¿Qué rutas, en la próxima administración, podrían reducir violencia, tensiones y conflictos por el agua?
Uno de los asuntos pendientes, y quizá el más urgente, es la actualización de la Ley Hídrica que lleva rezagada desde 2013, año en que debió haber sido sustituida la de 1992. Este instrumento legal es el obstáculo más importante para una distribución equilibrada dado que, al privilegiar concesiones a grandes empresas y privados, margina la posibilidad de un acceso equitativo a la población en general. Además, funciona bajo términos arcaicos y desfasados de la realidad actual social y ambiental del país y en la que el cambio climático incide directamente.
En la propuesta en materia hídrica de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum se menciona que, por encima de los intereses particulares de todos los usuarios del agua, se pondrán los de la nación y los de la gente. 7 ¿Cómo se planea recopilar las heterogéneas necesidades de los distintos grupos sociales del país? Hay incluso grupos para los que el agua es también un bien patrimonial y paisajístico, lo que constituye una dimensión cultural que compite con la utilitarista que la ve solo como un bien estratégico del desarrollo económico. Resulta entonces importante mejorar los mecanismos de involucramiento y participación ciudadana que, hasta ahora, han quedado mucho a deber. El fracaso del proceso de consulta del proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de México fue un claro ejemplo de la falta de compromiso con la sociedad, en especial de los núcleos agrarios y pueblos originarios.
Otro pendiente es incrementar el presupuesto que se destina para el sector agua. El monto para el año en curso se redujo en al menos un 12 % con respecto al año pasado, quedando en aproximadamente 62,600 millones de pesos. Esto, aun cuando el Consejo Consultivo del Agua ha calculado que el presupuesto para atender las necesidades de la población mexicana asciende hasta a 120,000 millones de pesos anuales. 8
Estos tres conceptos (reforma normativa, mejora de instrumentos de participación y aumento de presupuesto), entendidos desde una perspectiva alejada de la tecnócrata, son clave para la distribución equitativa del agua y ayudarían a reducir tensiones que provocan violencia y conflictos. Las personas, al sentirse tomadas en cuenta, podrían responder positivamente a escenarios de cooperación, necesarios para la estabilidad social. 9 En cambio, si los gobiernos ocultan o niegan el conflicto se provoca mayor malestar social.
Como problema perverso, no será posible llegar a una solución definitiva y perfecta en materia hídrica. Pero definitivamente urge duplicar esfuerzos para que, cada vez que se intente, se atienda desde el panorama más amplio posible y ponga en primer término la dimensión social del agua en toda su complejidad.
* La autora Bibiana Monsivais Montoliu es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad y Profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
