Gobernadores ‘4T’ exigen a SCJN revocar suspensión al ‘Plan B’

Un total de 22 gobernadores afines a la 4ta Transformación exigieron este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revocar la suspensión otorgada por el ministro Javier Laynez Potisek, quien admitió a trámite, la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral, contra el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación.

“La arbitraria decisión del Ministro Laynez Potisek de suspender el ‘Plan B’ de la reforma electoral debe ser revertida por el pleno de la @SCJN. La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas”, señaló Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, en su cuenta de la red social Twitter.

Los gobernadores de la “4T” que firmaron el desplegado fueron: Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California); Víctor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur); Layda Elena Sansores San Román (Campeche); Rutilio Cruz Escandón Cadenas (Chiapas); Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México); e, Indira Vizcaíno Silva (Colima).

Además de Evelyn Cecia Salgado Pineda (Guerrero); Julio Ramón Menchaca Salazar (Hidalgo); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit); Salomón Jara Cruz (Oaxaca); Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Puebla); y, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Quintana Roo).

Así como Rubén Rocha Moya (Sinaloa); Alfonso Durazo Montaño (Sonora); Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco); y, Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala); Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); David Monreal Ávila (Zacatecas); Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos); José Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí), y, Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas).

“La noche del pasado viernes 24 de marzo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió a trámite una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y le otorgó la suspensión contra el ‘Plan B’ de la reforma electoral, el cual tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE”, recordaron los mandatarios estatales.

“La determinación del Ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales. Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo”, señalaron los 22 gobernadores.

“Las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE. Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen. Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables”, afirmaron los mandatarios estatales.

“La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento”, pidieron los 22 gobernadores.

“La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía. Quienes firmamos este texto manifestamos nuestra más resuelta decisión de seguir pugnando, en el marco de la legalidad y por medios pacíficos y democráticos, por la renovación y la moralización de las instituciones nacionales”, finalizaron los mandatarios de la “4T”.