A Mazatlán, acción legislativa correctora. Toca turno a ‘El Químico’ frente a la ley
alexsicairos@hotmail.com
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Solo con la decisión tomada por el Congreso del Estado, consistente en presentar ayer a través de la Auditoría Superior la correspondiente denuncia contra el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por el daño a las finanzas públicas derivado de seis contratos asignados irregularmente a la empresa Azteca Lighting, se robustece la línea que ha trazado la 64 Legislatura de no transigir en probables hechos de corrupción en que incurran presidentes municipales o funcionarios de cualquier nivel de autoridad. Aporta a la vez a disipar la hipótesis de la persecución política a Jesús Estrada Ferreiro, ex gobernante de Culiacán hoy enjuiciado.
Es decir, con la certeza de que la Fiscalía General del Estado llevará la carpeta de investigación ante los tribunales competentes, y que existen amplias posibilidades de que Benítez Torres sea desaforado para que la justicia lo alcance, se sienta un precedente nunca visto en gobiernos estatales anteriores para que el que la haga la pague, trátese de quien se trate y sean cuantos sean. El razonamiento a aplicar no es cuántos juicios políticos o declaratorias se procedencia se necesitan; es mejor medir los desfalcos, cohechos y peculados que son evitados.
Es que en el análisis de fortalezas-amenazas efectuado en los despachos de los poderes Ejecutivo y Legislativo cobraba aliento la conjetura de que resultaba riesgoso para el régimen de la Cuarta Transformación en Sinaloa instaurar otro juicio de desafuero, agregado al que se le aplica a Estrada Ferreiro, no obstante que al cálculo de “ninguno más” se le atravesaba la incongruencia de dejar hacer y pasar a alcaldes que están en la misma tesitura de desempeño irregular de sus funciones.
¿Detener la acción legal contra gobernantes que utilizan de manera oscura y arbitraria aquello que es patrimonio de los sinaloenses, solo porque ello podría tener un costo político para quienes juraron respetar y hacer valer la ley? Tal regresión cómplice se entendería en los tiempos ominosos de gobiernos priistas donde todos se cubrían con la misma cobija de la corrupción, pero no en el mandato que trae las banderas de no mentir, no robar y no traicionar.
Precisamente esa triada moral de la 4T resultó infringida con asiduidad por el Alcalde Benítez que aparte de jugarse el todo por el todo con su proveedora favorita, a la cual le asignó alrededor de 545 millones de pesos al margen de los procedimientos legales, tiene pendientes acusaciones por otros delitos relacionados con derechos humanos, violencia política en razón de género, libertad de expresión y desempeño irregular de la función pública.
Tantas veces fue “El Químico” en contra de la ley que llegó el momento de que se rompiera el cántaro de la impunidad que paseaba y alardeaba en todos lados. A los señalamientos que lo instaban a corregir, a estar a la altura de la sociedad mazatleca que nunca se ha despegado de la dignidad y el valor cívicos que históricamente la caracteriza, los desechó bajo la ceguera del poder que en cada crítico ve a un enemigo pudiendo representarle la oportunidad de rectificar.
Por eso debe reconocérsele al Congreso del Estado la continuidad de la acción legislativa para, como lo sintetiza el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, “no vamos a permanecer indiferentes, vamos a proceder conforme a la ley, no vamos a prejuzgar a nadie sino vamos a ir en la línea del debido proceso en todo momento”. Resulte lo que sea, por sí sola la denuncia que ayer interpuso la Cámara mediante la ASE contra Benítez Torres envía un firme mensaje de combate a la corrupción.
Si algunos consideraron la acometida legal contra Estrada Ferreiro como venganza política, por la extraña conversión de quienes primero exigen justicia y cuando ésta llega se ponen del lado de a quien señalaban con índice de fuego como delincuente, en la situación de Benítez Torres sale sobrando la insidia de la vendetta porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la oportunidad de un mandato ajustado a los principios básicos de la 4T, el Gobernador le otorgó casi un año para corregir estilo, quebrantamientos y agresiones, y el Congreso le dejó pasar cuentas chuecas y desplantes autoritarios. Y “El Químico” siguió como si nada llegando al extremo de asignar en lo oscurito 545 millones de pesos a la empresa que desde 2020 ha sido su proveedora privilegiada.
Hay que establecer desde ahora que la decisión de poner a Benítez Torres a disposición de la Fiscalía Anticorrupción no proviene de un capricho político ni de una cacería de brujas sino de las secuelas legales que debe enfrentar, él o cualquier otro servidor público, por creer que el mandato popular que lo llevó en dos ocasiones a la Alcaldía le cedió también un municipio baldío de ley donde la única norma prevaleciente es la propia, de anarquía, oscuridad y alucinación.
Es la ley, ante la cual el Alcalde de Mazatlán presentó rebeldía insólita, no una vez sino en repetición infinita de la consigna sublevada de “al diablo con las instituciones”.
Por el expediente lumínico,
Irá directo al banquillo,
Para juzgar a aquel ‘Químico’
El del síndrome del ladrillo.
Realmente será hasta la próxima semana cuando se conozca el destino político del Alcalde de Mazatlán pues en la nueva visita que hará Andrés Manuel López Obrador al sur de Sinaloa habrá señales si le otorga el respaldo público de Palacio Nacional como patente de impunidad, o bien permite el Mandatario federal que las instancias ministeriales, judiciales y legislativas hagan lo conducente para que se haga valer la instrucción presidencial de “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Vamos si la única balsa de salvación que le queda continúa inflada o ya la deshinchó la reincidente propensión de burlarse de los mazatlecos y del marco jurídico. Inclusive faltarse al respeto a sí mismo.
