Absurdo, anular a la Policía Municipal
Robos a comercio, ganga del disparate
Podría ser esto una digresión tardía, pero a los robos que afectan a establecimientos de los diferentes giros comerciales, trátense de asaltos consuetudinarios o tentáculo irruptivo del crimen organizado, les vino como anillo al dedo la decisión de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana consistente en revisar en plena ola de violencia la Licencia Oficial Colectiva para el uso de armas de fuego en la Policía Municipal de Culiacán, desactivando durante tres semanas la acción preventiva contra delitos cuando mayor peligro acecha a estas actividades económicas.
Dado lo prolongado del procedimiento, que se ha anunciado también para Mazatlán, tiende a cobrar forma la noción generalizada de la burocrática y lenta inspección a los policías, contra la acción veloz y sin trámites de los bandos delincuenciales que persisten en hacerse ver como el poder que prepondera en el contexto de violencia. Y por más que salga a explicar el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, la vox populi pone adelante la interrogante de por qué hoy y por tantos días la intervención militar en la Policía de Culiacán.
Y sí. Indistintamente de los alegatos oficiales, ¿a quién se le ocurrió implementarlo ahora? Desde el enfoque que sea o la justificación aludida, el despropósito les agrega mayor zozobra a ciudades amedrentadas por la delincuencia organizada. Es otro bucle de oscuridad añadido a lo de por sí lóbrego, que activa inquietudes en los ciudadanos que saben poco de formalidades en materia de armamento o de exámenes de control de confianza, atribuyéndolo no a la casualidad sino a la causalidad.
La SSP rinde reportes permanentes sobre el escalamiento de las afectaciones al comercio por parte de delincuencia que en la narcopandemia diversifica la ejecución de ilícitos rebajándolos a la rapiña llana. Siendo imposible diferenciar entre saqueadores que a su vez son sicarios de las células del narcotráfico, o ladrones habituales que aprovechan la crisis de seguridad para acentuar sus pillerías, da lo mismo clasificarlos cuando el modus operandi los mimetiza. De noche todas las sombras se confabulan para el miedo.
La comisión de hechos de este tipo con mayor visibilidad contienen la duda de si hubieran sucedido o no con la Policía Municipal efectuando la vigilancia de rutina. Robarse todos los inventarios de negocios de venta de motos o bicicletas, tratar de llevarse el cajero automático de un banco con el uso de un traxcabo, asaltar la casa de cambio para apoderarse del dinero disponible en efectivo, irrumpir en plazas comerciales para extraer mercancías, o bien despojar hasta a pequeños comerciantes de las ganancias del día, no encaja en el catálogo de delitos atribuibles a cárteles del narcotráfico.
Las noches de saqueos a negocios de todo tipo y las madrugadas que incitan a los atracos sin la contención policial, denuncian no sólo a los perpetradores de la rapiña sino a autoridades federales que durante tres semanas han paralizado a policías y agentes de tránsito, dándole elementos a la desconfiada conversación pública que le asigna responsabilidades, por acción u omisión, a institución o funcionario que obstruye el desempeño policiaco. La vieja ofuscación de ciudadanos indefensos a merced de guardianes del orden que deciden saltarse al bando de los malandros, o viceversa.
El más rudimentario manual de seguridad pública aconseja incrementar la acción de la fuerza pública si la delincuencia aumenta la operación infractora de la Ley. Hasta un comisario rural o el jefe de la Policía de una sindicatura, no se diga un comandante de la Sedena o Secretario de Estado, entienden esa correlación vital entre más crimen y mayor reacción de las fuerzas del orden, la cual dimensiona el contrasentido de inmovilizar en Culiacán a elementos de protección ciudadana y vigilancia vial mientras la paz resulta pausada debido a la imposición de códigos fundados en balas, miedo, muerte y anarquía.
Cabe la acotación pertinente de que el vacío de seguridad que deriva de la invalidación de la policía preventiva es cubierto en forma provisional y parcial por efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal. Y que el desespero por la flemática inspección de la LOC ocasionó que el Gobierno de Sinaloa solicite la rapidez que haga posible tener de nuevo en servicio a los municipales, pues la amenaza del crimen no da para implementar acciones a paso de tortuga.
En fin, aunque sí pudiera tratarse de una labor de rutina, legitimada en la necesaria renovación de la Licencia Oficial Colectiva, de igual manera tendrían que ser sensibles el Ejército y Gobierno Federal en que el momento es el menos adecuado para desarmar a la corporación en circunstancias de narcoguerra donde la gente que no la debe ni la teme se convierte en blanco fácil de los criminales. ¿Será a destiempo lanzar la solicitud, si no es mucho pedir, de que finiquiten ya esta obsesión por la revisionitis y le aporten así a acortar la angustia de los culiacanenses al saberse desprotegidos por la anulación de la Policía Municipal.
Cuando el crimen arremanga,
Con la actividad comercial,
La Policía Municipal,
Es puesta a precio de ganga.
Todos los caminos en Sinaloa, principalmente los de la paz, llevan a los estadios de béisbol como el enorme crisol donde se funden los miedos colectivos y desde allí se forjan los temples de acero que después de una victoria del equipo de casa son los bríos consensuados para ir a la defensa de lo fundamental. A nadie le asombre, ninguno satanice, cómo Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros de los Mochis o Algodoneros de Guasave logran el prodigio del grito unísono de esta sociedad que se declara en pie de guerra al sonoro crujir de los bates.
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