por ineptas e indiferentes. Rosario Piedra Ibarra -la hermana de un desaparecido- mejor ni fue. Moraleja: sí importa quiénes ocupan los cargos.
Al final de los eventos, la titular de Gobernación informó que Froylán Enciso, responsable de los derechos humanos en la Segob, será el encargado de sistematizar y dar seguimiento en reuniones posteriores al proceso iniciado. Sé que hay voces académicas y buscadoras que lo ven con desconfianza. Tengo una opinión diferente y lo considero uno de los mejores cuadros de la 4T para ocupar una posición extraordinariamente difícil.
Froylán Enciso ha investigado al crimen organizado, conoce de primera mano al movimiento de buscadoras, es trabajador, metódico y entrega resultados. Si endurece la paciencia y fortalece su filón diplomático, si le asignan los presupuestos y si la 4T releva a las titulares de la CNDH, la CEAV y la CNB, tendríamos las bisagras entre Gobierno y buscadoras que complementen la estrategia de seguridad en curso. La 4T está fracturada entre quienes reconocen y niegan el enorme costo humano causado por el gobierno anterior. Es cierto que López Obrador recibió una mala herencia del priismo y el panismo; también lo es que entregó cuentas peores.
Por ahora, celebremos el inicio de una nueva etapa en la cual hay disposición a enfrentar la deuda acumulada por los presidentes del PRI, el PAN y Morena. Ya veremos qué pasa cuando la determinación observada choque con la muralla levantada por los militares y/o los cómplices de los criminales. Estoy entre los que desean que la nueva Presidenta y su equipo empiecen a pagar una deuda histórica.
Las buscadoras, con sus sombreros de ala ancha y sus varillas, se lo han ganado, el País lo necesita.
Comentaré esta columna en mi canal de You Tube.
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Colaboró Erika Giselle Delgadillo
