@DeniseDresserG
Omnipresente. Polifacético. Multiusos. El Ejército mexicano por todas partes, realizando numerosas actividades, involucrado en áreas cruciales de la vida pública que trascienden la seguridad nacional. Deteniendo a migrantes y reemplazando a policías y armando operativos antidrogas y repartiendo vacunas y entregando libros de texto y construyendo Santa Lucía y haciendo negocios y recibiendo tajadas crecientes del presupuesto. El gobierno de López Obrador le ha otorgado a las fuerzas militares un papel cada vez más expansivo, cada vez más participativo, cada vez más poderoso y al margen del escrutinio civil. La 4T construye un poder fáctico, una criatura del Estado a la cual le resultará difícil controlar, supervisar y demandar que rinda cuentas. Usando el argumento del combate a la corrupción y el imperativo de la pacificación, AMLO permite el surgimiento riesgoso de una “democracia militarizada”.
Así les llama el especialista Javier Corrales a los gobiernos democráticamente electos que, sintiéndose amenazados, caen en la tentación de expandir los poderes militares, a expensas de los liderazgos civiles. Así se entiende la creación de la Guardia Nacional, cuyo mando, operación y despliegue contravienen los límites especificados en la Constitución. Así debe comprenderse la propuesta legislativa de Morena que busca otorgarle el control de los puertos a la Secretaría de Marina, incluyendo “transferir facultades en materia portuaria, participar en la autorización de reglas de operación del puerto, y el programa maestro de desarrollo portuario”. Un proyecto que busca cambiar el modelo institucional pero de manera inconstitucional. El artículo 129 especifica que “en tiempos de paz ninguna autoridad civil puede ser desarrollada por autoridades militares”.
Concederle el control de puertos y aeropuertos a la Marina es algo que solo los regímenes “dictatoriales” hacen, como lo ha explicado el director de Puertos y Marina Mercante de la SCT. De 177 países que integran la Organización Marina Internacional, solo 11 -con gobiernos autoritarios- tienen puertos militarizados. El lopezobradorismo sugiere que los puertos son corruptos, porosos, sitios de paso para mercancías ilícitas y tiene razón. Pero hay otras opciones sugeridas por la Cofece a la Ley de Puertos, que deberían explorarse antes de proponer soluciones militares a problemas civiles.
Una 4T militarizada es preocupante, a pesar de lo popular que parezca. AMLO acabará apuntalado y en deuda con los generales por ayudarle. Los altos mandos se acostumbrarán a intervenir en la vida política, como lo hace el general Cresencio Sandoval que, después del Presidente, es quien más aparece y participa en las conferencias mañaneras. La política pública se centrará -con demasiada frecuencia- en cómo maximizar la seguridad por la vía militar y no por la ruta civil. Y como hemos visto en demasiados países de América Latina, la seguridad rápidamente será reconceptualizada en términos represivos. Aunque se nos asegure que la guerra calderonista-peñanietista terminó, en realidad prosigue. Aunque AMLO reitera que la soberanía sigue intacta, las injerencias militares estadounidenses aumentan.
No es casualidad que después de la visita del procurador Barr a México, relanzan el Grupo de Alto Nivel bilateral en temas de seguridad. No es coincidencia que horas después, Evo Morales haya salido intempestivamente de México. Hubo un quid pro quo, en el que Trump frenó la clasificación de los cárteles mexicanos como “grupos terroristas”. Pero a cambio obtuvo más colaboración mexicana -y más intervención estadounidense- en la lucha contra las drogas y el freno a la inmigración. Los militares mexicanos juegan un papel central en este enroque, y Trump los celebra, los aplaude, presume su empoderamiento.
Mientras tanto, la 4T insiste en ser un “cambio de régimen”, pero la sacudida que vitorea es una donde los militares ganan y los civiles pierden; donde las Fuerzas Armadas se encaminan a convertirse en una quinta columna, con la capacidad de tutelar decisiones fuera del ámbito de la seguridad, apropiarse de partes importantes de la actividad del Estado, tumbar presidentes y convertirse en oposición desleal, como ha ocurrido en otras latitudes. Y la defensa de la vida democrática es un tema demasiado importante como para dejarla en manos de generales.
