El juicio contra autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa está por comenzar. La audiencia inicial para que comparezcan los acusados por presunto desempeño irregular de funciones quedó programada para el viernes 21 de julio. Llegó la hora de rendir cuentas a la sociedad.
La misma fecha de la audiencia parece obedecer a una estrategia premeditada para evitar movilizaciones como medio de presión. Para esas alturas el personal universitario y los estudiantes estarán ya todos en medio de sus vacaciones de verano. No habrá manera de congregarlos.
Hicieron bien, fue una buena jugada, pero de ahora en adelante el juicio deberá tomar sus propias causas legales bajo la observancia irrestricta del debido proceso. Se corre el riesgo de que las interferencias políticas y un mal manejo del juicio terminen por empañar lo que podría ser una buena lección de combate a la corrupción.
Y es que la división de poderes en Sinaloa es una institución todavía muy débil. Todo mundo puede palpar que el Ejecutivo es la instancia que da línea al actuar de los demás órganos de gobierno, incluidos aquellos que gozan de autonomía.
Y así como en lo horizontal es difícil reconocer la independencia del Congreso, del Poder Judicial y de la Fiscalía; también es claro que de manera vertical el Gobierno del Estado está completamente subordinado a lo que se indica desde Palacio Nacional.
Prueba de ello son las comitivas de autoridades y funcionarios sinaloenses que regularmente acuden al Zócalo de la Ciudad de México, cada que al Presidente se le ocurre mostrar su capacidad de convocatoria y movilización social.
Esto desde luego ha ocasionado una completa desviación de las aspiraciones que a inicios de sexenio hubo para lograr en México un tipo de política republicana, pues con Morena la burocracia no ha logrado establecer la ley como su principal referente, en tanto que siempre ponen por delante la militancia.
De hecho los mismos morenistas reconocen que su principal tarea es lograr el triunfo de la cuarta transformación, y por esa razón muchos al interior del partido tienden a percibir las formalidades jurídicas y los procedimientos legislativos como un estorbo innecesario ahora que tienen el poder.
Es en estos escenarios donde la política se sobrepone a la legalidad sin un sano equilibrio, que la procuración de justicia se vuelve un problema. El juicio sumario que fue orquestado para destituir de su cargo al ex Alcalde de Culiacán, Jesus Estrada Ferreiro, y el trato preferencial que se le ofreció al Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benitez, representan todo lo que no debe volver a ocurrir ahora que se procede contra las autoridades de la universidad.
Este juicio debe ser ejemplar en todos los sentidos, desde la independencia judicial, hasta el profesionalismo en la integración de los expedientes, y la calidad de las pruebas; la observancia de derechos para los inculpados, como la presunción de inocencia; la agilidad de las audiencias, sin que se caiga en demoras irracionales; pero sobre en el tema de las sentencias, para que estas sean transparentes, apegadas a derecho, y que brinden una completa certidumbre de que se actúa con justicia y no por revancha.
Si así ocurre estaremos en presencia de una nueva etapa de legalidad que será de mucho provecho para Sinaloa.
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jorge.ibarram@uas.edu.mx
