El martes 5 de junio del 2009, alrededor de las primeras horas de la tarde, los medios de comunicación empezaron a informar de un incendio en curso en la ciudad de Hermosillo, Sonora, noticia que cimbró al país y que mantuvo en vilo a la población por varias horas. Se trataba de una conflagración anidada en la Guardería Infantil ABC, que se convertiría en una tragedia que cortaría de tajo, la vida de 49 criaturas y 104 más, lograron sobrevivir, quedando marcadas para siempre por los daños físicos y psicológicos que sufrieron.
De acuerdo a la página electrónica del Gobierno de México, la Guardería ABC se instaló en el año 2001, bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social, operada por una asociación privada, a la que pertenecía, entre otros, Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de la actual Diputada federal Margarita Zavala y esposa del ex Presidente Felipe Calderón.
Las notas periodísticas dieron cuenta que la guardería operaba en un local con techumbre de lámina recubierta de poliuretano, material altamente inflamable, sin contar con un sistema contra incendios ni salidas de emergencia, y por supuesto, con personal no preparado para enfrentar situaciones de crisis. Al lado de la guardería, el gobierno estatal de Sonora, tenía una bodega, también sin medidas de seguridad, en la que se guardaban documentos y artículos fuera de uso y justo ahí, surgió el incendio que arrasó con el espacio infantil.
Por supuesto, no se pueden entender tantas irregularidades y omisiones en las que incurrieron los tres niveles de gobierno y el propio IMSS, al permitir que el centro de atención infantil prestara servicios envuelto en situaciones de alto riesgo, al igual que el inmueble vecino, bajo el muchas veces costoso argumento “no te preocupes, al cabo no pasa nada”, tan en boca de funcionarios públicos y que, en este caso, pasó y las contingencias se materializaron en una dolorosa herida que, a la fecha, no acaba de cerrar a satisfacción de los afectados, tanto por los resultados de la aplicación de la ley como en el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, especialmente en el terreno de compensaciones económicas.
Los pocos involucrados que han caído en la cárcel han recuperado rápidamente su libertad por la naturaleza no dolosa de su irresponsabilidad y en cuanto a la materialización de los compromisos económicos de parte del gobierno, se han cumplido pero un grupo de los afectados los consideran insuficientes y exigen que el pago se extienda a lo que ellos consideran como cadena afectación familiar, es decir que se extienda a hermanos, abuelos y tíos directos de los fallecidos. Los tribunales dirán si hay justeza en dicho reclamo.
Por otra parte, también vale señalar que, en el ámbito de la prevención de riesgos para este tipo de centro de servicios de guardería, el gobierno federal ha respondido muy tardíamente, ya que fue hasta nueve años después cuando publicó la NORMA Oficial Mexicana NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros de atención infantil en la modalidad pública, privada y mixta, norma que está ahí, plasmada en papel, mientras que en la realidad, las irregularidades persisten en las guarderías y otros centros infantiles de guarda y de primeros pasos de la escolaridad, continúan trabajando, reciben la dispensa a sus irregularidades por los diversas instancias supervisoras, bien sea mediante la compra del silencio de la autoridad, o cobijadas por la influencia política de sus propietarios.
Y bueno, las cosas siguen igual o de mal en peor, en el tema de seguridad de las estancias infantiles, basta recordar el caso de la escuela Enrique Rebsámen, la cual fue sacudida por un temblor y debido a sus deficiencias materiales de construcción se derrumbó y cobró la vida de 19 infantes y otros tantos más heridos, víctimas que pagaron con su vida e integridad la irresponsabilidad gubernamental.
Así están las cosas en nuestro México, entrampado en la corrupción de las entidades del gobierno, en sus tres niveles. ¡Buenos días!
