Apenas imaginable lo que debería implicar la política de seguridad de la Presidencia de Claudia Sheinbaum. Acaso no hay perspectiva alguna que alcance para abrazar toda su complejidad, si se parte de un auténtico enfoque integral, a su vez proyectado en un plano de actores múltiples oficiales e independientes partícipes.
Cada sexenio federal, desde el Presidente Zedillo, he convocado a estudiantes a indagar sobre la calidad del diagnóstico con el que arranca una Presidencia tras otra. Y si bien la exigencia de la seguridad es masiva y está todo el tiempo en la conversación pública, es casi imposible encontrar discusiones sobre el componente esencial que le da un valor insustituible a cualquier diagnóstico: la definición del problema.
Encontrar gobiernos que abrazan la complejidad en su aproximación a la seguridad es muy difícil. Puede ser un problema de voluntad, de incompetencia profesional o pueden los gobiernos enfrentar límites insuperables impuestos por poderes de facto comparativamente superiores. Para el caso federal, estoy convencido que las últimas cinco administraciones han padecido deficiencias profundas en la voluntad y en los saberes involucrados, cayendo una y otra vez, en mayor o menor medida, en lo que el experto de Argentina, Marcelo Saín, conceptualizó como el desgobierno político de la seguridad (El Leviatán Azul, 2008).
A muy grandes rasgos, Saín explica que el desgobierno político de la seguridad implica la cesión de esta a las instituciones armadas (policía o Fuerzas Armadas), renunciando los gobiernos electos civiles a asumir directamente el liderazgo en el diseño, la conducción y la rendición de cuentas.
A inicios del 2017, ante lo que sería la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, publiqué una columna donde expliqué ese desgobierno. En aquellas fechas alertábamos sobre la agudización de la ruta de la militarización de la seguridad pública y, si bien la Corte tiró esa norma, de 2018 a la fecha el País ha caído en la ocupación militar masiva de la función policial.
En el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX hemos confirmado que, si bien la Constitución define a la Guardia Nacional como una institución civil, en realidad el 82 por ciento de sus efectivos son militares (Sedena y Semar) y sólo el 1 por ciento ha sido reclutado por la propia institución. Hablamos de más de 85 mil militares en una institución de 104 mil efectivos; 17 mil son expolicías federales y aquel 1 por ciento representa sólo mil reclutas (con base en el censo federal 2022).
Terminar con el desgobierno político de la seguridad es colocar a la Policía y a las Fuerzas Armadas en una de las sillas de la mesa de la política integral, donde la silla principal -el timón- es ocupada por la autoridad civil electa, misma que debe empujar, ahora sí, lo que jamás se ha hecho: una inversión de mayor calado hacia la especialización de cuadros en seguridad ciudadana, precisamente para hacer posible lo que recomendaciones especializadas llaman la “tematización de las violencias”.
Definir el problema (los problemas) tematizando es lo mismo que distinguir, diferenciar, diversificar desde miradas sensibles que, a través de metodologías sometidas a la comprobación con base en las evidencias e inspiradas en las buenas prácticas, ofrecen una caja de herramientas innovadora y creativa que trasciende la ya añeja destrucción del populismo punitivo.
Puede ser contraintuitivo para muchas personas porque el Estado mexicano ha hecho mucho para enraizar entre la sociedad una narrativa hegemónica de seguridad centrada en el uso de la fuerza pública, pero la operación de política pública fundamental, si se quiere activar el gobierno político de la seguridad ciudadana, es despolicializar y desmilitarizar el timón para en efecto asegurar complejas, bien informadas y duraderas intervenciones colectivas coordinadas entre múltiples entidades públicas y actores sociales.
Precisando: el gobierno político de la seguridad equivale a descentralizar el uso de la fuerza y centralizar el liderazgo civil justamente político en la gestión cotidiana. Un cambio monumental que lleva décadas esperando en el ámbito federal y en la inmensa mayoría de los gobiernos del País.
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@ErnestoLPV
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