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"Movimiento social en la zona rural de Mazatlán"

"Atilano Román: El líder que incomodó al sistema"

"Enfrentado con los gobiernos de Aguilar Padilla y López Valdez, el dirigente de los comuneros fue encarcelado y reprimido por las fuerzas de seguridad del régimen estatal"
15/11/2015 10:15

    MAZATLÁN._ Octavio Atilano Román Tirado se convirtió en líder del movimiento de comuneros de la Presa Picachos en 2007, cuando el Gobierno estatal encabezado por Jesús Aguilar Padilla, incumplió con los acuerdos a los que había llegado con los pobladores de las comunidades afectadas por la construcción del embalse para el pago de indemnizaciones. 

    Protestas, marchas y divisiones internas, además de acusaciones de que se había "aliado" con "interés oscuros", fueron marcando el movimiento social que encabezó hasta ayer. 

    Lideró a más de mil habitantes de poblados como Copales, El Placer, San Marcos y Puerta de San Marcos, que buscaban indemnizaciones justas por sus tierras, corrales, árboles, pozos de agua, letrinas, devolución de cobros por avalúos, servicios y carreteras pavimentadas en los lugares de reubicación, construcción en réplica de viviendas afectadas, pago al daño de la tierra agrícola y ganadera, del valor de calles empedradas, iglesias, escuelas, hospitales. 

    También demandaban apoyos de becas a estudiantes, empadronamiento de adultos mayores de 60 años, así como garantizar el aprovechamiento de los recursos de la presa para los afectados. 

    En marzo de 2009 el movimiento sufrió el primer gran golpe al ser asesinados en la Maxipista Mazatlán-Culiacán seis comuneros, en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre integrantes de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva. 

    Debido a que el Gobierno estatal trató de criminalizarlos, Román Tirado se enfrascó en una guerra de declaraciones con autoridades estatales. 

    Meses después encabezaron una protesta en el Congreso del Estado, hasta donde llevaron los féretros de sus antepasados sepultados en los pueblos que fueron "comidos" por la Presa Picachos. 

    En septiembre de 2009 el activista social y actual representante de ejidatarios y comuneros afectados por la Supervía Mazatlán-Durango, Ernesto Pérez Virgen, lo acusó de malversar 10.5 millones de pesos en apoyos para los afectados, lo que Román Tirado rechazó. 

    En marzo de 2010, al cumplirse un año del asesinato de seis comuneros en la carretera de cuota, colocaron en el recinto lgislativo un ataúd alusivo a dichas muertes. El Gobierno ordenó el retiro de la caja mortuoria y el desalojo de los manifestantes, lo provocó una nueva tensión entre el movimiento social y las autoridades. 

    Ya en el Gobierno de Mario López Valdez, en 2011, otras acusaciones sobre malos manejos de recursos provocaron la división del grupo. 

    Incluso, se dio a conocer que Atilano Román se había realizado varias cirugías plásticas en el rostro, con recursos del movimiento. 

    Otro hecho que marcó el movimiento ocurrió a principios de abril de 2012, cuando por orden el Gobernador Mario López Valdez, la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez detuvo a más de 30 comuneros, incluidos Román Tirado, cuando marchaban de Mazatlán a Culiacán, donde pretendían plantarse para presionar al Estado el pago de indemnizaciones justas. 

    Malova justificó el arresto masivo en el delito de ataque a las vías generales de comunicación. Unos 20 días después todos los detenidos obtuvieron su libertad. 

    Días después, Román Tirado protagonizó otro escándalo, luego que se mostraran fotografías del cambio de su rostro tras realizarse una cirugía estética facial. 

    En febrero de 2013 de nueva cuenta la Policía Ministerial, esta vez sin orden de aprehensión, irrumpió en un domicilio donde se reunían los comuneros, encabezados por él y Alma Barraza, y los detuvieron. El motivo, intentar protestar en el primer desfile de Carnaval. 

    Con sus acciones se volvió incómodo para el poder político. 

    Recientemente encabezó protestas en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en donde exigió la otorgación de permisos para la pesca comercial de tilapia.