La presentación del paquete de reformas constitucionales por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha generado intensas discusiones por el impacto que su aprobación tendría en nuestro actual sistema político y democrático, y en la garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población y de las comunidades.
Una de las razones por las que la discusión pública ha sido tan intensa es por la variedad de propuestas que incluyen las iniciativas de reforma. Desde Fundar consideramos que es necesario avanzar en aquellas iniciativas que recuperan demandas sociales y de comunidades, por lo que sería impostergable su aprobación, sin dejar de lado la importancia de profundizar en la reflexión de otras que preocupan y que, de aprobarse como fueron presentadas, implicarían riesgos para la garantía de derechos humanos.
Celebramos que demandas que han sido formuladas desde hace mucho tiempo por comunidades, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil sean parte de este paquete de reformas. Tal es el caso de la iniciativa de reforma a los derechos de los pueblos originarios, la cual es el resultado de un proceso amplio de participación y es un paso importante para cumplir una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas y afromexicanos.
Sobresale el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público con patrimonio y personalidad jurídica propia y capacidad para administrar recursos públicos de manera directa, entre otros derechos de gran trascendencia. De igual manera, la iniciativa que busca prohibir el fracking, la entrega de concesiones para minería a cielo abierto y en zonas con estrés hídrico y la siembra y comercialización de maíz transgénicos, retoma otras demandas fundamentales de diversas redes y movimientos ambientales en México (1).
En materia de pensiones, la propuesta del Ejecutivo permitiría a las personas trabajadoras que cotizan en el IMSS y el ISSSTE obtener una pensión de 16 mil 700 pesos si actualmente ganan menos que dicho monto. En principio, esta propuesta es muy positiva, pero habrá que analizarse con mayor cuidado conforme haya mayor claridad sobre la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, el fondo que financiará estas pensiones no debe depender de recursos extraordinarios (como los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado), ni mucho menos de la extinción del INAI y en perjuicio de nuestro derecho a saber.
Así mismo, un aumento, sin planificación presupuestaria, podría presionar más las finanzas públicas por concepto de pensiones, que hoy alcanza más del 20 por ciento del total del presupuesto federal. Desde nuestra perspectiva, para financiar esta propuesta -y otras más como la posibilidad de contar con un sistema de salud gratuito y universal- se necesita iniciar una discusión más profunda de nuestro sistema fiscal, lo que implicará incrementar el pago de impuestos de los sectores más ricos del país.
A pesar de estas iniciativas que, de aprobarse, representarían avances innegables, también tenemos una serie de preocupaciones porque el paquete incluye propuestas de reformas que concentran mayores poderes en las Fuerzas Armadas y le confieren la facultad de intervenir en asuntos públicos aún en tiempos de paz (2) y otras que suponen regresiones para el derecho a la información y la reducción de contrapesos del ejercicio del poder público.
El paquete de reformas incluye diversas modificaciones constitucionales para materializar lo que el Presidente ha buscado desde mediados de su sexenio: transformar la Guardia Nacional en una fuerza armada de carácter militar formal y materialmente. Para lograrlo, el Ejecutivo federal ha optado por la vía constitucional porque actualmente nuestra Carta Magna preserva el paradigma civil de la seguridad pública. Aunque en los hechos el paradigma civil se encuentra severamente mermado, la redacción actual de nuestra Constitución es el último reducto de defensa contra la militarización total de la seguridad.
Las críticas a la militarización tienen sustento en la experiencia latinoamericana, la cual se ha retomado en una basta y consistente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que nos advierte que el paradigma militar de la seguridad es riesgoso para la vigencia de los derechos y para la democracia y, por ello, los marcos constitucionales deben acotar la intervención militar para situaciones extraordinarias, temporales y sujeta siempre a controles civiles de rendición de cuentas.
La complejidad de la violencia en nuestro País es innegable; sin embargo, estamos a un par de años de cumplir dos décadas de militarización de las políticas de seguridad pública y la situación no ha mejorado. Incluso, diversas experiencias en distintas regiones del País (Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa) evidencian que el poder militar termina por incorporarse a las dinámicas de violencia generadas por la actuación del crimen organizado.
Preocupan las repercusiones de la iniciativa que busca desaparecer a los órganos autónomos y regresar sus funciones a dependencias del Poder Ejecutivo y en particular la amenaza hacia el órgano garante de transparencia, el INAI, pues esta decisión significaría un retroceso mayúsculo para la garantía del derecho humano a la información pública.
Antes de que se dotara al INAI de autonomía, de que sus resoluciones fueran inatacables y de que tuviera mecanismos sancionatorios, el mecanismo para acceder a la información pública dependía de la buena voluntad de las instituciones para entregar los datos solicitados, ya que en caso de no proporcionar la información, los órganos internos de control de cada dependencia tenían que aplicar las resoluciones y jugaban un rol de juez y parte. La experiencia, antes de contar con un órgano autónomo y garante, ha mostrado que si la Secretaría de la Función Pública (SFP) absorbe las funciones del INAI, como pretende la iniciativa, se regresará al esquema anterior en el que será poco probable que una institución perteneciente al Poder Ejecutivo sancione a las entidades de la administración pública federal por no cumplir con la entrega de información.
Además, esta propuesta se presenta con el argumento de que es un instituto oneroso que no ha ayudado a combatir la corrupción y en un contexto de recientes cuestionamientos por el mal uso de recursos públicos. Sin duda alguna es necesario que una institución como el INAI rinda cuentas, que se establezcan acciones contundentes de auditoría sobre cómo utiliza los recursos y que el órgano interno de control -designado por la Cámara de Diputados- dé a conocer públicamente si existen actos indebidos al interior de la institución. Pero sería más costoso para la sociedad quedarse sin un órgano autónomo que ayude a prevenir y a detectar irregularidades en un país que tiene altos índices de corrupción.
Este paquete también incluyó iniciativas que repercuten en la prevención, investigación y detección de la corrupción. Por un lado, una de las reformas tiene el propósito de separar la función jurisdiccional de las tareas administrativas y de disciplina del Poder Judicial. Para ello se propone que las funciones que realiza el Consejo de la Judicatura Federal sean sustituidas por un Tribunal de Disciplina Judicial que se encargaría de conocer, investigar y sancionar acciones relacionadas con corrupción, cuyas decisiones serían definitivas e inatacables, sin posibilidad de juicio o recurso en su contra. Además, sus representantes serían elegidos mediante voto popular.
Si bien es necesario contar con una institución que combata la corrupción en el Poder Judicial que sea independiente de la SCJN, la elección por voto popular de las y los miembros de este nuevo Tribunal implica promover un esquema que condiciona el seguimiento de responsabilidades de las y los jueces y personas magistradas a cambio del voto, politizando el seguimiento y sanción de los posibles casos de corrupción en el Poder Judicial.
Por otro lado, también se presentó una iniciativa que pretende desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que sea la Secretaría de la Función Pública la que brinde asistencia técnica a dicho sistema. Esta decisión implicaría que la SFP se vea excedida en sus funciones y que haya un desequilibrio de poder dentro del SNA, ya que la Función Pública sería integrante con poder de decisión y además tendría las funciones técnicas del SNA. Antes de tomar una decisión como esta, se tendría que evaluar la utilidad y la pertinencia de que la SESNA siga siendo el brazo técnico del SNA.
De las negociaciones políticas de los grupos parlamentarios dependerá que se aprueben estas reformas, cuyos impactos serían muy regresivos en la agenda democrática y de seguridad pública, y de gran trascendencia en los casos de desigualdades sociales, discriminación y emergencia ambiental y climática que vivimos.
Por ello, antes de la búsqueda de consensos y toma de decisiones en el Legislativo, sería importante un análisis razonado y una profunda deliberación que incluya la participación ciudadana a través de ejercicios efectivos de Parlamento Abierto. Esas aportaciones tendrán que ser vinculantes con las decisiones finales que tomen las y los integrantes del Congreso. Urge que la ciudadanía y las comunidades tenga una representación real y efectiva que contribuya a una verdadera construcción democrática y pluricultural para atender los problemas que afectan de fondo a nuestro país.
—
La autora es Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas @FundarMexico
@designaciones
1. Boletín de la Alianza. Disponible aquí: https://twitter.com/NoFrackingMx/status/1757119304003362960
2. Aunque en los hechos podría ser difícil que varias de estas reformas sean aprobadas en este periodo legislativo, es preocupante que algunas bancadas han planteado que continuarán impulsándolas durante el siguiente sexenio.
