En estos 10 años de lucha en el caso Ayotzinapa podemos identificar tres grandes etapas: la de la resistencia, la de la esperanza y la de la decepción.
La primera etapa corresponde a los tres años en que la investigación estuvo a cargo de la administración de Peña Nieto, donde padres y madres, con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, lograron resistir el embate gubernamental para cerrar el caso a través de la llamada “verdad histórica”: una versión de los hechos fabricada en el contexto de una indagatoria sin sustento científico y plagada de irregularidades y violaciones al debido proceso y otros derechos humanos.
La etapa de la esperanza se inauguró en el marco del cuarto aniversario de la tragedia de Iguala, cuando en una reunión celebrada el 26 de septiembre de 2018 en el Museo Memoria y Tolerancia, el entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso de crear una Comisión de la Verdad (posteriormente conocida como la Covaj) para esclarecer las circunstancias de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. En aquella reunión, el Presidente expresó lo siguiente: “Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”. (1)
Sin embargo, la esperanza pronto empezó a diluirse para dar paso a la decepción. Para mediados de 2021, padres y madres de los estudiantes intensificaron su exigencia de resultados concretos por parte del Ejecutivo Federal y de la FGR, lo cual coincidió con un contexto electoral adelantado que requería empezar a generar narrativas triunfalistas por parte del gobierno. Así, en agosto de 2022, la presidencia de la Covaj dio una vuelta de tuerca a sus trabajos, y anunció la emisión de su primer informe, sin consulta previa con el GIEI ni con las familias y sus representantes.
Dicho informe, si bien retomó y ordenó diversa información valiosa generada por el GIEI y la Covaj, también presentó una nueva narrativa que pretendía dar una nueva explicación global del caso, donde se concluía que los estudiantes habían sido “ultimados” en circunstancias de extrema crueldad, afirmación que generó profundos impactos psicológicos y emocionales, agudizados por la imposibilidad de cuestionar o pedir explicaciones detalladas sobre la forma en que se llegaba a dicha conclusión. En ese sentido, el principal sustento del informe de la presidencia de la Covaj fue un conjunto de capturas de pantalla de un celular de origen no esclarecido y que, posteriormente, el GIEI demostraría que carecían de sustento técnico y, por tanto, de confiabilidad.
La publicación de esta narrativa fue un punto de inflexión y el inicio del declive del proceso de búsqueda de verdad y justicia durante la administración de López Obrador. La esperanza de las familias, que tanto trabajo había costado recuperar, se volvió a romper, no sólo por la lógica unilateral en la actuación de la presidencia de la COVAJ, sino también por su falta de sustento en evidencia y su manejo mediático, el cual inevitablemente hizo revivir la experiencia de la “verdad histórica” de Peña Nieto.
Después del informe de la presidencia de la Covaj, el GIEI demostró que el Ejército ocultaba información con relevancia para el caso Ayotzinapa. Los poco más de dos años que han pasado desde entonces se han caracterizado por la exigencia para lograr el acceso a la información en posesión del Ejército. A pesar de que la Sedena ha negado sistemáticamente la existencia de la información, en el último año el Gobierno federal ha tenido que reconocer su existencia ante la perseverancia de las víctimas. Sin embargo, actualmente el Gobierno federal niega que la información tenga relación para el caso, sin que esa negativa esté mediada por la entrega de la misma.
Ante la negativa de la Sedena a seguir colaborando con la investigación, con el respaldo del Presidente López Obrador, los integrantes restantes del GIEI no tuvieron más opción que abandonar el país a mediados de 2023, no sin advertir públicamente que su salida obedecía a la falta de condiciones para continuar su trabajo; y, en particular, el GIEI señaló la obstrucción del Ejército para entregar información relevante que podría llevar al esclarecimiento del caso.
Las conversaciones entre las madres y padres de Ayotzinapa con el Presidente cayeron en un punto muerto; en ellas el Presidente se ciñó a una estrategia de comunicación donde el mensaje central era excluir al Ejército de cualquier responsabilidad y atribuir a otros actores, incluidos los representantes legales de las familias, intereses políticos para hacer fracasar la investigación y dañar la imagen del gobierno y en especial del Ejército (2). En sus conferencias matutinas, informes y hasta en su libro de memorias sobre su Presidencia, el Presidente construyó un relato donde acusó a las organizaciones de favorecer la impunidad de los responsables, y a los organismos internacionales de orquestar un contubernio con agencias de seguridad de los Estados Unidos para socavar la soberanía nacional.
Así concluye la administración de López Obrador con un colectivo de padres y madres decepcionados y más deteriorados física y emocionalmente. Y si bien la futura Presidenta ha sido receptiva al diálogo, no existe una perspectiva concreta de futuro. La pregunta que queda en el aire es si ella será capaz de romper las resistencias e impunidad del poder militar.
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El autor es Humberto Francisco Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos de @FundarMexico.
1. México: AMLO se compromete con familiares de víctimas de Ayotzinapa a esclarecer lo sucedido con los 43 estudiantes, BBC News Mundo, 27 de septiembre de 2018, disponible aquí: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45664141
2. Para dar cuenta de las implicaciones físicas y emocionales de estos 10 años de impunidad en las víctimas, el día de hoy Fundar publica su informe Ayotzinapa: una década de impunidad, una mirada psicojurídica de las violencias de Estado.
https://fundar.org.mx/publicaciones/ayotzinapa-mirada-psicojuridica-de-las-violencias/
