A mayor obra pública, más cuentas claras. Rocha ordena mejor y ágil transparencia
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Del mensaje de “investiguen, pero no van a encontrar corrupción en obra pública”, el Gobernador Rubén Rocha Moya transitó ayer a la correspondiente instrucción a sus colaboradores para reforzar los requisitos de contratación a constructoras en materia de responsabilidad y pericia, así como subir a tiempo la información de estas acciones a las plataformas digitales de transparencia. “No demos lugar a que se especule en el tema”, ordenó.
Sin decirlo así, instruyó a que no se vuelva a trabajar con la compañía Grobson que tiene a su cargo el tramo del puente El Quelite que se derrumbó el 5 de diciembre porque, expresó, “hay una responsabilidad de la empresa que mostró impericia y no podemos dejarla pasar”. Expuso que está en curso la elaboración del dictamen técnico sobre la falla que supuestamente ocurrió al ser instaladas las trabes. Y remacho: “debemos ser demasiado suficientes en saldar los requisitos para una obra grande”.
La trascendencia de la postura de Rocha Moya está en que los anteriores gobiernos estatales dejaron pasar y permitieron hacer en la opacidad, a tal grado que la desconfianza acumulada opera hoy en ver con ojos de sospecha cualquier obra, desde un pequeño bacheo de calles hasta la edificación de gran infraestructura. Ser transparentes, sobre todo tratándose del trabajo más vigilado tanto por los beneficiarios como por las instancias de rendición de cuentas y auditoría.
La llamada de atención es para los secretarios de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, y de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez. Del primero es obligación que los procesos de licitación y asignación corran conforme lo establecen las disposiciones legales, e inclusive subir la vara de la calidad para que la libren solo las empresas más aptas; de la oficina anticorrupción es cuestión de nitidez u oscuridad el hecho de que todo aquel que busque elementos de valoración, los encuentre a suficiencia.
A Rocha Moya se le nota la molestia que le causa el hecho de que lo interroguen de irregularidades o deficiencias en obra pública. Ha llegado a pedirles a los periodistas que realicen periodismo de investigación y que no quieran sacarlo todo de la conferencia de prensa semanera. Y el origen de los cuestionamientos está en que no se encuentran en las plataformas de transparencia los datos que sustenten el manejo adecuado de recursos públicos y procedimientos de asignación.
La semana pasada la organización civil Iniciativa Sinaloa, que opera con financiamiento que en más del 90 por ciento lo aportan organizaciones no gubernamentales de otros países o estados, publicó el Índice de Transparencia en Obras Públicas que en general considera que el Gobierno del Estado avanza en rendir cuentas, pero se mantiene aún en focos rojos por opacidad. La razón principal que sustenta dicho centro de investigación ciudadana fundado en 2010, es que en las 251 obras registradas en la administración estatal que preside Rubén Rocha, con corte al 5 de diciembre de este año, solamente el 10.72 por ciento cumple las obligaciones de transparencia que marca la Ley de Obras Públicas.
En cada respuesta ofrecida, el Secretario de Obras Públicas afirma que la información está en proceso de ser publicada. Esto significa que hay retraso y lentitud en un ejercicio que debe ser expedito y cristalino en demasía, evidenciando la urgencia de tomar decisiones en abono a la credibilidad de un área que es esencial para el gobierno de la Cuarta Transformación en Sinaloa puesto que en 2023 se le destinará casi 50 por ciento más presupuesto que en 2022.
El caso Grobson fue el error que derrumbó el puente y le puso encima nuevas lupas a la obra pública estatal. El Gobernador volvió a recordar que al inaugurar una obra en Los Mochis le llamó la atención que se la hubieran encargado a esta compañía de Sonora y al preguntar por qué nadie le respondió. Y todavía no terminaba el contrato en el municipio norteño cuando le asignaron la construcción del tramo del puente El Quelite.
“No quiero que me estén repitiendo las empresas tanto porque da lugar a sospechas, si no hace las cosas malas con esa reiteración pareciera que sí”, insistió en la Semanera de ayer y enfatizó en que se le ponga mayor atención a quién hará la obra, si no hay en Sinaloa quién la pueda realizar. “Hay que checar eso. Si cumplieron con las características de la convocatoria tienen derecho, pero hay que considerar muchas cosas más a la hora de las convocatorias”.
Y llamó a darle celeridad a la alimentación de datos en Compranet, el sitio de transparencia en materia de adquisiciones del gobierno. “Por favor, más agilidad en la página; hay que subir lo que tenemos que subir, sin necesidad de que nos hagan solicitudes de información, y cuando las haya, contesten a tiempo”.
Ya más claro, ni el agua.
Si no le meten más velocidad,
Al tema de la transparencia,
La gente, por la impaciencia,
Resolverá que es opacidad.
A la justicia debiera importarle más que la ley haga la labor de bálsamo en las familias que pierden a sus integrantes por la acción dolorosa de la violencia, que la buena conducta o los beneficios de preliberación obsequiados a quienes cometen los crímenes. Está calando hondo en los sinaloenses el recuerdo del suceso cuando en septiembre de 1997 a Bernardo Arturo Duarte Quintana le quitó la vida su mejor amigo, Luis Terrazas Hubbard. Sentenciado originalmente a 47 años de prisión por el asesinato, el homicida obtuvo el amparo otorgado por un Juez de Distrito que le ordena al sistema judicial estatal que lo ponga en libertad.
