Por segundo año consecutivo, la entrega del Paquete Económico 2022 se enmarca en la crisis económica y sanitaria provocada por el Covid-19.
Este será el primer Paquete Económico que deberá aprobar la 65 Legislatura, y dado que la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda no significará un cambio radical de nuestra política fiscal, el Congreso debería asumir un rol más importante al momento de discutir las propuestas que enviará la Secretaría de Hacienda.
Si bien, después de una caída del 8.5 por ciento del PIB y una pérdida total de 12.5 millones de empleos en 2020 ya hay indicios de una recuperación económica, aún se necesita que el Estado mexicano asigne más recursos públicos hacia donde más se necesitan.
Por ejemplo, el porcentaje de población en pobreza multidimensional pasó de 41.9 por ciento de la población en 2018 a 43.9 por ciento en 2020 (equivalente a 3.7 millones de personas).
Por otra parte, si bien los empleos ya superaron su nivel pre-pandemia, los ingresos de las y los trabajadores continúan siendo precarios.
A comparación del primer trimestre de 2020, el porcentaje de personas que ganan un salario mínimo se incrementó en un 15.1 por ciento, pero al mismo tiempo se redujo en un 23 por ciento la cantidad de personas que ganan más de cinco salarios mínimos. Si se desagregan los datos por género, vemos que la situación de la reincorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido más tardada que la de los hombres, pues de acuerdo con la ENOE al 2021, aún falta la recuperación de 117 mil 509 puestos de trabajos perdidos por mujeres al inicio de la pandemia.
Para avanzar en la atención de estos problemas, el Paquete Económico 2022 debería incluir aumentos significativos (y mejorar la ejecución) del presupuesto en salud y de los programas sociales orientados a disminuir las probabilidades de las personas de caer en pobreza ya sea por ingresos, por carencias sociales o por ambas.
También debería contemplarse la inclusión de un programa de reactivación económica que promueva la generación de empleos, un incremento en la inversión pública, así como apoyos dirigidos especialmente a los pequeños negocios y trabajadores que no han logrado recuperar su empleo. Estas y otras medidas podrían financiarse reduciendo los beneficios fiscales que se concentran en la población de mayores ingresos, o aumentando los impuestos a la propiedad de las personas.
Aunque Morena y sus aliados conservan prácticamente la mitad de los 500 curules en la Cámara de Diputados -los necesarios para aprobar el Paquete Económico- están lejos de contar con los dos tercios de los votos totales con que iniciaron la Legislatura anterior.
Con el reacomodo en la Cámara de Diputados, sumado a las posturas de los gobernadores de Oposición, es probable que la propuesta de la Secretaría de Hacienda sea modificada en algunos rubros, o bien, que veamos un reajuste en el gasto federalizable a través de medios que se creían extintos, tales como el Ramo 23.
La pandemia ha puesto en evidencia las deficiencias del sector salud y lo endeble de nuestro sistema de protección social.
Como hemos documentado, es urgente la implementación de una política tributaria progresiva, que grave al capital y a las personas de más altos ingresos, que resulten en un gasto público que garantice el cumplimiento de los derechos humanos.
Los actores implicados en la aprobación del Paquete Económico deberían asumir un rol más importante para enfrentar la crisis socioeconómica derivada del Covid-19.
* Andrea Larios y Emmanuel Ramírez son investigadora e investigador en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico, Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.
