Ciertamente un país que proporciona bienestar para sus habitantes tiene que proveer de excelentes servicios de salud pública y privada. El mundo moderno se ha construido a partir de un paradigma en el que la tecnología ha evolucionado tanto que la esperanza de vida de las poblaciones ha aumentado significativamente en los últimos dos siglos.
Como siempre, a la cabeza están los países en dónde primero ocurrió la ilustración como los europeos y Estados Unidos, aunque después se han unido varias naciones asiáticas como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia o Nueva Zelandia.
No es por nada que todas estas naciones sean democracias liberales. Este es el tipo de régimen que promueve las condiciones políticas, económicas, sociológicas y éticas que hacen posible un mayor gasto en salud.
En Estados Unidos, por ejemplo, el debate es si estos servicios los provee mejor la iniciativa privada o el Estado, aunque nadie pone en cuestión que se necesita una combinación de las dos. Lo que es cierto es que todo mundo sabe que el gasto en salud debe ser creciente.
En México, al menos en los últimos años, habíamos llegado a concientizarnos de que aumentar el gasto en salud es un deber ético y una necesidad socioeconómica.
El arribo del régimen que nos gobierna desde el 2018 significó una transformación en esta concientización. Por razones quizás insondables, el presupuesto en salud para el 2025 tendrá un recorte de 81 mil 286 millones de pesos. Mientras el gasto en este rubro en 2024 fue de 962 mil millones de pesos, en 2025 este será de 881 mil millones de pesos. La disminución real en términos porcentuales será del 11.1 por ciento. Parece increíble pero es cierto de acuerdo con los planes. Estamos hablando aquí del sector de salud pública en su totalidad, incluyendo, por ejemplo al IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Marina o Pemex.
Aunque en última instancia las razones de esto son inentendibles desde el punto de vista racional, las justificaciones demagógicas son claras. Se habla de la necesidad de la austeridad. Según esto, los regímenes anteriores eran corruptos y despilfarraban recursos por lo que se requería una corrección ética a través de la contracción de los gastos. Uno se pregunta, sin embargo, qué tiene que ver esto con brindar mayores y mejores servicios de salud a la población mexicana. Sin duda es posible disminuir la corrupción donde realmente exista y hacer más eficientes los procesos al tiempo que se aumentan los gastos en salud pública.
Y no es que tampoco se pretenda auspiciar con una política deliberada el campo de acción de la iniciativa privada en este rubro, que indudablemente sería una opción.
Aún estamos a tiempo de corregir este despropósito gubernamental, pues la discusión sobre el asunto continúa. Hacerlo así es un imperativo ético en grado superlativo.
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El autor es abogado y Diputado federal
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