"Congreso de Sinaloa no está obligado a instaurar el matrimonio igualitario, dice abogada"

CULIACÁN._ El exhorto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar sobre el matrimonio igualitario es como un “llamado a misa”, y no es vinculatorio ni está obligado el Congreso de Sinaloa en modificar su Código Civil en esta materia, afirmó la abogada Ingrid Tapia Gutiérrez, durante el foro “Constitucionalidad y Justicia del Matrimonio Civil, por un Estado laico”.

En este evento, llevado a cabo el viernes en el Palacio Legislativo y promovido por el Consejo Interreligioso de Sinaloa, el cual aglutina diversas iglesias de la entidad, la expositora aseveró que es la división de poderes marcada en la Constitución la que impide a la Corte ordenar a los diputados locales sobre cómo hacer sus leyes.

“Es como el llamado a misa, si quieres va y si quieres no vas... ¿Es obligatorio para los Congresos estatales incluir el matrimonio igualitario en sus legislaciones a partir de la exhortación que hace la Suprema Corte?, la respuesta técnica es: no”, aseguró.

Tapia Gutiérrez es abogada y socia fundadora de la firma que lleva su nombre, dedicada a la prestación de servicios legales de alta especialidad en materia constitucional, electoral y civil. Brinda capacitación regular a los cuadros de dirigencia del PAN, PRI, Nueva Alianza y PRD, así como capacitación en técnica legislativa a fracciones parlamentarias en diversos Congresos estatales y las Cámaras de Diputados y Senadores, asesorando a diferentes comisiones.

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Señaló que si se fuera una ley general constitucional, ahí sí obligaría a todos los estados de la República a hacer las modificaciones propias, lo cual no ha ocurrido.

“Justo por esa razón no puede venir ni el Presidente de la República, ni el Secretario de Gobernación, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni nadie, a decirle al Congreso del Estado cómo debe hacer sus leyes, porque si lo hace no sólo está trastocando el sistema constitucional mexicano, sino está faltando el respeto a los ciudadanos de ese estado”, destacó.

Tapia Gutiérrez agregó que “ningún intérprete de la ley puede estar por encima de la ley”, y los sinaloenses tienen el mismo derecho a hacer con sus leyes “lo que les venga en gana”.

Expuso que la legislación del matrimonio es para normar la relación de familia, más no de la pareja, y esto se entiende ya que en el 80 por ciento de la reglamentaciones civiles se mencionan a los hijos.

“El matrimonio históricamente es una institución jurídica, como decir en la química, un compuesto, el más complejo de los compuestos, es la institución jurídica destinada a normar la constitución, funcionamiento y extinción de la familia, el matrimonio no es contrato normando las relaciones de pareja, sino de familia”, mencionó.

En el acto inaugural del foro Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, resaltó que en el Congreso se escuchan todas las voces.

Destacó que habría en una semana tres eventos relativos al Estado laico, y señaló que el matrimonio y el concubinato deben verse a la luz de la laicidad, “porque la sombra de un Estado laico, nos protege a todas y a todos, que somos iguales ante la Constitución, pero reconociendo que tenemos nuestras diferencias”.

Reiteró que es una firme directriz de la actual legislatura acatar las instancias judiciales, y la constitucionalidad y la justicia es hablar de igual para todos, sin discriminaciones y sin abusos de poder.

Horacio Lora Oliva, presidente de la Comisión de Puntos Consuitucionales y Gobernación, explicó que hay actualmente cuatro iniciativas que proponen reformar los artículos 40 y 165 párrafo primero del Código Familiar de Sinaloa.

El primero define al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y el segundo expresa que el concubinato es esta misma unión con las consecuencias legales debidas.

Señaló que las iniciativas buscan modificar los conceptos de matrimonio y concubinato para hablar de “la unión de dos personas”.

Aseveró que el tema tiene tiempo de discutirse tanto a nivel internacional y nacional, y en Sinaloa en las últimas tres legislaturas ha estado presente el asunto, sin el dictamen correspondiente para que pasara al pleno.