Cuando aparezca este texto publicado estaremos en el último jalón de lo que resta del año. Un buen momento para hacer una reflexión de lo que nos deja en términos políticos un año plagado de muchos escándalos y ruido mediático que nos han mantenido distraídos de lo sustantivo. Aquello que se va configurando en medio del ruido, cuando el ruido, en política, es complicidad con lo que no vemos o, peor, no queremos ver, porque nos consumen las conveniencias o el fatigoso día a día.
Aunque si somos exigentes con el tiempo, podríamos decir que todo empezó en 2022, pero lo terminamos viendo con más claridad en este año y se acelerará conforme se acerquen las elecciones concurrentes de 2024, porque veremos lo poderosas que son.
Me refiero a que detrás del ruido intermitente, unas veces producto de la confrontación con los “alcaldes fundadores” relevados de sus cargos en medio de señalamientos de corrupción, impericia, grosería; otras, muchas, contra los compañeros de viaje pasistas en el proceso electoral de 2021 a quienes se les despidió sin darles las gracias por la campaña y el desempeño en la administración pública estatal; unas más, silenciosas, pero no ausentes en la prensa, el proceso de cooptación de las alcaldesas de Mocorito, Cosalá, Rosario y Escuinapa y lo mismo a los diputados de esos municipios para fortalecer al partido en el gobierno.
Y sin duda, el affaire que más tinta y saliva ha provocado que es la persecución política del grupo universitario al que se le vincula con el Partido Sinaloense, y todo indica que se irá con el mismo fragor hasta el siguiente año; no menos relevante en términos mediáticos ha sido el segundo “culiacanazo” que sacudió al estado y se volvió noticia mundial por la detención de Ovidio Guzmán, y recientemente, la de su guardaespaldas Néstor Isidro Pérez, “El Nini”, encargado de los comandos que bloquearon la ciudad el 5 de enero de este año.
Asimismo, el conflicto con los pueblos indígenas ribereños de la bahía de Topolobampo, que han resistido con todo, los intentos gubernamentales, por convertir ese hábitat marino en la sede de una planta contaminante de fertilizantes agrícolas; igual, el ruido que ha provocado la lucha de los productores agrícolas que exigen la compra y un precio justo por los granos que se producen en el campo sinaloense y alimentan a los mexicanos.
Y, por si fuera poco, está el choque contra los medios de comunicación y el periodismo al que se le fustiga desde el púlpito de la conferencia “Semanera” y se les recuerda constantemente que es el gobierno el mayor comprador de publicidad por lo que si nos están de acuerdo con el proyecto 4T deben pasar con el secretario de gobierno a “ver lo de su convenio”; vamos, ni siquiera su partido ha estado exento de llamados discretos para alinearse en las decisiones del Gobernador, y no precisamente en materia de políticas públicas, sino en el tema de las candidaturas, por lo pronto las federales y las de las alcaldías estratégicas del estado.
Si bien el ejercicio de gobierno es tensión permanente por la administración de recursos escasos y la gran demanda social de empleo, servicios públicos, apoyos por catástrofes naturales, seguridad, lo cierto es que detrás de este aparente caos en la relación del gobernante con los gobernados, hay una lógica que corre paralela y que se manifiesta una paulatina captura de las instituciones públicas.
La primera fue aquella democrática que vino acompañada de los votos que si bien redituaron a Morena diecisiete diputados más los de sus aliados electorales y coyunturales (PAS, Verde, PT) alcanzaron la mayoría calificada de 27 de los 40 legisladores y, continuó con la incorporación al gabinete de Enrique Inzunza, entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y de Sara Bruna Quiñonez, como Fiscal General del Estado que permite que todo fluya en el Poder Judicial.
Suma, además, las alcaldías de Culiacán y Mazatlán, que las ganó Morena con sus aliados, pero sus ediles reelectos no estaban alineados al Gobernador y pasaron para no pocos sinaloenses por medios poco escrupulosos a manos de dos ahijados políticos. Y seguiría así con el paulatino desplazamiento del poder estatal y municipal de los miembros del Partido Sinaloense.
Con estas capturas y desplazamientos, lo que tenemos es que paulatinamente se va dando una gran concentración de poder en el Gobernador que no tiene contrapesos porque, incluso, atrajo a los diputados del PRI, PAN y MC, de manera que el PRI de tener ocho diputados solo tiene uno; el PAN de tener dos no tiene ninguno y MC de tener uno lo ha perdido.
Hoy el Congreso del Estado tiene tres fracciones: Morena, PAS y el llamado Grupo Plural, donde están ex priistas, expanistas y la ex emecista. El PRI y el PT al tener solo un diputado cada uno no pintan como fracción.
Entonces, la única institución que sirve hoy como contrapeso al proceso de autocratización, y no porque se lo haya propuesto, sino, por el intento de captura a través de la armonización de la Ley General de Educación Superior, es la Universidad Autónoma de Sinaloa, que resiste a ser capturada y por ello moviliza constantemente a sus miembros que hay que verlo en clave de resistencia para sus fines e indirectamente de la sociedad.
Si porque en los hechos su rendición o sometimiento, representaría el colofón de convertir nuestra democracia en una autocracia electoral, es decir, el poder de un solo hombre, un sentir, una visión que representaría la culminación de un retroceso político de más de 40 años. Y eso es el resultado de un proyecto político del obradorismo que en Sinaloa ha sido rápido y exitoso pues en menos de dos años ha logrado quedarse sin contrapesos.
Y es que con mayor o menor visibilidad, los actores sociales y políticos han estado acríticamente detrás de la agenda del Gobernador y en algunos casos, demócratas de toda la vida, que, con su falta de lectura política, silencio o indiferencia han sacrificado su identidad para evitar que el estado se quede sin contrapesos.
Así, intelectuales, periodistas, políticos y la robusta opinocracia vemos cómo se pierden en la minucia de los días y las horas, para dejar de ver lo que importa, cuando tiene que ver con la vigencia democrática y las libertades públicas. Las que le reclaman al Presidente López Obrador, pero no a Rocha Moya. Y es lo que estará en juego en las elecciones concurrentes de 2024. Al tiempo.
