En estos momentos el Congreso de la Unión tiene en marcha la discusión para la reforma al Poder Judicial de la Federación, sobre lo que se ha comentado bastante y que tiene como eje que jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía.
Es una idea planteada por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la cual tendrá que ser ejecutada por las y los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En la primera, ya pasó la prueba.
Pero más allá del impacto que tendrá esta reforma, que será profunda y habrá de evaluarse más adelante, hay que poner atención al papel que juegan las y los legisladores.
Ellas y ellos son quienes representan a la ciudadanía en los diferentes distritos electorales que se tienen en el País y representan a un segmento de la población.
Sin embargo, se ha hecho habitual que su representación obedezca más a los intereses de los partidos que les postulan.
Y tal vez esa sea una de las principales distorsiones de la democracia mexicana, porque la representación, en este caso en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, la representación ciudadana queda anulada.
La propuesta del Presidente de México hace creer que reformar el Poder Judicial de la Federación ocasionará que el tema de la justicia en el País tenga un giro para bien de la población, omitiendo otros entes que también intervienen en la procuración de justicia.
Sin embargo, la población representada poco está enterada de los cambios que se están haciendo y no han sido consultados sobre si ese tema, de interés para el Presidente de México, es el que más le preocupa a la ciudadanía.
Es cierto que los votos dan legitimidad a la representación política pero no es suficiente para asegurar que haya una representación legítima cuando la población no tiene aún un mecanismo efectivo para exigir una rendición de cuentas a sus representantes.
El Poder Legislativo es uno que importa en la vida política del País y habría que exigir que le brinde más lealtad a la ciudadanía y menos a los partidos políticos que representan. Eso sí sería más democrático que una reforma judicial.
