En su apuesta por hacer caer al Gobernador de Sinaloa, las autoridades de la UAS olvidan que son ellos los que pudieran estar más próximos a ser investigados por crímenes federales y delincuencia organizada.
Hasta el momento se les persigue por delitos cometidos en lo individual y en materia del fuero común, pero por tratarse de recursos federales, y por la coordinación con la que pudieron haber actuado para desviar el presupuesto de la Universidad, algunos directivos y funcionarios de primer nivel de la UAS podrían estar en serios problemas.
Todavía más, pues de comprobarse los vínculos de Cuén Ojeda con organizaciones delictivas, a los altos mandos del Partido Sinaloense y de la misma Casa Rosalina les podrían estar armando expedientes en los que se les impute agravios por asociación delictuosa.
Los trabajos de investigación que realizó la Fiscalía General de la República el pasado fin de semana en el fraccionamiento donde reside Fausto Burgueño, funcionario de la UAS, afiliado al PAS y acompañante de Cuén al momento del crimen, ya prendieron las alarmas.
Y es que ahora que la FGR atrajo el caso del asesinato del ex Rector, a los implicados les será más difícil entorpecer las investigaciones, como lo hicieron cuando Sara Bruna Quiñonez estaba a cargo de las indagatorias.
Desde hace tiempo había sospechas en el actuar de la Fiscalía estatal, por el trato tan complaciente que les otorgaba a los inculpados por malversación de recursos en la UAS, pues a casi dos años de que iniciaron formalmente las acusaciones, los juicios siguen en espera.
Esto debido a “errores” de la Fiscalía, que recurrentemente olvidaba notificar o dar los expedientes completos a los abogados de la defensa, propiciando así, la dilatación de las audiencias durante meses.
Desafortunadamente la designación de una nueva Fiscal, que emerge del mismo equipo que condujo los peritajes del caso Cuén, causa indignación y no deja satisfecha a la ciudadanía, que no en vano tiene una gran desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia. Y es que en Sinaloa, al igual que otros estados, la impunidad supera el 95 por ciento en la eficacia judicial.
Lo más lamentable es que en el País los organismos autónomos, de donde los ciudadanos nos agarramos para combatir la corrupción, están a punto de desaparecer, sino es que algunos ya lo hicieron de facto. La UAS, por ejemplo, es la muestra de lo que pasa cuando en una institución desaparece ese carácter independiente.
Estamos viviendo momentos políticos muy complicados. Y en la Universidad los restos del cuenismo intentarán aprovechar el río revuelto para reorganizarse y evitar perder el control de la institución. No hay que permitirlo.
Por eso no debemos claudicar en nuestra exigencia para que se haga justicia, se castigue la corrupción en la UAS y se esclarezca el homicidio de Cuén. Así como tampoco debemos detenernos en nuestra exigencia para que el Congreso del Estado y el Consejo Universitario empaten sinergias por una pronta reforma a la Ley Orgánica.
Con un miedo terrible a que la comunidad universitaria se exprese, las autoridades de la UAS se niegan a iniciar el proceso de consulta sobre las propuestas de reforma a la Ley Orgánica.
Saben que una consulta general expondrá la voluntad de los universitarios para impulsar los cambios que se requieren para la democratización y la mejora académica.
Por eso desde el primer lunes de regreso a clases la administración central puso en marcha una campaña de desinformación que tiene como propósito engañar a los estudiantes, haciéndoles creer que la UAS está siendo acechada por el Gobierno del Estado y por los diputados.
Pero lo que los estudiantes deben saber, especialmente aquellos de recién ingreso, es que la Universidad desde hace 18 años está secuestrada por un grupo político que entorpece su desarrollo e impide ofrecer a los jóvenes las mejores oportunidades de educación.
Los estudiantes también deben saber que los líderes de este grupo enfrentan acusaciones judiciales por opacidad y desvío de recursos, que de haber sido implementados correctamente, hubieran servido para mejorar la infraestructura educativa que hoy se encuentra en franco deterioro.
No es que los diputados quieren violentar la autonomía de la UAS, o lo que queda de ella, la realidad es que la reforma es por iniciativa de los propios universitarios. La consulta simplemente es un proceso estipulado en la Ley General de Educación Superior, donde se establecen los lineamientos para que se generen los cambios.
Ahora nos llega información desde la FACEAM-Mazatlán, donde profesores de asignatura con hasta 15 o 20 años de antigüedad, se quejan porque fueron desplazados en las asignación de carga académica, por profesores a los que apenas se les otorgó su tiempo completo en condiciones irregulares ¿En cuántas escuelas no ocurrirá los mismo?
En la columna de la semana pasada nos equivocamos al proporcionar el correo electrónico para armar el padrón de profesores a los que se les brindará ayuda legal. Interesados contactarse a este nueva dirección: civitasuniversidad@gmail.com
