En la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se dice que entre las 22:00 horas del 16 de octubre y las 7:30 del 17, Brandon “N” apuñaló a su madre, a la pareja de ésta, a su esposa y a sus dos hijas. Según el parte, las víctimas de Brandon “N” tuvieron una “muerte infamante”, es decir, dolorosa.
Si tratar de entender las razones por las cuales un hombre podría atreverse a ultimar a su pareja es difícil, comprender qué le llevó a asesinar a su madre y luego a sus hijas, al menos para mí, resulta imposible. Por fortuna, Brandon “N” se entregó a las autoridades y hoy se encuentra tras las rejas esperando condena.
De lo poco que se sabe al momento, es que la familia de Brandon “N” hizo lo que pudo para internarlo en una clínica donde pudieran ayudarle a desintoxicarse. Sin embargo, ese acto de amor fue tomado como afrenta por aquél derivando en el desenlace monstruoso que acabo de referir.
El hecho mantiene en estado de shock y alerta a la comunidad, por varios motivos. ¿Cuántos Brandons “N” nos rodean? ¿Cuántos disponen de un tratamiento adecuado que les permita controlar sus adicciones? ¿Quién es el responsable de evitar que cualquier persona sea tratada clínicamente, para que nunca llegue a cometer una atrocidad como la cometida por Brandon “N”?
Las primeras dos preguntas no tienen respuesta. No existe la información requerida para responderlas. La tercera es posible abordarla desde el sentido común. Las familias que cuenten con los recursos necesarios evitarán que la vida de sus seres queridos se vaya por el caño. Y si no son los familiares, entonces debe ser la autoridad sanitaria quien se encargue de atender a quien padece por su adicción a las drogas; también esto último es parte del sentido común.
Lo cierto es que quien no recibe apoyo de sus familias, excepcionalmente lo recibirá del gobierno, por una razón sencillísima de entender: humana, económica y técnicamente, el gobierno no puede hacerse cargo de todos los problemas que aquejan a la sociedad. Así de simple. En esto no hay misterio o marrullería de por medio.
La historia de los últimos tres siglos está repleta de ejemplos donde la dupla bien común y la solidaridad obra maravillas. Es la única manera de sobrellevar los efectos derivados de los muchos acontecimientos que no forman parte de “la agenda diaria de gobierno”. El terremoto del 85 en la ciudad de México es un clarísimo ejemplo que se renueva cada año con muchas inundaciones, terremotos y demás fenómenos naturales que en un abrir y cerrar de ojos nos ponen de rodillas.
Entre las virtudes cívicas que vertebran el trabajo que realiza la sociedad civil organizada, como mínimo, encontramos las siguientes:
a) autonomía para elegir las problemáticas que desea atender, así como las vías que utilizará para su resolución; b) solidaridad hacia quien no tiene capacidad para salir por medios propios de la situación en la que se encuentra; c) cooperación al momento de generar ideas, buscar recursos, desplegar y darle seguimiento a las acciones planeadas; d) compromiso con la causa elegida y con el ritmo e intensidad del trabajo requeridos para su cristalización; e) diálogo entre el grupo que abraza la causa y los demás grupos de interés que se relacionan con ella; y, f) resiliencia para mantener la frente en alto y no claudicar a mitad del camino.
Conozco a muchísimas personas que en estas andanzas se ven obligadas a renunciar a muchos fines de semana, días de asueto e, incluso, desprenderse de recursos propios, obteniendo a cambio la satisfacción de haber arrimado el hombro con aquellos que lo necesitan. Esa es su ganancia.
Ciertamente, hay casos donde la sociedad civil se organiza para llevar a cabo una agenda completamente distinta a la que supone la búsqueda del bien común. El egoísmo, la ideología, el dinero o la politiquería mandan, y mucho. Afortunadamente son excepción y no la regla.
Como miembro activo de varios consejos de organizaciones de la sociedad civil (esta vez escribo con esa cachucha puesta, y no con la de profesor de ética) veo con gran preocupación lo que podría llegar a suceder en caso de que la miscelánea fiscal sea aprobada, ya que más del 60 por ciento de las 9,675 organizaciones registradas este 2021 ante el SAT, el próximo año podrían dejar de recibir recursos derivados de las donaciones.
Por buenos que parezcan o sean los motivos, el gobierno se pondrá la soga al cuello porque, como decía líneas arriba, los problemas que nos aquejan rebasan las posibilidades de éste para atenderlos y resolverlos (si me apuran, incluso, para identificarlos).
Van unos cuantos números para dimensionar el tamaño del problema que se nos viene encima:
Al día de hoy tienen autorización para recibir donaciones: 6,136 organizaciones asistenciales, 1,366 educativas, 141 de investigación científica y tecnológica, 726 culturales, 177 que ofrecen becas, 304 que realizan investigación y preservación ecológica, 8 que atienden especies en peligro de extinción, 309 que dan apoyos económicos a donatarias autorizadas, 89 que trabajan en obras y servicios públicos, 9 que promueven la creación de bibliotecas privadas, 37 museos privados y 373 el desarrollo social.
¿Se imagina usted qué sucederá con todas las causas que estas organizaciones encabezan, si no cuentan con los recursos económicos para operar el próximo año? ¿Cuántos Brandon “N” seguirán asechando a sus familias o nosotros en las calles? ¿Cuántas becas dejarán de otorgarse? ¿Cuántos comedores, casas hogar, asilos y centros de acogida desaparecerán? ¿Dimensionó la Cámara el impacto de lo que significa darle la suave a este absurdo mandato presidencial? Esperemos que esta vez quepa la cordura.
Y por no dejar, van unas cuantas preguntas al margen: ¿Qué pretende lograr López Obrador con la batalla que ahora emprendió contra la UNAM? ¿En verdad quiere darle un garrote a la autonomía universitaria? ¿Estamos ante un pleito real o ante una nueva cortina de humo que nos impedirá ver lo próximo que viene?
