"Atentado al presupuesto educativo: ¿Y ahora qué?"
Hace un par de semanas, compartimos la idea de que para que un sistema educativo logre avanzar, se requiere un presupuesto que garantice los medios económicos necesarios. Pues bien, después de que diputadas y diputados federales aprobaran la semana pasada el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2021, hemos confirmado que a la carreta de la educación pública en Sinaloa le costará mucho trabajo seguir avanzando rumbo a una educación más justa e inclusiva.
Aunque versiones en medios de prensa señalen que se logró rescatar presupuesto para mantener el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) en el país, lo cierto es que la clave presupuestal de dicho programa ha desaparecido al no recibir financiamiento directo. En los hechos, sólo existe la indicación de destinar parte del financiamiento del programa La Escuela es Nuestra -cuyos objetivos difieren completamente a las del PETC- para pagar las compensaciones salariales de maestras y maestros. Si la política pública de escuelas de horario extendido, que beneficia a más de mil escuelas en Sinaloa, y que es reconocida y evaluada positivamente por el BID y el Banco Mundial, continúa, está en la más absoluta incertidumbre.
En el caso de Sinaloa, también deberá ser materia de atención la desaparición de dos programas claves para brindar atención a las niñas, niños y jóvenes en mayor marginación dentro de la entidad: el Programa de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena y el Programa de Atención Educativa a la Población Escolar Migrante. Y también, nos debe preocupar el recorte de más de 800 millones de pesos al Programa de Desarrollo Profesional Docente, es decir, cada docente en el país contará con 108 pesos para su formación continua.
Algunos dirán que México no está dejando de invertir en educación. Mirando a los grandes números, tienen razón. México no gastará dramáticamente menos en su sistema educativo durante el año 2021. El problema está en el hecho de que el recurso se destine cada vez más a programas como becas universales, sin reglas, sin principios mínimos de evaluación y eficiencia. Este cambio en la estrategia de inversión educativa genera una sangría de recursos que poco a poco, despoja a las escuelas, a la gran estructura de la educación pública en sí, de los recursos necesarios para operar cotidianamente y para mejorar su funcionamiento.
Aún convencidos de lo contrario, los diputados federales que aprobaron este presupuesto atentan contra el derecho a aprender de cientos de miles de niñas, niños y jóvenes en Sinaloa. Derecho a aprender que se materializaba en programas y políticas públicas fundamentales para una mayor justicia y equidad educativa que decidieron desaparecer. Lo peor, tomaron esta decisión justo en el momento más complicado, con una crisis sanitaria aún vigente, con una desaceleración económica y con cierres de escuelas que generan una silenciosa catástrofe generacional a causa de la pérdida de aprendizajes, abandono escolar y desequilibrio socioemocional en estudiantes.
Frente a un escenario así, cabe preguntarse “y ahora qué”. ¿Cuántos programas más se seguirán recortando en futuros presupuestos federales bajo la excusa de estar “eliminando la corrupción”? ¿Cuánta política pública funcional -aunque mejorable- terminará siendo reemplazada por ocurrencias y decisiones discrecionales sin ningún sustento en evidencia sobre lo que sí funciona para hacer crecer los aprendizajes de las y los estudiantes de un país? ¿Permanecerá Sinaloa inmóvil frente a decisiones federales que poco a poco desarticulan la estructura de su sistema educativo?
Durante los últimos años, Sinaloa ha logrado mover la aguja en materia educativa. El mejoramiento en la gestión administrativa le ha permitido ser de las entidades menos observadas por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de su presupuesto educativo. El énfasis en el mejoramiento de los aprendizajes a partir del apoyo diferenciado a establecimientos de mayor rezago ha ido permitiendo el avance de la entidad en evaluaciones educativas como las pruebas PLANEA. La focalización en el nivel de la primera infancia le permite al estado ir a la vanguardia, piloteando la implementación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia. Poco a poco, Sinaloa comienza a seguir los pasos de Puebla, una de las pocas experiencias educativas de los últimos años en América Latina que puede considerarse una experiencia sostenida de mejora educativa integral.
Pero nada de eso podrá mantenerse con un presupuesto educativo federal que cada año recorta a machetazos programas educativos fundamentales para su funcionamiento. Aunque la rectoría de la educación en Sinaloa está en manos del gobierno del estado, desconocer la importancia de los recursos federales no tiene sentido. Ante este nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2021, tocará a Sinaloa reorganizar sus propios recursos de manera inteligente, y priorizar los temas fundamentales para no arriesgar su futuro. Y la educación debe ser de las primeras tres prioridades en la lista.
Ante un proceso de presupuesto estatal que inicia, debemos preguntarnos en qué medida estamos dispuestos a invertir hoy en un Sinaloa más educado, y por extensión, en un Sinaloa más seguro, más productivo, más próspero y justo. En esa exigencia estaremos en las próximas semanas.
