@MaElenaEsparza
Animal Político / @Pajaropolitico
Miedo y dolor. Espejos cubiertos, zonas del cuerpo evitadas porque el más delicado tacto duele hasta las entrañas. La violencia ácida no deja espacio corporal para el olvido y difícilmente la justicia alcanza para reparar el daño provocado por esta atroz forma de agresión de género; aun así, se empieza a vislumbrar luz en el oscuro proceso.
La sentencia que recibió el agresor de Carmen Sánchez el pasado 11 de mayo es histórica: la primera a nivel nacional y latinoamericano en la que el ataque con una sustancia corrosiva se sanciona como tentativa feminicida. Una causa que parecería sencilla y aplicable hasta por sentido común, pero que el entramado legal y el sistema patriarcal han complicado durante años.
La defensa de autores intelectuales y materiales de ataques con ácido sabe que pedir juicio a sus clientes por lesiones, en lugar de por intento feminicida, hace toda la diferencia a su favor. Un ejemplo reciente: Juan Antonio Vera Carrizal, agresor y ex pareja de María Elena Ríos, había conseguido a inicios de este 2023 prisión domiciliaria con esa estrategia y gracias a la complicidad de un juez local en Oaxaca. Sin la movilización pública y mediática que encabezó la saxofonista, quizá hoy estaría disfrutando de un beneficio que va contra toda lógica. Pero las víctimas anónimas y sin tribuna, ¿qué hacen?
Hoy, gracias al precedente sentado por la lucha de Carmen Sánchez, quien además desde 2021 es lideresa de una fundación que atiende a mujeres quemadas con ácido, se abre una esperanza para todas ellas. Todas las víctimas que hasta ahora se habían tenido que acostumbrar a la impunidad en esta forma de violencia de género, que en siete de cada 10 casos proviene de pareja, ex pareja, familiar o amigo de la víctima -sea como autores materiales o intelectuales- de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres.
Efrén García era el esposo de Carmen cuando la roció con ácido, en 2014. Nueve años después fue condenado a 46 años y ocho meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa. Animal Político describe en una emotiva crónica de Sharenii Guzmán la alegría sellada con un abrazo entre la activista y sus dos hijas tras conocer el veredicto.
El logro es indudable y motivo de reconocimiento a todas las personas que no se cansaron de exigir alto a la impunidad, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin cuya recomendación a los juzgados mexiquenses de Chalco probablemente hubiera sido imposible hacer historia en la materia. El reto ahora es que este caso tenga efectos similares a los que consiguió la lucha de doña Irinea Buendía con la Sentencia Mariana Lima Buendía, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 para que toda muerte violenta de mujer sea investigada con perspectiva de género.
Aplicar la misma mirada a la investigación y juicio de los ataques con ácido contra mujeres implica reconocerlos como una forma deliberada para lastimarlas en uno de los mandatos más opresores del patriarcado, el de la belleza. El objetivo del agresor es borrar su identidad corporal, dejar una huella visible que será castigo permanente y recordatorio de esa relación... si es que sobrevive.
Aunque en marzo de 2023 Puebla aprobó leyes pioneras para considerarlos tentativas de feminicidio y en la Ciudad de México el Congreso impulsa la Ley Malena, a nivel nacional existe un desafío legal que es urgente atender: en 25 estados los ataques con sustancias corrosivas todavía no son un delito tipificado. Solamente Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y la capital lo reconocen como agravante en violencia de género.
Lo anterior, a pesar de que, durante el año pasado, 222 mujeres recibieron amenazas de ser agredidas por ácidos o sustancias químicas, según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres que opera la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). La Secretaría de Salud federal tiene registro de 105 ataques de violencia ácida durante 2022 y la Fundación Carmen Sánchez afirma que hay más de 3 mil víctimas desde 2010. La lucha es larga.
Continuará hasta asegurar que la justicia se haga costumbre, porque ninguna mujer agredida con ácido debería vivir, además, la dolorosa travesía de, como dice Carmen Sánchez, arrebatarle la justicia al Estado.
—
La autora es Consejera en Género del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX y fundadora de Ola Violeta A. C., desde donde trabaja por el derecho a la conciencia corporal de niñas y mujeres. Doctoranda en Historia del Pensamiento en la UP, Maestra en Desarrollo Humano por la Ibero y egresada del Programa de Liderazgo de Mujeres en la Universidad de Oxford.
