En el 2016, Jocelyn Arreola estudiaba el tercer año en la Licenciatura en Políticas Públicas en la UAS y quería iniciar su proyecto de tesis. Afirmó con mucha seguridad que le interesaba estudiar espacios públicos y la corresponsabilidad en el cuidado. Le recomendé algunas lecturas y propuse analizar parques vecinales y la importancia de la participación vecinal a la luz de la Teoría de la Acción Colectiva. Después, contamos con el apoyo de América Armenta y Jezael Monárrez para contactar a los vecinos responsables de comités.
Partimos desde ciertos conocimientos sobre la gestión social y de recursos para la intervención en espacios públicos; con aportaciones de colegas y desde la experiencia trabajando en planeación urbana en Culiacán y en otros municipios:
UNO: Los ayuntamientos como Culiacán no tienen suficientes recursos para financiar y mantener los espacios públicos. No, no los tienen. Por lo regular, la inversión inicial es tripartita o bipartita, luego se dificultan la operación y cuidados, sobre todo cuando la atribución es municipal.
DOS: Los municipios podrían obtener ingresos gestionando la valorización del suelo; valorización que ahora ceden a particulares porque no quieren asumir riesgos políticos. En consecuencia, gran parte de los espacios públicos en Sinaloa se encuentran en pésimas condiciones o, por el contrario, en buenas o regulares condiciones bajo la administración privada que es poco observada.
TRES: Los parques en Culiacán son espacios inseguros; los que se ubican en las periferias y también los del centro de la ciudad. Esto parece obvio, pero en realidad no lo es.
CUATRO: Desde diferentes voces académicas, y desde hace tiempo, se plantea la participación ciudadana como elemento indispensable para garantizar el éxito en los proyectos públicos, no obstante, se habla poco de las dificultades en los procesos.
CINCO: La participación ciudadana debe gestarse desde el diseño del proyecto, pero también debe extenderse para su cuidado y mantenimiento. Si este nivel de involucramiento no se logra, el proyecto puede resultar ajeno a las necesidades e intereses de los usuarios.
Jocelyn presentó su tesis en el 2018, cuando recién egresaba. También publicamos un artículo con la UDG. En el estudio, a través del trabajo de campo en colonias del Sector Oriente de la ciudad, identificamos elementos de éxito y fracaso en la conformación de los comités vecinales del programa Rescate de Espacios Públicos (REP). Gran parte de los comités no se consolidaron y al examinar las historias de fracaso, detectamos que no se incluyó a los vecinos en el diseño del espacio. Asimismo, agentes del Ayuntamiento y de partidos políticos utilizaron a los líderes de los comités para la promoción del voto y no para lo que fueron creados: generar acuerdos a favor del espacio público.
El programa REP, a nivel nacional, tenía buenas intenciones, pero en su operación encontraron dificultades. En el “rescate” de los parques se invirtieron recursos federales y mixtos, pero no se garantizó financiamiento para mantenerlos en buenas condiciones. Debido a que los municipios tienen enormes presiones financieras, una parte importante de los proyectos fracasaron: los parques siguen deteriorados e inseguros. El programa esperaba que los usuarios se apropiaran de los espacios y se hicieran corresponsables en su mantenimiento, lo que no previeron son las dificultades del proceso. La “tragedia de los comunes” de Gerrett Hardin ilustra muy bien la historia del fracaso en la acción colectiva.
En estos días, tengo presente el trabajo con Jocelyn Arreola a partir de la controversia que suscitó la propuesta de intervención en el Parque Ecológico, que es un reflejo de los pendientes en la necesaria corresponsabilidad en los proyectos públicos en Sinaloa.
Según percibo, la inconformidad de activistas y académicos tiene diferentes fundamentos y consignas. Estoy de acuerdo con algunos, pero empezaré señalando el planteamiento con el que no coincido del todo. El Parque Ecológico es de acceso libre, y es administrado por una Institución de Asistencia Privada en un esquema de gestión de espacios que se utiliza con éxito en otros lugares en el mundo. Esta institución administra también el Jardín Botánico con una cuota de recuperación de 35 pesos a grupos escolares y espacios que se rentan para eventos. Por supuesto, hay que evaluar la gestión por los resultados; revisemos el desempeño de la IAP. No obstante, dejar los parques, de inmediato, bajo la administración ineficiente de un ayuntamiento que no se ha preparado con instrumentos para la gestión, me parece una propuesta irresponsable cargada de argumentos doctrinarios.
En otros planteamientos, un grupo de ciudadanos se preocupan por las afectaciones ecológicas y señalan que la obra no cuenta con Licencia de Uso del Suelo y Declaración de Impacto Ambiental. Estas omisiones han sido comunes en las obras públicas, además, por alguna razón, los proyectistas insisten en la compra de palmeras (y a un precio no justificado) a pesar de los muchos argumentos en contra de los especialistas en plantas regionales. Celebro que los activistas y académicos observen estos aspectos.
Otra observación al proyecto, con la que estoy de acuerdo, está en la “falta de inclusión”. Queda claro que la propuesta, con recursos autorizados, no surgió de la acción coordinada entre los interesados: usuarios, academia, IAP, y otros grupos. En lo que ya es una larga tradición de proyectos detenidos, truncos y objetados, las decisiones sobre los espacios públicos en Sinaloa se dirigen desde arriba y después se apagan fuegos. El régimen urbano conservador no permite la transparencia y no da lugar a la planeación participativa; tampoco aprende las lecciones.
Frente a este panorama me pregunto: ¿Quién se hará cargo de los espacios públicos en Sinaloa? Queda claro que los ayuntamientos no tienen recursos ni capacidades mientras no desarrollen instrumentos para capitalizarse. Parece un juego sin respuesta: una tragedia común.
El Parque Ecológico, al igual que otros proyectos del REP, corre el riesgo de sufrir “la tragedia de los comunes” ante la falta de acuerdos entre los interesados. En su libro “El Gobierno de los Comunes”, Elinor Ostrom planteó una solución para la administración de los recursos que no son gobernados con eficiencia por las autoridades: esta es, que los administren los usuarios, por ejemplo, a través de cooperativas, fideicomisos y patronatos cuya actuación será observada por el resto de los ciudadanos. No es sencillo, como concluye Jocelyn(1) en su tesis, pero es posible. Me gustaría leer propuestas desde el Congreso local y desde el activismo, por ejemplo, para la administración desde esquemas públicos y participativos: soluciones desde la corresponsabilidad y no sólo consignas.
(1)Jocelyn presentó su segunda tesis, en pandemia, ahora como Maestra en Ciencias Sociales. Sigue estudiando espacios públicos.
