El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es un organismo inédito y que por lo tanto ha generado muchas expectativas y ayer comparecieron ante el Congreso los tres aspirantes a dirigirlo, y ayer mismo también se presentaron quienes desean ser integrantes del Consejo Consultivo del mismo Instituto.

Quienes aspiran a dirigir el Instituto coinciden en que todo se remite a que sea un ente que de verdad garantice y brinde seguridad a los activistas y periodistas, con visión del respeto total a los derechos humanos, además de plena autonomía.

Jesús Antonio Bustamante Rivera, José Manuel Salas Fernández y Jhenny Judtih Bernal Arellano ofrecieron su visión de lo que sería el Instituto en caso de que les tocara dirigirlo.

Por su parte, los 12 aspirantes a formar parte del Consejo Consultivo del Instituto también ofrecieron su experiencia ante los diputados para ocupar uno de los seis espacios.

Pues la verdad y ojalá se logre conformar un equipo muy sólido, porque la creación de un instituto como este es histórico y lleguen a integrarlo personas que respondan a la titánica labor de revertir estos ataques a la prensa y a los activistas que han costado y siguen costando muchas vidas.

Para quien dudaba de que la planta de fertilizantes que se piensa construir en Topolobampo era un hecho, ya se están realizando hasta firmas de jugosos contratos.

Adelantándose a cualquier resultado final que pudiera darse sobre la consulta indígena de la planta de amoniaco, el Gobierno estatal ya está más que puesto para apoyar y refrendar todo lo que pudiera impulsar este proyecto.

Y es que ahí andaba el Secretario de Economía Javier Gaxiola Coppel, en la reunión de la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Manuel Bartlett, con los directivos de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente haciendo presencia en la firma de contrato para la subestación de gas natural que necesita la planta de fertilizantes para operar.

La empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad firmaron contratos de largo plazo a 15 años, El convenio se realizó con la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la empresa suiza Proman AG. Esto permitirá a la CFE generar ingresos por más de 2 mil millones dólares durante la vigencia del contrato.

De hecho en el comunicado de la CFE se destacaban los beneficios en la inversión en la planta, los 5 mil millones de dólares de inversión extranjera, la producción de 800 mil toneladas al año de fertilizantes, “lo que para garantizar la autosuficiencia alimentaria del noroeste de México, atendiendo la política trazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Aunque por un lado, el Gobernador Rubén Rocha Moya señala que desde su gobierno la postura es neutral, y que han escuchado a los pueblos indígenas y sus preocupaciones, pues de lo que se dice a lo que se hace, hay mucha diferencia, y se vuelve a confirmar que este gobierno es el promotor número uno de este proyecto.

El comunicado de la CFE remata con una verdadera joya, que confirma que el proyecto de la planta ya está en un punto de retorno.

“Con la firma de este trascendente convenio, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la CFE, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Sinaloa, refrenda su compromiso y disposición para impulsar el desarrollo de proyectos estratégicos que permitan continuar incentivando la inversión privada nacional y extranjera en México”.

¿Así, o más vestida la planta para la pronta inauguración del inicio del proyecto?

La sensación de inseguridad que se vive en Sinaloa ya se está viendo reflejada en datos, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística se elevó el porcentaje de población que considera que vivir en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán es peligroso.

Estos números coinciden con cifras del mismo estudio, que documentan un alza en los civiles que han presenciado enfrentamientos o conflictos.

Sinaloa debe luchar con un estigma que se ha fusionado con el estado desde hace más de 80 años, esa etiqueta de inseguridad cada vez más se va quedando tatuada en la entidad y si no se hace algo pronto será imposible eliminarla.

No es normal que en un estado que se encuentra en relativa paz aumente de un trimestre a otro la cantidad de ciudadanos que han presenciado enfrentamientos. Ningún civil, bajo ninguna justificación del Estado, debe estar expuesto al inminente peligro de encontrarse un conflicto armado a la vuelta de la esquina.

En lo que va del 2022 16 mujeres han sido asesinadas, 11 de ellas por razones de género. Mujeres jóvenes, adultas y mayores han muerto por el hecho de ser mujer.

El 50 por ciento de estos casos han sucedido en la capital del estado, donde se concentran los tres poderes, donde hay mayor seguridad y elementos policiales.

El último hecho ocurrió a plena luz del día, en un lugar público donde niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres asisten a ejercitarse o distraerse.

Mismo lugar donde hace unos meses una menor fue violada y se pidió seguridad en la zona, sin embargo, volvió a ocurrir otro hecho lamentable en el que una mujer perdió la vida.

¿Hubo omisión? Seguramente sí, mientras los feminicidios y agresiones a mujeres no marquen la agenda de seguridad hechos como estos seguirán ocurriendo.