Desplazados por el yugo narco-minero en Sinaloa
La historia de cómo el crimen organizado se vincula con la expansión minera en la sierra del Triángulo Dorado, donde la industria extractiva ha prosperado sobre los territorios de los desterrados por la violencia
Al día siguiente del robo del siglo a la minería en Sinaloa, ocurrido el 8 de abril de 2015, el empresario canadiense Rob McEwen salió a dar una declaración tronante: “Los cárteles están activos en esa región, y en general, tenemos buenas relaciones con ellos”.
El fundador y ejecutivo en jefe de McEwen Mining se expresó así del asalto, presuntamente a manos de personas armadas, en el que su empresa perdió 8.4 millones de dólares en oro de la mina El Gallo, ubicada en el municipio de Mocorito.
“Si queremos ir a explorar una zona, les preguntamos y nos dicen que no. Pero luego nos dicen que regresemos en un par de semanas, cuando hayan terminado sus asuntos”, remató McEwen en un canal de noticias financieras de Canadá.
En menos de dos días, y después de un revuelo internacional, aclaró que sus declaraciones habían sido un “malentendido”.
Nunca se supo nada del famoso asalto. Las investigaciones continúan abiertas y bajo reserva. Para muchos se trató de un autorrobo. Pero sembró la duda: ¿operan las empresas mineras bajo el amparo de los narcotraficantes, que ejercen control en la Sierra Madre Occidental, en este estado del Noroeste de México?
Lo que sí es un hecho es que, a pesar de que la sierra se convirtió en territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, al mismo tiempo que se intensificaron los enfrentamientos, los asesinatos y los desplazados de sus tierras, la minería no sólo no dejó de producir, sino que hizo crecer sus volúmenes y ganancias.
Así, de 2006 a 2016, Sinaloa vio subir más del doble el valor de su producción minera (112%), al pasar de mil 721 millones 506 mil pesos a 3 mil 646 millones 995 pesos, destacando como productor de oro, plata, plomo, cobre y zinc en el panorama nacional, incluso en los municipios donde la violencia se ha mantenido constante: Choix, El Fuerte, Cosalá, Badiraguato, San Ignacio, Sinaloa, Concordia y Rosario.
Aumentó la ambición por explorar y explotar los minerales, motivada por el aumento en los precios de los metales. Y esto se reflejó en el número de títulos de concesión minera y su cobertura en la superficie concesionada. Para febrero de 2019, existían en Sinaloa mil 487 concesiones vigentes y 112 proyectos, de los cuales si acaso unos 20 se encuentran activos y el resto en exploración, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía del estado.
Sin embargo, son escasos los beneficios fiscales que dejan a los municipios, ya que sólo han tributado a nivel local desde la reforma hacendaria de 2014.
Para poner esto en perspectiva, por mencionar el periodo en que las cifras están disponibles, resulta útil el dato siguiente: de 2014 a 2016 las mineras pagaron 118 millones 118 mil 568.03 pesos al Fondo Minero para el Desarrollo Regional Sustentable en Sinaloa, tan solo el 1.22 por ciento del valor de la producción de minerales calculada para esos años.
Y esto sin considerar que no todas las compañías mineras ubican sus domicilios fiscales en los lugares de operación, lo que repercute en un subregistro que hace que los recursos no lleguen a las localidades afectadas por los impactos sociales y ambientales de la industria extractiva.
Así lo explica el economista Carlos Bruno Fiscal, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien señala además que la minería aporta únicamente el 1 por ciento del PIB estatal. Mientras la propia Secretaría de Economía, arroja datos de que la minería genera alrededor de mil empleos en el estado.
Fuera de aquel robo millonario —no se veía un asalto así desde tiempos de la Revolución, cuando los rebeldes atacaron las haciendas en venganza por el saqueo y los malos tratos a sus trabajadores—, la minería y el narcotráfico han compartido territorio en la vasta franja montañosa que une a los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, sin altercados que frenen las operaciones extractivas. “Al contrario, parece que entre más violencia más crece la minería”, expone el investigador Juan Manuel Mendoza Guerrero, líder del cuerpo académico Migración y Desarrollo Regional de la UAS.
De acuerdo con una revisión hemerográfica realizada para esta investigación, en 11 de los 18 municipios de Sinaloa se han desplazado por violencia al menos 234 comunidades, de 2006 a 2018; de las cuales, 230 se encuentran en territorios donde se presenta actividad en exploración y explotación minera, aunque no siempre las causas se atribuyen a la minería.
Sobresale el municipio de Sinaloa con más 60 localidades desplazadas, así como Concordia con 33, Mazatlán con 23, Rosario con 19 y San Ignacio con 17, contando las comunidades que han resultado afectadas en alguna ocasión.
Aunque no existen registros oficiales, los movimientos de desplazados que se han formado en Sinaloa han documentado mil 800 familias en total, unas 9 mil personas. En tanto, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), una organización independiente, calcula cerca de 40 mil en una cifra acumulada desde 2007.
El retorno no ha sido una alternativa para la gran mayoría, que sigue buscando ayuda en las principales ciudades del estado, debido a que sus tierras están ocupadas por grupos delincuenciales. En algunas regiones, se ha denunciado la existencia de pactos entre empresas mineras y grupos armados a cambio de protección.
Es el caso de San José de Gracia, una comunidad enclavada en la zona serrana del municipio de Sinaloa, al norte del estado, a donde los inspectores ambientales sólo pueden llegar por aire sea por lo intrincado de la serranía o por el miedo a la presencia de grupos armados. Allí opera la compañía Dyna Resource, cuyos directivos aseguran que al contrario de violentar la zona, la mina ayudó a dar empleo a mucha gente que no encontraba otro camino que la ilegalidad.
Pero la forma en que la minería se relaciona con las comunidades varía de una región a otra.
Al otro extremo en el sur del estado, los ricos yacimientos de oro y plata han sido la maldición de los habitantes de Rosario y Concordia que, desde 2012, han visto morir asesinados a sus amigos y familiares y han tenido que sufrir el desarraigo de sus comunidades por las pugnas entre grupos armados ilegales, que en gran medida son motivadas por el control de las minas.
En esta región, la minería es una actividad donde los narcotraficantes no sólo buscan dominar el territorio para cobrar “cuotas” a los empresarios, como ocurrió en 2017, sino que personas ligadas al crimen organizado aparecen como concesionarias de títulos mineros y participan directamente en la operación y vigilancia de las minas, de acuerdo con varios testimonios.
Uno de los efectos de la inseguridad es el despoblamiento de las zonas mineras, lo que hace que la industria extractiva pueda realizar sus operaciones prácticamente sin oposición, mientras en el resto del país, se han desatado decenas de conflictos socioambientales en torno a esta actividad y la ejecución de megaproyectos.
En esta historia conoceremos cómo la presencia del crimen organizado, principalmente de grupos armados al servicio del narco —de manera planeada o no— , le ha allanado el camino a la expansión de compañías mineras transnacionales, en su mayoría canadienses, quienes cuentan al menos con el 44 por ciento del territorio concesionado para realizar labores de prospección y extracción en Sinaloa, así como unos diez proyectos activos dedicados a la obtención de oro y plata.
Así, continúan explorando y explotando en los municipios con mayor expulsión de habitantes con todo el respaldo del Estado y del marco jurídico mexicano, mientras las víctimas de la violencia siguen viviendo en el destierro al no poder retornar a sus comunidades.
San José: un pueblo rico en desgracia
San José de Gracia es un pueblo escondido en la sierra, pero conocido por la cantidad de oro que se extrajo en los años de la Revolución para llevarlo a Parral, Chihuahua, donde acuñaban monedas.
El negocio dejó de ser próspero, porque ese lugar quedó en medio del territorio que se conoce como ‘Triángulo Dorado’. No es propio del oro que hay incrustado en las montañas y cerros, sino por la producción y tráfico de drogas y armas por grupos delictivos.
Nadie volteó a San José en muchos años, hasta el año 2000.
La empresa estadounidense Dyna Resource de México obtuvo en esa década 24 concesiones para poder explorar, excavar y extraer oro y plata.
Fue en 2010 cuando la mina de San José de Gracia empezó a operar. Al mismo tiempo ocurrió la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’ y las organizaciones criminales que operaban en Sinaloa comenzaron a disputarse el territorio.
“La gente se puso de punta uno con el otro. Comenzaron a correr gente... a correr así, a desplazarlos. Fue cuando nosotros nos vinimos. Nos tocó esa, que nos vinimos”, cuenta Luis, que por solicitud de reserva de su nombre, será llamado de esa forma.
Este hombre relató cómo prefirió perder lo poco que tenía a seguir bajo el yugo de lo que él llama alianza entre narco y mineros.
Entre 2012 y 2013, asegura Luis que de San José de Gracia salieron decenas de familias y al mismo tiempo llegaban decenas de hombres con cascos y chalecos con las letras “DR”, iniciales de Dyna Resource.
Pobladores entrevistados afirman que a San José de Gracia no es posible ir si no es con permiso de este grupo armado ilegal, al que identificaron como parte de la organización conocida como el Cártel de Sinaloa.
La empresa es acusada, además, de contaminar el arroyo del pueblo y de no dar seguridad laboral a sus trabajadores, pero por la inseguridad es complicado el acceso para las autoridades ambientales, incluso para las de Protección Civil.
Esto refleja la ausencia del Estado, lo que permite a la mina operar con escasa vigilancia.
Nadie pasa a San José de Gracia si no tiene permiso —insiste Luis—. Libremente, solo pasan los mineros. No son lo mismo, aunque trabajan juntos. Si quieres vivir ahí, necesitas permiso, y para ganártelo debes elegir partido. Si apoyas al equivocado, tienes 24 horas para salir de ahí o te matan, si no, trabajas y cuidas la mina.
Es la regla.
—¿Cómo le pagan al narco?
—Le sueltan ahí la chamba, para que los ayuden, para que no haya pedo.
—¿Para que no haya pedo con quién?
—Pos’ si no le dan al señor ese, se le echa encima la gente; a él lo respetan y pos’ él tiene a la gente y está… sí la saben hacer, y ahí no crea que lo dejan otras gentes que se alivianen. No, él es el jefe nomás.
—¿Quién es el jefe de allá?
—Anselmo N.
De Anselmo, a quien se refieren como un señor alto y que controla la zona, no se encontraron registros de que haya sido fichado por la Fiscalía por algún delito. Tampoco en los medios de comunicación.
—¿Por qué no lo perdonó a usted?
—No, es que también es el miedo, no perdón.
—¿Con quién trabaja él?, ¿con los hijos de El Chapo?
—Sí, con una gente de esas.
—¿Él cómo cuida la mina?
—Es que él es socio. Tiene maquinaria ahí, luego les ayuda… Es que es para que no les roben, él los cuida para que no roben a la mina, pero también le roba a la misma. Él tiene charola, pues, pero sí le sirve a la mina eso… Si no, ya no estaría.
El director general de Dyna Resource de México, José Vargas Lugo, rechaza las acusaciones.
Si bien es cierto —relata—, cuando llegaron a San José de Gracia a principios de la década del 2000 tuvieron que lidiar con la narcocultura, gracias a la mina hoy 300 trabajadores —más de la mitad del pueblo— tienen una opción de trabajo “digna y decorosa”.
Dyna llegó allí y empezó de cero, recuerda el directivo de la compañía estadounidense, que mantiene una operación pequeña al procesar 250 toneladas de material cada día y cotiza en la bolsa de valores de Toronto. “ Es demasiado complicado interactuar en un narco-ambiente, cuando tú traes una visión empresarial y tienes que empezar a cambiar las narco costumbres por una cultura de trabajo”, detalló Vargas Lugo, quien tiene raíces en esa región y vive allí desde hace 20 años.
Hoy se siente orgulloso de la transformación que, a sus ojos, ha experimentado la comunidad debido a la disponibilidad de empleo legal.
Esa es la forma en que han podido interactuar con la comunidad, sobre todo ahora —dice— que “de todos es conocido” que el negocio de la producción de drogas ilícitas se ha acabado en la sierra.
Ya no la compra el mercado “gringo”, ni la marihuana ni la amapola, luego de que hace unos años esta actividad vivió su auge.
Vargas Lugo reconoce que muchos de los que antes andaban armados hoy son trabajadores de la mina y la cuidan. O si tienen maquinaria, también pueden ser proveedores o contratistas.
“La comunidad apoya la mina. Hay detractores, pero son los menos.”
Eso sí, afirma, a la gente se le paga bien, como ninguna otra mina en Sinaloa.
Añade otro dato: Al ejido Santa María y Anexas, donde se encuentra asentado este pueblo, se le paga una renta anual de 2 millones 340 mil pesos.
“Ese es el problema que tenemos, y la manera que hemos tenido nosotros que interactuar con la gente para evitar la violencia; esa gente que traía pistola, rifle y pechera, ahora esa gente ya no trae la pistola ni el rifle ni la pechera, ahora se dedican a trabajar con nosotros”.
Insiste en su negocio es la exploración de los minerales y la empresa no tiene nada que ver con el narcotráfico, una economía que, según él, está en declive.
Pero un tema aparte es el impacto ambiental.
Zona rica en recursos naturales, como bosques, ríos y minerales, San José de Gracia es el lugar ideal para la minería. Hay suficiente oro. Solo en 2017 obtuvo ganancias por 2 millones 527 mil 709 dólares, según sus reportes públicos en Estados Unidos.
Está en un lugar estratégico: las operaciones son en la zona serrana junto al Río Fuerte.
La mina de San José de Gracia cuenta con el apoyo de las autoridades federales. Tan es así que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinó que podía quedar exenta de la Manifestación de Impacto Ambiental, a pesar de ubicarse en una zona con uso de suelo forestal y de producir desechos tóxicos, que van a parar a una presa de jales, acusada por pobladores de no cumplir con la Norma 141 de la Semarnat.
Pobladores han hecho denuncias anónimas, mostrando —con información de mapas de satélite— que, por su posición geográfica, los tóxicos terminarían en la presa Bacurato en caso de un derrame, advirtiendo del supuesto peligro de un desastre social y económico, ya que esta presa es la que abastece a los valles agrícolas de la región.
El gerente general de las operaciones de Dyna en México atribuye las acusaciones a un conflicto legal de corte corporativo por la propiedad de las minas, de ahí que sus adversarios se dediquen a dispersar información negativa de la empresa.
Cuestionado sobre las fallas en la presa de jales, descartó riesgos al afirmar que ya se ha construido un bordo de emergencia, suficiente para contener miles de toneladas de residuos en caso de un derrame. Además de contar con todos los permisos que la autoridad le ha solicitado.
No obstante, la mina no ha estado exenta de problemas.
En 2016, el gobierno de Sinaloa suspendió las operaciones por riesgos sanitarios para los trabajadores, bajo acusaciones de que en ella habían muerto personas por las condiciones precarias.
Una semana después la mina fue reabierta, luego de que la empresa ganara otro juicio, demostrando que el gobierno de Sinaloa no tenía jurisdicción, porque el permiso de operación era de orden federal. Y en 2017, un grupo de trabajadores paró labores en demanda de que se cumpliera la promesa de construir una clínica, la cual ahora está por concretarse, según adelantaron los directivos.
En tanto, se espera que la “vida” de la mina dure unos 20 años más, y en Dyna Resource de México están seguros de contar con el aval de la comunidad y los ejidatarios.
Minería y violencia: una correlación positiva
Esta es la forma en que el catedrático Juan Manuel Mendoza, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, resume un fenómeno territorial en que los recursos minerales parecen ser un atractivo para grupos delincuenciales. Pues no sólo añaden el cobro de “cuotas” a su portafolio de actividades criminales, también se hacen con el control de los recursos naturales, del agua, de los bosques y hasta deciden quién puede vivir en el territorio y quién se tiene que ir.
“El narcotráfico se ha convertido en una especie de ‘mandamás’ de los recursos de la región serrana: minerales, siembras, producción de droga, explotación forestal..., donde controla quién entra, quién sale y quién puede hacer usufructo de ello”, explicó.
Aunque no habla de un pacto explícito entre compañías mineras y grupos armados, advierte cómo los desplazamientos forzados resultan convenientes a los proyectos mineros, porque estos se desarrollan en territorios donde por la soledad y el miedo, no hay un clima propicio para la participación ciudadana o la protesta. Esto, a pesar de las externalidades negativas de la explotación de minerales, que presenta consecuencias irreversibles para el medio ambiente, como contaminación de ríos y de mantos freáticos, generación de metales pesados entre otros desechos tóxicos.
En la década de 1990, se inauguró lo que el académico y activista Francisco López Bárcenas denomina el ciclo de despojo neoliberal, a través del modelo extractivo. En estos años, se dieron las modificaciones al marco normativo para abrir las puertas a las compañías extranjeras, luego de un periodo nacionalista de más de cuatro décadas.
Fue un paquete de reformas que incluyó la enmienda al Artículo 27 constitucional (1992), que regula los regímenes de propiedad de la tierra y de los bienes nacionales, y que se introdujo en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, con el que se pusieron las bases para iniciar una nueva época en que se fomentaría abiertamente la entrada de empresas transnacionales. Pero no sólo eso. También para que pudieran explotar y sacar los minerales del país con amplias facilidades fiscales, administrativas y operativas, con muy bajo o nulo costo por los daños sociales o ambientales provocados.
Para el siguiente decenio, la política de apertura iniciada por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) ya había provocado un crecimiento inusitado de la minería en el país.
En Sinaloa, esta historia tuvo su correlato con la ampliación de la frontera minera a lo largo de la Sierra Madre Occidental, donde de 2002 a 2003, pasó de tener 892 a mil 126 concesiones (de 385 mil a 500 mil hectáreas), de acuerdo con datos del Servicio Geológico Minero. Ello significa que pasó de ocupar el 6.63% al 8.6% del territorio del estado de Sinaloa.
Cuando empezó la guerra de cárteles, en 2008, la minería tenía concesionadas 1 millón 64 mil 951.3971 hectáreas en 1,317 títulos. Luego de la parte más álgida del conflicto, entre 2014 y 2015, se había alcanzado el pico más alto con 1,951 concesiones y 1 millón 750 mil 497.6214, cerca del 30 por ciento del territorio de la entidad.
Ni la guerra ni los desplazamientos forzados pararon el interés de las compañías por invertir, motivadas por el aumento del precio de los metales en el mercado internacional.
En los municipios de Choix, El Fuerte y Sinaloa, la oleada de desplazamientos masivos se vivió entre 2012 y 2013, en más de cien comunidades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 39 de 2017, urgió al Gobierno del Estado a brindar atención integral a los más de 2 mil desterrados de esa región, que en su mayoría aún no han podido retornar a sus pueblos porque estos se hallan ocupados por los grupos armados que los desplazaron.
A pesar de que no ha habido una política de Estado para el retorno seguro de las víctimas a sus comunidades, en estos tres municipios se registran cerca de 20 proyectos mineros, de los cuales 17 se encuentran en su etapa de exploración de empresas de EUA, Canadá, China y Australia.
A diferencia de los pobladores desplazados, para quienes sí ha habido incentivos es para las mineras junior, quienes se encargan de hacer los estudios de prospección para luego vender el proyecto a los grandes consorcios.
En el norteño municipio de Choix, donde en 2014 asesinaron a Ramón Corrales Vega, líder campesino opositor a la minera Paradox Global Resources — un crimen sin esclarecer, atribuido al narcotráfico—, la misma empresa ya realiza labores de exploración para el proyecto Cerro Mozambique para continuar con la extracción de hierro de ese municipio, de donde se retiró tras haber provocado un derrame de residuos tóxicos en 2015.
Mientras la compañía minera Río Tinto, responsable en 2018 del derrame en Urique, Chihuahua, donde quedaron sepultados nueve trabajadores, es la que mantiene exploraciones para el proyecto El Rosario en el mismo municipio.
En Badiraguato, donde los éxodos forzados recrudecieron desde 2016 por las pugnas internas del Cártel de Sinaloa, ahora proliferan las perforaciones para exploración de empresas chinas, como la Tianjin North China Geological Exploration Bureu y China Minerals Resources.
El panorama se repite a lo largo de la Sierra Madre, donde la violencia no se ha detenido, sin embargo, es algo que raras veces las empresas dan a conocer a sus accionistas, sobre todo las que cotizan en la Bolsa de Valores, como lo indican los códigos de ética y de minería responsable.
En contraparte, para el secretario de Economía del estado, Javier Lizárraga Mercado, es una actividad importante porque genera trabajo en lugares marginados, donde prácticamente no existen empleos formales.
“Hay que entender que ellos están en las zonas serranas, trabajando bajo condiciones muy difíciles, muy en contra, en comparación a lo que es un trabajo normal aquí en la ciudad, están expuestos a situaciones de riesgo, no sólo en lo interno, sino por todo como ha sido la sierra”, declaró en entrevista para esta investigación.
Argumentó que sólo las empresas mineras que son formales, medianas y grandes, aportan al Fondo Minero. Son las que son supervisadas y controladas.
Pero por otro lado, señaló que hay un grupo de mineros pequeños, a quienes se les conoce como gambusinos, que a esos nadie los controla, nadie los vigila y es importante “meterlos” a la formalidad.
Para Dustin VanDoorselaere, director general de First Majestic Silver Corp (FMSC), la inseguridad es la parte difícil de trabajar en México. A pesar de ello, la compañía canadiense se continuará sus operaciones en este país, donde se ha establecido desde 2012 y cuenta con seis proyectos activos dedicados principalmente a la extracción de plata.
En el sur de Sinaloa, una región conflictiva por la presencia de bandas delictivas del narcotráfico, FMSC realiza trabajos de exploración en Plomosas (perteneciente al ejido de La Rastra, del municipio de Rosario) y han tenido que tomar protocolos estrictos de seguridad para minimizar el riesgo de sus trabajadores.
“Muchas de estas áreas son remotas, es muy difícil para nosotros como empresas, tenemos que usar básicamente nuestra seguridad privada, es la única forma de inhibir (el peligro); allá, no hay policías, no hay militares, sólo nosotros”, reveló.
No salir de noche, circular exclusivamente en vehículos bien identificados, entablar buena relación con las autoridades locales, pero sobre todo establecer lazos de amistad con la comunidad, es parte de lo que se hace al llegar a una de estas zonas inhóspitas.
Y con la gente que se dedica a actividades ilegales, tratan de mantener una relación de “respeto”. “Lo mejor es tratar de convivir en armonía, ellos tienen su negocio, y realmente no se conflictúa con la mina. Ellos entienden que una operación minera trae prosperidad al pueblo: mejores caminos, energía eléctrica, escuelas”, explicó el directivo, quien tiene más de 25 años de experiencia en la minería en varios países de América Latina.
“Tal vez los hombres que se dedican a estas cosas hacen su trabajo — prosiguió— , pero sus hijos, sus hijas, muchos prosperan de la actividad que lleva la mina”.
Aclaró que esto no significa que exista un “pacto” con los grupos armados, sino simplemente una convivencia. “Nosotros somos una empresa extranjera, cotizamos en la bolsa canadiense, en la bolsa de Nueva York, no podemos tener este tipo de relaciones”, insiste.
La situación que priva en La Rastra los ha llevado a suspender operaciones de manera temporal, para luego continuar con las barrenaciones que buscan hurgar en los grandes yacimientos de plata de la región. Sus trabajadores han sido víctimas de extorsión y secuestro en la sierra de Guerrero. Pero de ningún modo tienen pensado salir de México, pues es el único destino de sus inversiones por el momento.
'Son pleitos de minas', claman en Concordia
“Son pleitos de minas”, es la nueva expresión con la que ahora se busca encontrar una explicación a la violencia que tantas vidas ha cobrado en el municipio de Concordia, un pueblo colonial enclavado en las montañas al sur del estado bajo el cual subyacen grandes riquezas. No sólo hay ajustes de cuentas y enfrentamientos armados entre sicarios, sino también amenazas y éxodos forzados.
Más de 200 homicidios dolosos cuenta la Fiscalía desde 2012, año en que comenzó la tragedia.
Desde hace tiempo que ya no se meten al “costal” del narcotráfico todos los asesinatos.
Región minera desde la época de la Colonia, en Concordia, la fiebre del oro (y de la plata) se ha posesionado de grupos armados ilegales, que han quedado “al garete” luego de que el “Chapo” Guzmán perdió el control de esos territorios tras su extradición, ocurrida en enero de 2017. Pero han surgido nuevos grupos que pelean el dominio.
Después de la matanza de El Platanar de los Ontiveros la noche del 24 de diciembre de 2012, la violencia se ha negado a abandonar esas tierras. Esa noche entró un grupo de unos 20 hombres armados al pueblo y se cobró la vida de nueve personas. La Navidad más triste que jamás recordarán.
“Desde entonces la violencia no se ha ido, pueden pasar uno, dos o tres meses, sin que pase algo, pero luego vuelve…”, recuerda Susana N., originaria del mineral de Pánuco, uno de los más devastados.
Los hechos sangrientos continúan de manera intermitente, desplazando familias y pueblos enteros. No era como en otros tiempos, cuando los clásicos “ajustes de cuentas” o el “se matan entre ellos”. Se vinieron las masacres, la muerte de gente inocente, de los “que no andan mal”.
En el 2017 se acumularon los homicidios. Ríos de gente salieron de más de 17 comunidades: La Petaca, Chirimoyos, Santa Lucía, Potrerillos, El Batel, La Guayanera, El Cuatantal, Copala, La Mesa del Carrizal, El Palmito, La Capilla del Taste, y otros más de los alrededores, en su mayoría poblaciones dedicadas a la agricultura y ganadería de pequeña escala, la explotación forestal, pero también a la minería, una actividad que ha encarado sus altibajos a lo largo de la historia, pero que en años recientes ha retomado un nuevo auge.
Agripino N (los nombres de los entrevistados serán modificados para proteger su identidad), quien vivía en Potrerillos, pueblo donde la mayoría trabajan en el aserradero, relató cómo la tranquilidad se rompió en todas esas comunidades, conectadas a través de los caminos serranos. Cada vez era más común que bandas de 20 a 30 hombres con armas AK-47, pasearan por las calles de las comunidades como quien anda por su casa.
Los mineros, grandes y pequeños, comenzaron a ser extorsionados, aunque no eran los únicos porque también cobraban cuota a madereros, agricultores, comerciantes.... Era octubre de 2017, cuando por acción de “Los Valvuleños” cerraron cuatro empresas: Minera Río Pánuco, Comercializadora de Metales y Minerales, Caprepa y Minera Dos Señores, cuyo principal accionista, Héctor Garay Flores, fue asesinado en Mazatlán en febrero de 2017. Todas ellas Sociedades Anónimas de Capital Variable (S.A. de C.V.), situadas en Concordia en terrenos colindantes con el estado de Durango.
La sierra se quedó desolada.
Con cuatro hijos muertos y despojada de casas, camionetas y maquinaria para minería, Florinda Valenzuela viuda de Fitch huyó de su querido Pánuco no sólo con el dolor, sino en el desamparo. En su condición de desplazada, pasó a vivir de la buena voluntad de quien quisiera brindarle asilo.
“Entonces mis hijos estaban platicando con ellos, pero se refiere que ya no fue lo que ellos pedían, sino que ellos querían las minas, y todavía está el problema de minas... Allá está todavía el problema ese…”. Recordó con voz fragmentada cómo sus hijos padecieron las extorsiones de uno de los grupos armados de la zona.
“Hace tres meses (julio 2018) mataron a otros porque se estaban metiendo a las minas de mis hijos. Y ese es mi problema, que yo no puedo ir a mi casa, me despojaron de todas las cosas, de todos los bienes que dejaron mis hijos, todo, camionetas, ahora estoy yo sola. Ningún hijo... y pues ya no quisiera recordar esos momentos porque es muy triste para mí”.
La señora rompió el silencio animada por el Movimiento Amplio Social Sinaloense, en un encuentro con legisladores y autoridades locales para ayudar a los más de 2 mil desplazados en Mazatlán, gran parte de ellos a causa de los enfrentamientos y amenazas que vierten en la sierra los grupos delictivos.
Todos los caminos llevan... a la mina
Todas las muertes llevan a la mina. Rogelio N es originario de Copala, otro pueblo minero de gran tradición. Rogelio pasó de campesino a minero por la violencia. Tenía sus tierras en las partes altas de Concordia, hacia el pueblo de La Guayanera. Un buen día, “esa gente” le mandó decir que ya no podía pasar más a su pueblo. Fue entre 2012 y 2013, cuando las cosas empezaron a ponerse “calientes”. Después de peregrinar de un trabajo a otro, ya como velador ya como mandadero en la zona periférica de Mazatlán, Rogelio regresó para emplearse en la Minera Real de Pánuco, a varios kilómetros de Copala. Se convirtió en ayudante de perforista.
Para describir su trabajo, basta escuchar a su esposa: “No sé si tengo más miedo de lo que pasa adentro, o de lo que pasa afuera”. En las entrañas de la tierra, los derrumbes han matado trabajadores o los han dejado incapacitados de por vida. Afuera, los caminos vigilados por hombres portando cuernos de chivo (fusiles AK-47), las armas que identifican a los narcotraficantes
“Somos varios trabajadores que trabajamos en dos turnos, aunque no me han atacado directamente, sí va uno con miedo a trabajar. En una ocasión me tocó escuchar los enfrentamientos, a lo lejos en los cerros mientras nosotros hacíamos perforaciones”.
Sobre abusos laborales cometidos por la empresa minera, como retenerles el sueldo o no pagarles seguro contra riesgos, mejor ni quejarse.
Rogelio nos hace regresar al tema de la mina de Fitch, productora de oro y plata. Asegura que esa mina es operada por los mismos delincuentes. Según su testimonio, son ellos quienes después de matar a los Fitch tienen el control de la zona, o al menos lo tenían en aquel diciembre de 2018 que fue entrevistado, porque las disputas son constantes y los liderazgos cambian.
Pero si así es la suerte de un trabajador de una mina “formal”, la vida no es más fácil para los mineros informales, conocidos como gambusinos. De la gran empresa transnacional a la mediana y pequeña minería, el gambusino es el eslabón más débil de la cadena minera, también el menos regulado. Suele explorar sin contar con maquinaria, sólo con la fuerza de herramientas básicas para picar la piedra. Tiene la opción de vender el material obtenido a las plantas procesadoras o de hacer un procesamiento rústico en las taunas, pequeños molinos que giran a base de un motor eléctrico, en sustitución de las mulas. Después de moler la piedra, la venden a distintos compradores de metales. Ha sido el sustento de generaciones en toda la sierra de Sinaloa, pero hoy también están siendo desplazados por la violencia.
Sin escapatoria: la vida por el metal
Una mujer que se vio obligada a salir de Pánuco, por miedo a que sus hijos fueran asesinados o reclutados, cuenta cómo actúan los grupos delictivos en relación con los mineros, tanto establecidos como los irregulares. "Los dueños (de las minas) tienen que darles semanalmente dinero o gasolina”, cuenta. A los gambusinos les imponen otro tipo de reglas. “Me vas a dar la mitad del material y aparte te lo voy a comprar para que tú no tengas que moverte”, les dicen.
Los grupos delictivos reciben el material recolectado y lo llevan al laboratorio, para calcular qué tan rico es el metal. "Así que imagínese —reveló— a mucha gente le conviene porque si tiene un valor de 2 mil pesos la piedra, en un rato se ganan mil pesos."
El problema es que al venderle a uno de los grupos, se echan de enemigos a los contrarios.
Es ahí cuando los asesinan o, en la mejor de las suertes, tienen que salir huyendo.
"El pueblo no debería caer en la extorsión, pero si no, los matan a ellos o a sus familias", reveló con la voz cortada.
En Pánuco, el pasado 22 de mayo de 2018 asesinaron a cuatro personas que trabajaban en una mina, de acuerdo con declaración de familiares a la Vicefiscalía de la zona sur. Venían de tomar muestras de minerales cuando fueron emboscados en un camino de terracería mientras viajaban en una camioneta, allí quedaron sus cuerpos sin vida ultimados a balazos.
Muertes como esa, son cosa común en este poblado donde los caminos a la mina también llevan a la muerte y al Cártel de Sinaloa.
Mineros y sus nexos con el Cártel de Sinaloa
Al analizar la base de datos de los concesionarios mineros en el estado de Sinaloa, se encontró que entre ellos hay personajes ligados al narcotráfico como Manuel Beltrán Arredondo, padre de Julio César Beltrán Quintero, “El Julión”, quien al ser asesinado en 2005, en la avenida Obregón de Culiacán, fue identificado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado como integrante del Cártel de Sinaloa.
Se trató de un caso muy sonado, pues según documentaron las notas periodísticas, sus escoltas —que también fallecieron— eran policías.
Cuatro años antes habían asesinado en forma similar al hermano de “El Julión”, Adolfo Beltrán Quintero, en la ciudad de Guadalajara.
Padre e hijos eran accionistas de la empresa minera El Sacrificio, con domicilio en la capital sinaloense y dada de alta el 16 de mayo de 1995, según el acta constitutiva encontrada en el Registro Público del Comercio.
Originario de Tamazula, Manuel Beltrán Arredondo tenía minas precisamente en Concordia, entre la frontera de Durango y Sinaloa, donde después de su muerte se detonó una disputa por el territorio entre bandas criminales.
Asesinado en 2007, también en Culiacán, ostentaba los títulos de concesión por 50 años de las minas La Galeana (20 hectáreas) y San Dimas II (80 hectáreas), expedidos en 2002. Ambas concesiones fueron cedidas en 2007, a Minera Real de Cosalá SA de CV; y después en 2016, a Minera Río Pánuco.
Esta última, de acuerdo con la cartografía minera de la SE, posee 38 concesiones que acaparan al menos 2 mil 981 hectáreas en el municipio, y fue una de las que cerró temporalmente por la ola de extorsiones, en 2017.
En tanto, Minera Real de Cosalá está registrada en Culiacán, y se dedica a la exploración y extracción de cobre, oro y plata, y también es operaria de la mina La Verde, en Concordia.
De ninguna de estas dos empresas nacionales se encontró el acta constitutiva en el registro público.
Como empresarios y concesionarios mineros, los narcotraficantes mantienen intereses en la minería más allá del cobro de extorsiones o de cuotas.
De una época más reciente, ya cuando las disputas tras la extradición del “Chapo” Guzmán, José Ángel Ibargüen Campos fue señalado como uno de los lugartenientes del cártel que contaba con concesiones mineras. Era conocido en la sierra como “El Angelillo”. Fue asesinado en febrero de 2017, y su muerte precedió a una serie de ataques y masacres que provocaron los éxodos masivos que vaciaron de su gente a los pueblos alteños.
Su nombre aparece como concesionario vigente de la mina Los Ciruelos no. 2 (517.18 hectáreas), en sociedad con Francisco Javier de la Riva Valdez, Luis Olivarría González y Eduardo Labrador Ulivarría. También inactiva.
Según el semanario Riodoce, “El Angelillo” fue presentado por las autoridades federales como líder de un grupo delictivo vinculado a Aureliano Loera, el “Guano”, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Este grupo tiene su bastión en El Palmito, y es el principal opositor a la banda de Los Valvuleños, a la cual el entonces secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Genaro Robles García, atribuyó los hechos de sangre de ese año, y así lo declaró ante el Congreso del Estado el 17 de octubre de 2017, cuando fue llamado a comparecer luego de que el desplazamiento forzado se salió de control.
Tiempo después, el 29 de abril de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el robo de oro está relacionado con el desplazamiento forzado en esta zona, con el ingreso de gavillas provenientes de Durango.
La normatividad para el registro de concesiones es tan laxa, que a pesar de las implicaciones de la explotación minera que involucra el uso de explosivos autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, no hay una restricción para que personas relacionadas al crimen organizado cuenten con títulos mineros, siendo parte del mercado de especulación del territorio y teniendo a su disponibilidad los recursos naturales de la nación.
Esto lo confirmó una fuente de la Secretaría de Economía federal, que es la entidad oficial que regula la minería en México: “Nosotros somos encargados de la ventanilla, recibimos los documentos, y si cumple los requisitos, no podemos negar el trámite”.
Por su parte, el ex delegado de la Secretaría de Economía en Sinaloa, Rafael Castaño Rodríguez, aseguró desconocer la existencia de concesiones a nombre de estas personas, pero indicó que si no hay causal de baja, estos siguen apareciendo en el registro de los títulos mineros, pues no hay una ley o reglamento que lo impida.
Así, Manuel Beltrán Arredondo pudo hacer las cesiones de derechos a Minera Real de Cosalá, sin ningún impedimento ni revisión por parte de ninguna autoridad.
El vínculo de empresas mineras con el narcotráfico no es nuevo. Surgió a la luz pública en 2008, cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) congeló los bienes y cuentas de Rigoberto Gaxiola Medina, Don Rigo, acusado de narcotráfico y de ser el operador de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa por cerca de 184 millones de dólares.
Don Rigo, catalogado como estrecho colaborador del Chapo y constructor de túneles para el trasiego de droga por la frontera de Nogales, Sonora, fue acusado de blanqueo de activos junto con trece de sus socios. Entre ellos se encontraba José Manuel Fitch Tovar, hermano de Óscar, el padre de aquella familia minera asesinada en Pánuco, entre 2014 y 2015. Pero también otros del mismo grupo familiar.
En la lista negra fueron incluidas las empresas Minera Rio Presidio, Minera La Castellana y Anexas, Copa de Plata y la Compañía Minera Del Río Cianury, todas sociedades anónimas de capital variable con domicilio en Sinaloa.
Sin importar estos antecedentes en la Unión Americana, José Pablo Fitch Parente, uno de los señalados por participar en la red de blanqueo, registró una nueva empresa a su nombre en 2014, en la que tenía de socio nada menos que a Don Rigo. Se trata también de una sociedad anónima de capital variable, la Compañía Minera Río Tamazula cuyo domicilio se ubica en Culiacán.
Los intereses del narco en la minería hicieron recrudecer la violencia en los pueblos serranos del sur de Sinaloa. Académicos lanzaron la hipótesis que todo era para dejar desolada a la región y facilitar la llegada de empresas transnacionales. Sin embargo, desde hace tiempo que estas se encuentran en el territorio.
En Concordia, por ejemplo, existen 215 concesiones mineras en 63 mil 643.48 hectáreas. Compañías internacionales en sociedad con firmas o concesionarios mexicanos, ocupan parte importante del territorio, entre ellas Goldplay de México, SA de CV; Skeena México Supply of the North, Minera Corner Bay, Silverstone Resources y Compañía Minera Bacis.
En la municipalidad vecina de Rosario se vive una situación muy similar, donde familias de gambusinos se han tenido que marchar de sus comunidades y alojado como “invasores” en terrenos irregulares.
En Rosario se encuentran vigentes 108 concesiones mineras, que ocupan 101 mil 531.50 hectáreas, donde las mayores concesionarias son las sociedades anónimas Oro Gold de México, Minera La Rastra, Inca Azteca Gold, Minera Camargo y Goldplay de México, empresa que anunció recientemente el hallazgo de 36 millones de onzas de plata en su proyecto San Marcial.
De manera intermitente desde 2012 se han incrementado las rencillas entre distintos grupos armados, asociados al narcotráfico. Pero en La Rastra, en el polígono más alto y apartado de ese lado de la sierra, la violencia prácticamente ha arrasado con la población. De ser un pueblo de unos 300 habitantes, según el censo de 2010, en los últimos tres años han muerto asesinadas 50 personas, además de registrar desapariciones forzadas. El más reciente desplazamiento forzado se registró en la prensa el mes de abril de 2019, tras un doble atentado que dejó muertos a cuatro personas.
La violencia que rodea a la minería no para, lo mismo que los capitales en busca de riqueza.
Este reportaje fue realizado para Noroeste en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.