Y en una excelente maniobra operativa, con la mano en la cintura la Jumapam salió tranquilamente a avisar que gran parte de Mazatlán se quedaría sin servicio de agua durante cuatro días.

Así como lo oye... ni necesidad hay del sarcasmo.

¿Qué tan grande y tan importante puede ser una obra que implique una suspensión de tal envergadura?

Ya ni en los tiempos de Jorge Abel y el famoso calcetín, o en tiempos más recientes de fallas técnicas en la planta y de carencia de agua.

Ahora sí tenemos agua, sí hay instalaciones funcionando, pero las autoridades municipales tienen la genial idea que hay que apagar todo para hacer unos trabajos en la obra de ¡una avenida!

Es decir, está bien que hagan obras, y qué bueno que rehabilitan una de las avenidas más largas del puerto y de las más importantes en flujo vial, pero tanto como dejarnos sin agua a todos por cuatro días, pues como que sí estaba bastante exagerado, ¿no creen?

Si para los que tienen aljibe, tinaco, bomba o lo que sea, estaría complicado que les durara el agua cuatro días, imagínese para los que no tienen eso.

Nosotros pensamos, ¿cómo le va a hacer el Ayuntamiento de la Alcaldesa Estrella Palacios para mandarles agua a todos los hogares afectados?

Ah, claro, nos respondimos, seguro será la tan aceitada estrategia de “cada quien hágale como pueda”, que tanto aplican nuestros diferentes gobiernos.

Total que durante la mañana de ayer los mazatlecos andaban tan “paniqueados” con la medida que se armó un gran borlote en las redes sociales, donde se notó la alarma que se encendió, y con razón, entre la gente. Ya andaban juntando agua por doquier para salir adelante con el abasto en sus casas y negocios.

Pues fue tanto el escándalo que la Jumapam tuvo que salir horas después a aclarar que siempre no iba a ser gran parte de la ciudad la afectada, que sólo el 30 por ciento, y no iban a ser cuatro días, que sería sólo un día, y que habría baja presión más tiempo.

Quién sabe cómo estuvo el asunto, pero el comunicado oficial inicial decía clarito: “Jumapam informa a toda la población mazatleca que el jueves 5 de diciembre se harán los trabajos de interconexión de la nueva red de agua potable de la Avenida Insurgentes a la infraestructura existente. Este cierre afectará el abasto de toda la ciudad”.

Y remataba: “Por la complejidad de las maniobras, se estima que el suministro de agua se recupere en su totalidad el día lunes 9 de diciembre”.

¿Cómo no se iban a alarmar los mazatlecos con tamaña barbaridad?

Pero bueno, finalmente, la Jumapam salió a pedir que no “cundiera el pánico”, así que ya veremos cómo nos va hoy y mañana con el abasto, y cómo les va a los de la obra que tendrán que hacer lo previsto en tiempo récord, porque lo que es un hecho es que la falla en la comunicación institucional de la dependencia estuvo bastante deficiente.

Con leer ese encabezado, querido lector, podrá darse una idea de qué trataremos, pero la realidad es que queremos aprovechar para tratar dos temas que han salido con fuerza en este desastre de violencia que es Sinaloa.

El primero, por supuesto, la acción (o inacción) de las autoridades de seguridad pública para atender el problema de los “mini casinos”, o “jugadas”, como les llama la raza, que hasta ahorita se les ocurrió empezar a buscar y combatir.

Ayer hablábamos de que a nuestro Estado sólo le bastaron tres meses para darse cuenta del problema que enfrenta, pero ha tardado muchísimo más en hacerle caso al elefante de la habitación.

Porque, a diferencia de lo que dijo en su momento el Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, de que la autoridad no podía averiguar dónde estaban estos lugares, lo cual es, cuanto menos... difícil de creer.

Parecerá broma, pero prometemos que no, y es que hasta Google Maps muestra algunas ubicaciones de estas “jugadas” a lo largo del estado, porque sí, las máquinas tragamonedas están prohibidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pero eso como que a nuestras autoridades ni les hace.

Y con este contexto de violencia que tiene en shock a nuestras autoridades, sólo les tomó tres meses y más de una docena de homicidios en estos espacios, para pensar que, tal vez, podría ser buena idea buscar las “jugadas” y desmantelarlas. Lo bueno, es que por fin empezaron.

El otro tema al que la Secretaría de Seguridad nomás llegó unos meses tarde, o al que nunca ha llegado, es el de controlar sus propias instalaciones, como el Centro Penitenciario de Aguaruto.

“La Peni”, como se le dice en Culiacán, ha cambiado las mismas veces de director en el último año y medio, que la UAS de rectores y encargados de despachos, lo cual tiene muchísimo mérito.

Seguramente el General Mérida salga a decir que fue un hecho aislado, pero en estos últimos días ya van dos personas muertas al interior del centro penitenciario, y desafortunadamente no es una noticia que sorprenda en ese lugar.

Fugas, riñas, balaceras, asesinatos han ocurrido en ese penal, y nomás no se ve manera que la SSP pueda poner orden en un espacio que, en teoría, es estrictamente custodiado.

Este martes el Secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch encabezó una reunión en la que estuvieron presentes autoridades estatales como el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La reunión, que ocurrió de 9:00 a 16:00 horas, por supuesto trató del tema de seguridad en el estado y qué estrategias ajustar y tuvo lugar en la Novena Zona Militar de Culiacán.

A la reunión estuvo invitada Claudia Zulema Sánchez Kondo, que si usted no está familiarizado con este nombre pues es la titular de la Fiscalía General de Sinaloa.

Resulta que Sánchez Kondo fue despachada temprano, porque aunque la reunión duró hasta las 16:00 horas la funcionaria salió cerca de mediodía en un convoy que la resguardaba.

En la puerta de la Novena Zona Militar había medios de comunicación esperando una entrevista con la funcionaria, pero esta salió a toda prisa y ni la ventana del carro bajó.

Quién sabe si le habrán dicho algo por su gris desempeño desde que asumió el cargo de Fiscal General de Sinaloa. Solo basta recordar que todo empezó un 25 de julio cuando uno de sus agentes resultó escolta de El Mayo y no hemos visto ninguna iniciativa de limpieza en la Policía Ministerial.

Y en una excelente maniobra operativa, con la mano en la cintura la Jumapam salió tranquilamente a avisar que gran parte de Mazatlán se quedaría sin servicio de agua durante cuatro días.

Así como lo oye... ni necesidad hay del sarcasmo.

¿Qué tan grande y tan importante puede ser una obra que implique una suspensión de tal envergadura?

Ya ni en los tiempos de Jorge Abel y el famoso calcetín, o en tiempos más recientes de fallas técnicas en la planta y de carencia de agua.

Ahora sí tenemos agua, sí hay instalaciones funcionando, pero las autoridades municipales tienen la genial idea que hay que apagar todo para hacer unos trabajos en la obra de ¡una avenida!

Es decir, está bien que hagan obras, y qué bueno que rehabilitan una de las avenidas más largas del puerto y de las más importantes en flujo vial, pero tanto como dejarnos sin agua a todos por cuatro días, pues como que sí estaba bastante exagerado, ¿no creen?

Si para los que tienen aljibe, tinaco, bomba o lo que sea, estaría complicado que les durara el agua cuatro días, imagínese para los que no tienen eso.

Nosotros pensamos, ¿cómo le va a hacer el Ayuntamiento de la Alcaldesa Estrella Palacios para mandarles agua a todos los hogares afectados?

Ah, claro, nos respondimos, seguro será la tan aceitada estrategia de “cada quien hágale como pueda”, que tanto aplican nuestros diferentes gobiernos.

Total que durante la mañana de ayer los mazatlecos andaban tan “paniqueados” con la medida que se armó un gran borlote en las redes sociales, donde se notó la alarma que se encendió, y con razón, entre la gente. Ya andaban juntando agua por doquier para salir adelante con el abasto en sus casas y negocios.

Pues fue tanto el escándalo que la Jumapam tuvo que salir horas después a aclarar que siempre no iba a ser gran parte de la ciudad la afectada, que sólo el 30 por ciento, y no iban a ser cuatro días, que sería sólo un día, y que habría baja presión más tiempo.

Quién sabe cómo estuvo el asunto, pero el comunicado oficial inicial decía clarito: “Jumapam informa a toda la población mazatleca que el jueves 5 de diciembre se harán los trabajos de interconexión de la nueva red de agua potable de la Avenida Insurgentes a la infraestructura existente. Este cierre afectará el abasto de toda la ciudad”.

Y remataba: “Por la complejidad de las maniobras, se estima que el suministro de agua se recupere en su totalidad el día lunes 9 de diciembre”.

¿Cómo no se iban a alarmar los mazatlecos con tamaña barbaridad?

Pero bueno, finalmente, la Jumapam salió a pedir que no “cundiera el pánico”, así que ya veremos cómo nos va hoy y mañana con el abasto, y cómo les va a los de la obra que tendrán que hacer lo previsto en tiempo récord, porque lo que es un hecho es que la falla en la comunicación institucional de la dependencia estuvo bastante deficiente.

Con leer ese encabezado, querido lector, podrá darse una idea de qué trataremos, pero la realidad es que queremos aprovechar para tratar dos temas que han salido con fuerza en este desastre de violencia que es Sinaloa.

El primero, por supuesto, la acción (o inacción) de las autoridades de seguridad pública para atender el problema de los “mini casinos”, o “jugadas”, como les llama la raza, que hasta ahorita se les ocurrió empezar a buscar y combatir.

Ayer hablábamos de que a nuestro Estado sólo le bastaron tres meses para darse cuenta del problema que enfrenta, pero ha tardado muchísimo más en hacerle caso al elefante de la habitación.

Porque, a diferencia de lo que dijo en su momento el Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, de que la autoridad no podía averiguar dónde estaban estos lugares, lo cual es, cuanto menos... difícil de creer.

Parecerá broma, pero prometemos que no, y es que hasta Google Maps muestra algunas ubicaciones de estas “jugadas” a lo largo del estado, porque sí, las máquinas tragamonedas están prohibidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pero eso como que a nuestras autoridades ni les hace.

Y con este contexto de violencia que tiene en shock a nuestras autoridades, sólo les tomó tres meses y más de una docena de homicidios en estos espacios, para pensar que, tal vez, podría ser buena idea buscar las “jugadas” y desmantelarlas. Lo bueno, es que por fin empezaron.

El otro tema al que la Secretaría de Seguridad nomás llegó unos meses tarde, o al que nunca ha llegado, es el de controlar sus propias instalaciones, como el Centro Penitenciario de Aguaruto.

“La Peni”, como se le dice en Culiacán, ha cambiado las mismas veces de director en el último año y medio, que la UAS de rectores y encargados de despachos, lo cual tiene muchísimo mérito.

Seguramente el General Mérida salga a decir que fue un hecho aislado, pero en estos últimos días ya van dos personas muertas al interior del centro penitenciario, y desafortunadamente no es una noticia que sorprenda en ese lugar.

Fugas, riñas, balaceras, asesinatos han ocurrido en ese penal, y nomás no se ve manera que la SSP pueda poner orden en un espacio que, en teoría, es estrictamente custodiado.

Este martes el Secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch encabezó una reunión en la que estuvieron presentes autoridades estatales como el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La reunión, que ocurrió de 9:00 a 16:00 horas, por supuesto trató del tema de seguridad en el estado y qué estrategias ajustar y tuvo lugar en la Novena Zona Militar de Culiacán.

A la reunión estuvo invitada Claudia Zulema Sánchez Kondo, que si usted no está familiarizado con este nombre pues es la titular de la Fiscalía General de Sinaloa.

Resulta que Sánchez Kondo fue despachada temprano, porque aunque la reunión duró hasta las 16:00 horas la funcionaria salió cerca de mediodía en un convoy que la resguardaba.

En la puerta de la Novena Zona Militar había medios de comunicación esperando una entrevista con la funcionaria, pero esta salió a toda prisa y ni la ventana del carro bajó.

Quién sabe si le habrán dicho algo por su gris desempeño desde que asumió el cargo de Fiscal General de Sinaloa. Solo basta recordar que todo empezó un 25 de julio cuando uno de sus agentes resultó escolta de El Mayo y no hemos visto ninguna iniciativa de limpieza en la Policía Ministerial.