¿Aplicar la Ley o que siga la UAS como está?
Los imputados ríen; los jueces no tienen prisa

Han de retumbar en el campus las carcajadas de Jesús Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa separado del cargo por la presunta comisión de delitos de corrupción y abuso de autoridad, así como de Robespierre Lizárraga, quien ocupa el cargo a pesar de estar vinculado a procesos judiciales, y de Héctor Melesio Cuén Díaz, ex Director de Bienes y Suministros de la casa de estudios acusado de realizar probables negociaciones ilícitas, cada vez que la justicia que se les quiere aplicar se vuelve cuento de nunca acabar mientras el desgaste de la acción ministerial y judicial y el daño causado a la UAS son incalculables.

Es que ya es asunto de la sorna pública el hecho de que los aplazamientos de imputaciones de cargos, vinculaciones a procesos, inicio de juicios y revisión de medidas cautelares sean aplazadas debido a argucias de inculpados y abogados que el ya no tan nuevo sistema de justicia penal acusatorio debería conocer y prevenir antes de permitir que los perpetradores continúen afectando a la víctima, utilizando el servicio público como coraza de impunidad.

Salvar a la UAS es la premisa cardinal de la sociedad sinaloense en conjunto y obligación del Poder Judicial que en Sinaloa es percibido amedrentado y con amagos de imponer el orden jurídico que al quedar en tentativas de los jueces envalentonan más los acusados y repercuten en extenderle los plazos a la indefensión de la casa rosalina. En esta esquina la treta de rebelión contra el marco legal urdida por los presuntos responsables y llevada a la ignominia por Willy Ibarra en los micrófonos de Radio UAS, y en esta otra los tribunales a los que cada día les tiembla más la mano para restaurar el Estado de derecho.

¿O no? Esto dejó de ser asunto de delincuentes y enjuiciadores al convertirse en la emergencia de los sinaloenses en general para rescatar a la UAS y refundar en ella valores y deberes que son su razón de ser. El manejo de los recursos presupuestales en forma honesta y transparente, dedicar cada centavo a ofrecerles el mejor porvenir a más de cien mil jóvenes, cortar de tajo el uso de maestros y estudiantes como carnada política, y cancelar la medrosa acción del Partido Sinaloense que además carcome el erario institucional.

¿Debemos dejar a la UAS como está y que las consecuencias las paguen egresados a los cuales se les asigna más carga política que conocimiento académico? ¿Permitir que el monstruo de la corrupción devore el sueño de las familias que fincan mejores porvenires para los hijos con base en carreras profesionales? No, al contrario, todos deberíamos empujar en el mismo sentido para desalojar los lastres sin tener que cargar de por vida con el peso en la conciencia por la cómoda indiferencia que se justifica en la rendición de las convicciones y la venta al mejor postor de las dignidades.

Sin embargo, a los jueces les corresponde la obligación abandonar la actitud y mentalidad lánguidas en aras de que la justicia haga lo que tenga qué hacer, con sentencias que inculpen o exoneren a los implicados en delitos contra la UAS, cerrando las largas actuaciones que se prestan a la risión de la gente y recalcan la percepción de la ley de chicle cuya plasticidad hace posible arreglos en lo oscurito que dispensan ilícitos y colocan en mayor indefensión a los afectados por los victimarios.

Existen los visibles actos deliberados de rebeldía a la justicia de parte de Madueña Molina, Robespierre Lizárraga y Cuén Díaz que inclusive persisten a pesar de ser advertidos de uso de la fuerza pública y liberar órdenes de aprehensión en caso de continuar en las maniobras para rehuir a las diligencias judiciales. Los abogados que los defienden, a los cuales cambian como si fueran calcetines, saben muy bien que la excesiva tolerancia de los jueces a tal desobediencia está llegando al límite y que la apuesta a la impunidad que les prodigue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es engañarse a sí mismos.

Las tácticas dilatorias de los imputados uaseños delatan el miedo a ser procesados con carpetas de investigación que tipifican delitos que no han podido rebatir sus defensores. Tratar de llevar los juicios a la Secretaría de Gobernación lo ven como el único reducto de borrón y cuenta nueva con la abominación jurídica de que hasta puedan regresar a las cloacas a proseguir expoliando las finanzas universitarias.

En eso se están jugando todo Jesús Madueña con 9 carpeta de investigación, 3 vinculaciones a proceso, dos separaciones de cargo y la inminente intervención de la policía investigadora para que acuda a los llamados de los jueces; Robespierre Lizárraga al prestarse a la farsa de ser Rector sin ejercer el cargo, y Cuén Díaz al obstruir durante ocho ocasiones la audiencia de imputación por probables negociaciones ilícitas con dinero de la UAS.

Los indiciados uaseños se niegan a sentarse en el banquillo de los acusados y se juegan todo en la posibilidad de tener una silla en la mesa de negociación que instalará de nuevo el Gobierno Federal, apostándole a acuerdos políticos que les signifiquen el borrón de las contravenciones a la Ley y continuar como si nada al mando de la entrañable Universidad que para ellos es más un botín a saquear que una institución de educación superior urgida de ser blindada de todos los bandidajes posibles.

¿Además de alfombra tersa,

En el expiatorio de Cobián,

También impunidad pedirán,

Los de esta liga perversa?

En el tema de los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa judicializados, el Congreso del Estado aplica la lógica de quien al quemarse con leche hirviendo hasta al jocoque le sopla. Acabará la 64 Legislatura y la reforma a la Ley Orgánica fue cosa de mucho ruido y pocas nueces, aportándole también a la indefensión jurídica de la casa de estudios. ¿Así cómo, pues?

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