El espacio cívico “es el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política y social de nuestras sociedades [...] permite que las personas contribuyan a la elaboración de políticas que les afectan, al facilitarles: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar desacuerdo y unirse para expresar opiniones”. (1) La fortaleza del espacio cívico está vinculada con el ejercicio de los derechos y con la expresión fundamental de la organización ciudadana: la sociedad civil.
En el escenario de violencia que ha vivido México desde hace varios lustros, las condiciones para la exigencia, promoción y garantía de los derechos humanos se han ido reduciendo debido a amenazas que se pueden agrupar en dos vertientes.
Por una parte, la debilidad del Estado tiene que ver con la prevalencia de las condiciones violentas, sobre las cuales hay análisis suficientes. Esta vertiente se refiere a aquellas amenazas que, siendo ajenas al Estado y a sus instituciones, tienen incidencia negativa sobre el ejercicio de los derechos. Las actividades violentas de los muy diversos actores criminales han provocado mantener y acaso aumentar un contexto de incapacidad de las instituciones del Estado para garantizar derechos. Además, ese contexto convulso ha redundado en la proliferación de actores que ejercen o se sirven de la violencia para fines individuales o de grupo no relacionados con tráfico de sustancias ilícitas. Es decir, la violencia vinculada con las drogas ha sido una suerte de ‘río revuelto’ al que se suman violencias múltiples que se esconden detrás del “mito del enemigo público”. (2) En ese sentido, conviene recuperar los datos sobre asesinatos de periodistas (67 en 2022, un aumento de casi 50 por ciento respecto de 2021), (3) de personas defensoras del ambiente (24 en 2022 y 582 agresiones en el mismo año) (4) o de personas defensoras de derechos humanos (45 en 2022). (5)
La segunda vertiente tiene que ver con los agentes del Estado. Las acciones que inhiben la participación ciudadana, y cuyo origen se puede ubicar en las agencias del Estado, van desde el discurso contrario al trabajo de las organizaciones de sociedad civil, pasando por regulación excesiva y hostilidad burocrática y llegan hasta amenazas a la integridad física y la violencia (fatal o no).
Estos fenómenos no son nuevos en el mundo, pues la respuesta de Estados con democracias poco consolidadas suele dirigirse a “limitar la operación de la sociedad civil, estableciendo cuáles de sus actividades son adecuadas y cuáles no. Esto sucede mediante diferentes vías: con discursos y campañas, con regulaciones legales limitando las materias en las que pueden trabajar las organizaciones de sociedad civil, pero también cancelando los fondos públicos dirigidos a la sociedad civil, cuyo trabajo es incómodo para el gobierno, focalizando la vigilancia excesiva en las actividades de las organizaciones que son identificadas como ‘desleales’ o apoyando las actividades de organizaciones que no son críticas del gobierno”, en oposición a relegar a aquellas que sí lo son. (6)
Conviene detenerse en algunos datos del Comité Cerezo México: entre junio de 2021 y mayo de 2022, se registraron 354 sucesos en contra de los derechos de activistas, organizaciones de sociedad civil y comunidades defensoras. De acuerdo con esos datos, en 2021 se produjeron 91 actos violatorios por parte de las agencias del Estado mexicano y, hasta junio de 2022, se habían registrado 68.
Otros ejemplos sobre condiciones dependientes del Estado que han ido limitando el espacio cívico en México: (7) la Circular Uno, del 14 de febrero de 2019; la cancelación del Programa de Coinversión Social; las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (2020); la Miscelánea Fiscal (2021), que estableció sobrerregulación y carga administrativa excesiva para las organizaciones de sociedad civil; la desaparición del Instituto de Desarrollo Social, que fue el principal encargado de la instrumentación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de Sociedad Civil; entre otras. (8)
La reducción del espacio cívico en un país es preocupante porque implica que se limitan -o cierran de plano- los espacios para la vigilancia de los ciudadanos sobre los gobiernos. Este escenario de opacidad, en el cual las instituciones del Estado actúan de espaldas a las personas, es contrario a la propia estabilidad de los gobiernos. Como señala Leonardo Morlino: “la ciudadanía y la sociedad civil ocupan un papel fundamental en la cualificación de toda democracia, pues ésta se puede medir, en parte, por el grado de respaldo y satisfacción de los ciudadanos que viven en ella, lo cual otorga una alta estabilidad a las instituciones”. (9)
La reducción del espacio cívico es una muy mala noticia, pues tiene la capacidad de detener y retrotraer el proceso de consolidación democrática en el que todavía está el país. Y lo que, es más, en un escenario con un espacio cívico mínimo es imposible la construcción de paz y el aumento de la legitimidad de las instituciones del Estado.
* El autor Jaime Hernández Colorado (@jhcolorado) es director de Nosotrxs.
1 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Proteger y ampliar el espacio cívico”, consultado: 18 de septiembre de 2023.
2 Jorge L. Zendejas, “El mito del enemigo público”, Nexos, julio 2023.
3 Jennifer Dunham, “El drástico aumento en la cifra de periodistas muertos convierte al 2022 en un año mortal para la prensa”, Committee to Protect Journalists, 24 de enero de 2023.
4 Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en: Lizeth Morales, “México tuvo un tercer año letal para defensores del medio ambiente con 24 activistas asesinados: CEMDA”, Infobae, 20 de abril de 2023.
5 Datos de Front Line Defenders, en: Arturo Rojas, “México, en tercer lugar, con más asesinatos de defensores de DH”, El Economista, 5 de abril de 2023.
6 Nataliya Novakova, Civil Society in Central Europe, Berlin, The German Marshall Fund of the United States, 2020, pp. 1-6.
7 Alternativas y Capacidades, A.C., “Reducción del espacio cívico restringe avance de Derechos Humanos”, consultado: 18 de septiembre de 2023.
8 Alternativas y Capacidades, A.C., “Marco legal y fiscal para las OSC: regresiones y sobrerregulación”, consultado: 18 de septiembre de 2023.
9 Leonardo Morlino, “Calidad democrática entre líderes y partidos”, Ciudad de México, Instituto Nacional Electoral, 2020 (conferencia magistral).
