Uno de los comentarios más desafortunados que pudiera proferir un funcionario público fue realizado por Patricia Figueroa, Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Sinaloa.

Y lo calificamos como desafortunado pues al seguir la anterior carrera de Figueroa al servicio público se sabe que es una persona mesurada, pero aún así emitió una idea tan alejada de tener sentido social y empatía que está de no creerse considerando que lidera una Subsecretaría de Derechos Humanos.

Cuando fue cuestionada por medios de comunicación sobre el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, reclamó que los medios locales han criticado el retraso de más de año y medio para poner en funciones el espacio.

Dijo que hay madres de familia que buscan a sus hijos desaparecidos desde hace 10 o 15 años y que para ellas no les parece mucho este retraso. En el caso de este medio de comunicación se ha acompañado a víctimas indirectas de la desaparición forzada y jamás ellos y ellas han dicho estar de acuerdo con los trabajos del Gobierno estatal para la búsqueda de personas desaparecidas, y sobre todo se ha reclamado el retraso en la operación del centro de resguardo, y la opacidad para las gestiones para el mismo.

Tal vez la funcionaria estatal se anime a decir estas palabras como un consuelo para sí misma, porque es totalmente absurdo justificar que si las madres buscadoras ya esperaron 10 años para poder identificar los posibles restos de sus hijos pueden esperar más.

Desde acá esperamos el informe detallado de cómo se está construyendo el centro de resguardo y cómo se están gastando los recursos que llegan y que no han parado de llegar desde la Federación aún cuando el espacio no funciona.

También la titular de Derechos Humanos del Gobierno de Sinaloa fue cuestionada sobre cuántos cuerpos están pendientes de identificación en el estado y se limitó a responder que ese dato le toca a la Fiscalía. Un dato que seguramente sí tiene, pero la burocracia limita la transparencia una vez más.

Como que a nuestras diputadas y diputados locales les gusta leer esta columna, o de plano ya recordaron la chamba para la cual fueron electos (algunos), y en la última sesión ordinaria de la 64 Legislatura sacaron otro pendiente.

Resulta que, tras aprobarse ayer en el Pleno, las y los sinaloenses que vivan fuera de México podrán participar en las elecciones por la Gubernatura, situación que se verá patente en las próximas elecciones del 2027.

También habría que mencionar que es el primer decreto aprobado por el Congreso local desde mayo, pero bueno, al menos ahí están sacando algunas cosas interesantes.

El 23 de julio, en este espacio, sacamos a colación el rezago que presentaba el Poder Legislativo en algunas tareas como nombrar a los órganos internos de control de la Fiscalía General del Estado o el Instituto de Protección, o la inoperancia legislativa que mostraba.

Desde entonces ya nombraron a los dos OIC, aún con la intriga que generó Fernando Ruiz Rangel, también dieron a conocer por fin a los ganadores del Premio al Mérito Juvenil, y se suma este nuevo decreto.

Este miércoles ya termina el último periodo ordinario de sesiones de nuestro Congreso local, aunque varios diputados ya avisaron que tendrán muchas sesiones extraordinarias para tratar algunos temas ya conocidos, como la reforma a la Ley Orgánica de la UAS, o la Ley de Hacienda del Estado, en cuanto al transporte de ganado.

Curioso reto tendrá nuestro Parlamento en estos dos meses que le queda de Legislatura, porque tendrá por ahí una semana de vacaciones para recargar pilas y encarar el mes de septiembre, el cual promete ser potente en términos legislativos.

Como buenos mexicanos, nuestras diputadas y diputados quieren terminar las tareas en el cierre del semestre, a como salga, pero con tal de entregarlo antes de que suene la chicharra.

En las últimas horas, y tras la noticia del arribo de cientos de efectivos del Ejército Mexicano, han sobrado los informes falsos o imprecisos de su presencia o actividades que comienzan a parecerse a los síntomas de una sociedad sinaloense asustada por lo que pueda pasar.

La detención de Ismael Zambada García, y el periodismo que reveló la supuesta manera en que fue traicionado, obliga a pensar en lo peor, a traer del pasado aquella preocupación por lo que pueda volver a pasar si existe una guerra intestina en el Cártel de Sinaloa con el estado será su propia arena de lucha.

Recientemente escuchamos a un mando militar de alto rango señalar que es imposible que pueda ocurrir una situación parecida a lo de los “jueves negros” vividos por los operativos para la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, y uno de los líderes de la facción de Los Chapitos.

Pero no es que en sí se repita algo parecido, pues estamos seguros que no es necesario una situación de ese tamaño para lastimar a la ya maltratada sociedad sinaloenses.

Entendemos la necesidad de tomar medidas de prevención para cualquier intento de brote, sobre todo por lo que parece un operativo que busca blindar la principal ciudad de Sinaloa, de cortar conexiones entre los cotos serranos y rurales con la urbe, pero la presencia no deja de preocupar.

Además no son pocos los mensajes que circulan en redes sociales, las teorías de expertos aventurado a predecir o el vivo que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que se sienta con la autoridad para llamar a la alarma.

Difícil, sin duda, en momentos tan crispados, no desear que Sinaloa fuera diferente... por lo menos de esa violencia en que vivimos.

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Malecón es columna institucional de esta casa editorial.

malecon@noroeste.com

Uno de los comentarios más desafortunados que pudiera proferir un funcionario público fue realizado por Patricia Figueroa, Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Sinaloa.

Y lo calificamos como desafortunado pues al seguir la anterior carrera de Figueroa al servicio público se sabe que es una persona mesurada, pero aún así emitió una idea tan alejada de tener sentido social y empatía que está de no creerse considerando que lidera una Subsecretaría de Derechos Humanos.

Cuando fue cuestionada por medios de comunicación sobre el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, reclamó que los medios locales han criticado el retraso de más de año y medio para poner en funciones el espacio.

Dijo que hay madres de familia que buscan a sus hijos desaparecidos desde hace 10 o 15 años y que para ellas no les parece mucho este retraso. En el caso de este medio de comunicación se ha acompañado a víctimas indirectas de la desaparición forzada y jamás ellos y ellas han dicho estar de acuerdo con los trabajos del Gobierno estatal para la búsqueda de personas desaparecidas, y sobre todo se ha reclamado el retraso en la operación del centro de resguardo, y la opacidad para las gestiones para el mismo.

Tal vez la funcionaria estatal se anime a decir estas palabras como un consuelo para sí misma, porque es totalmente absurdo justificar que si las madres buscadoras ya esperaron 10 años para poder identificar los posibles restos de sus hijos pueden esperar más.

Desde acá esperamos el informe detallado de cómo se está construyendo el centro de resguardo y cómo se están gastando los recursos que llegan y que no han parado de llegar desde la Federación aún cuando el espacio no funciona.

También la titular de Derechos Humanos del Gobierno de Sinaloa fue cuestionada sobre cuántos cuerpos están pendientes de identificación en el estado y se limitó a responder que ese dato le toca a la Fiscalía. Un dato que seguramente sí tiene, pero la burocracia limita la transparencia una vez más.

Como que a nuestras diputadas y diputados locales les gusta leer esta columna, o de plano ya recordaron la chamba para la cual fueron electos (algunos), y en la última sesión ordinaria de la 64 Legislatura sacaron otro pendiente.

Resulta que, tras aprobarse ayer en el Pleno, las y los sinaloenses que vivan fuera de México podrán participar en las elecciones por la Gubernatura, situación que se verá patente en las próximas elecciones del 2027.

También habría que mencionar que es el primer decreto aprobado por el Congreso local desde mayo, pero bueno, al menos ahí están sacando algunas cosas interesantes.

El 23 de julio, en este espacio, sacamos a colación el rezago que presentaba el Poder Legislativo en algunas tareas como nombrar a los órganos internos de control de la Fiscalía General del Estado o el Instituto de Protección, o la inoperancia legislativa que mostraba.

Desde entonces ya nombraron a los dos OIC, aún con la intriga que generó Fernando Ruiz Rangel, también dieron a conocer por fin a los ganadores del Premio al Mérito Juvenil, y se suma este nuevo decreto.

Este miércoles ya termina el último periodo ordinario de sesiones de nuestro Congreso local, aunque varios diputados ya avisaron que tendrán muchas sesiones extraordinarias para tratar algunos temas ya conocidos, como la reforma a la Ley Orgánica de la UAS, o la Ley de Hacienda del Estado, en cuanto al transporte de ganado.

Curioso reto tendrá nuestro Parlamento en estos dos meses que le queda de Legislatura, porque tendrá por ahí una semana de vacaciones para recargar pilas y encarar el mes de septiembre, el cual promete ser potente en términos legislativos.

Como buenos mexicanos, nuestras diputadas y diputados quieren terminar las tareas en el cierre del semestre, a como salga, pero con tal de entregarlo antes de que suene la chicharra.

En las últimas horas, y tras la noticia del arribo de cientos de efectivos del Ejército Mexicano, han sobrado los informes falsos o imprecisos de su presencia o actividades que comienzan a parecerse a los síntomas de una sociedad sinaloense asustada por lo que pueda pasar.

La detención de Ismael Zambada García, y el periodismo que reveló la supuesta manera en que fue traicionado, obliga a pensar en lo peor, a traer del pasado aquella preocupación por lo que pueda volver a pasar si existe una guerra intestina en el Cártel de Sinaloa con el estado será su propia arena de lucha.

Recientemente escuchamos a un mando militar de alto rango señalar que es imposible que pueda ocurrir una situación parecida a lo de los “jueves negros” vividos por los operativos para la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, y uno de los líderes de la facción de Los Chapitos.

Pero no es que en sí se repita algo parecido, pues estamos seguros que no es necesario una situación de ese tamaño para lastimar a la ya maltratada sociedad sinaloenses.

Entendemos la necesidad de tomar medidas de prevención para cualquier intento de brote, sobre todo por lo que parece un operativo que busca blindar la principal ciudad de Sinaloa, de cortar conexiones entre los cotos serranos y rurales con la urbe, pero la presencia no deja de preocupar.

Además no son pocos los mensajes que circulan en redes sociales, las teorías de expertos aventurado a predecir o el vivo que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que se sienta con la autoridad para llamar a la alarma.

Difícil, sin duda, en momentos tan crispados, no desear que Sinaloa fuera diferente... por lo menos de esa violencia en que vivimos.