Juez federal impide a la ASE auditar recursos propios de la UAS

El Juez Primero de Distrito emitió una sentencia con la que impide a la Auditoría Superior del Estado realizar la fiscalización de los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El 12 de julio de 2023, Jesús Madueña Molina tramitó el juicio de amparo 838/2023 cuando aún fungía como Rector de la UAS, y en él solicitó la protección de la justicia federal contra un proceso de auditoría de la ASE.

“La expedición del informe individual de la revisión y fiscalización superior de los recursos públicos”, señaló como actos reclamados.

Y el 20 de marzo, el Juez federal sentenció que el ingreso propio, es decir, el que genera la Universidad a través de los diferentes servicios que presta o convenios que celebra, no es susceptible a la revisión de la ASE.

“Deje insubsistente la auditoría 012/2023 y sus consecuencias, únicamente por lo que respecta a los recursos propios de la quejosa Universidad Autónoma de Sinaloa”, establece la decisión judicial.

La ASE, al no lograr realizar ese proceso de auditoría en 2023, denunció a Jesús Madueña y Robespiere Lizárraga Otero, antes abogado y secretario general de la UAS, ahora encargado del Despacho de la Rectoría, por abuso de autoridad.

A Madueña le vincularon a proceso el 21 de agosto, mientras que a Robespierre hasta el 21 de septiembre del año pasado.

Sin embargo, aunque en la denuncia señalaron que impidieron la fiscalización del recurso propio de la UAS, al momento de acusarlos ante un Juez de Control expusieron como argumento que la UAS recibe un subsidio del Gobierno de Sinaloa.

Para ambos imputados, dieron datos de prueba que consistieron en facturas emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno local para demostrar que la universidad ingresó hasta 2 mil 500 millones de pesos por esa vía, pero sin abordar datos para defender la facultad de la ASE para revisar el recurso propio de la UAS.

Ese proceso penal, con expediente 836/2023, aún no llega a la etapa intermedia, y entre medias, el Ministerio Público ha intentado revisar las medidas cautelares contra los dos universitarios, sin haberlo conseguido hasta la fecha.

La sentencia del juez federal es de primera instancia y no es definitiva, por lo que la autoridades estatales pueden solicitar revisión.