Por más que hemos insistido, hasta poniéndole bolitas de turrún, quien se niega a dar una palabra sobre la situación que le acontece a los culiacanenses es el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Ahora de plano le delegó la responsabilidad hasta de declarar a su Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, mientras todos veíamos como Juan de Dios prefería ir a esconderse nuevamente.
La pregunta era simple, porque hemos sabido de lo que ocurre en nuestras sindicaturas, sólo pedíamos informes, daños o estrategias para ayudar, desde su gobierno, a nuestros vecinos de la zona rural.
Pero el compa, como jaiba, se perdió bajo la arena, en otra de sus muestras preocupantes de evasión de responsabilidad en un tema crítico como la violencia y la inseguridad que aquejan a la ciudad.
Aunque entendemos que es válido que exista una división de responsabilidades en cualquier administración, la delegación de temas tan delicados a una sola persona, sin visibilidad ni seguimiento directo del Alcalde, transmite la sensación de que la seguridad no es una prioridad inmediata para la máxima autoridad del municipio.
Este enfoque de delegar funciones en lugar de asumirlas directamente puede interpretarse como una falta de liderazgo ante una situación de crisis.
En particular, el caso reciente del hallazgo de seis cuerpos sin vida en Tepuche debería haber sido una oportunidad para que el Alcalde se involucrara personalmente en la gestión de la seguridad, enviando un mensaje claro de compromiso con la protección de sus ciudadanos.
La respuesta del Alcalde en entrevista, al señalar que la situación de seguridad es competencia del Secretario del Ayuntamiento y que éste mantiene contacto con los síndicos, refleja una desconexión entre las autoridades locales y las realidades que enfrentan las comunidades más vulnerables.
¿Y entonces para qué fregados fue anunciado él como miembro en las mesas de paz?
La seguridad es un tema que debe ser tratado de manera integral y directa por los gobernantes, no delegado como una tarea más administrativa, pues la falta de acciones visibles y efectivas aumenta la percepción de un gobierno ausente frente a la violencia que afecta a las comunidades más alejadas de la cabecera municipal.
Y no debe ser para nadie difícil de deducir que es el Alcalde quien debe liderar con el ejemplo y estar al frente en la lucha contra la inseguridad, no delegar responsabilidades cruciales a otros funcionarios.
En Sinaloa desafortunadamente no se pudo solucionar la crisis de seguridad antes de que los estudiantes se fueran a vacaciones decembrinas, lo que no permitió un cierre de trimestre adecuado para algunas instituciones.
En el caso del nivel básico de educación, 95 escuelas no pudieron abrir sus puertas desde que empezó la crisis de seguridad, y tuvieron que irse a vacaciones sin haber retornado a clases presenciales desde septiembre.
Si bien la crisis de seguridad provocó que 250 escuelas cerraran debido a la violencia en septiembre, esta cifra bajó a 95 en el mes de diciembre, y aunque no representa una mayoría en relación a las más de 5 mil escuelas en el estado, sí es preocupante que existan niños y niñas que no puedan tomar clases como se debe debido a la crisis por el crimen organizado.
Lo más preocupante es que a pesar de los esfuerzos que se hagan en la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya es el que tiene la última palabra en el manejo de la contingencia por inseguridad y ha dejado claro que la educación no es problema, y se ha maniestado en una actitud despreocupada ante estas 95 escuelas cerradas.
Aunado a esto, en las clases presenciales en el centro de Sinaloa se cerró con menos del 80 por ciento de presencialidad, es decir, más del 20 por ciento de estudiantes no asistieron a clases ni de manera virtual ni presencial.
Y desde aquí se desprende un problema más serio para aquellos estudiantes que se encuentran en una etapa crucial en sus carreras educativas pues los docentes en Sinaloa no recibieron una capacitación integral para la recuperación de aprendizajes, tampoco recibieron materiales u orientaciones. En este rubro solamente se montó una triste presentación de diapositivas en la página de la Sepyc, que carece de contenido y sólo son recomendaciones generales para los docentes.
Ya va siendo hora que la Secretaría de Educación, Gloria Himelda Félix Niebla, se asuma como tal, pues ya dedicó varias semanas para apagar fuegos que dejaron las caóticas administraciones de educación anteriores y no se ha visto nada de su agenda e ideas para la educación en Sinaloa.
El Gobernador Rubén Rocha Moya salió a decir que él fue quién solicitó la renuncia al ex Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y que este movimiento obedece a un reacomodo a la estrategia de seguridad por la crisis que amenaza al estado desde el mes de septiembre.
Obviamente el cambio de funcionario estatal en realidad fue mano de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que habría recomendado un ajuste en la Secretaría de Seguridad.
El adjudicarse el cambio por parte del Gobernador corresponde a una posición en la que el Gobierno de Sinaloa exige autonomía en la toma de decisiones, que hace mucho tiempo sabemos que no tienen, pues al menos desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión, la seguridad del estado la maneja la Federación y el gobierno local nada más se ha encargado en obedecer órdenes y coordinarse con la misma.
Pero también es delicado el discurso que Rocha Moya trata de socializar, ese en el que se dice máxima autoridad en materia de seguridad, pues sólo queda mal al exponer que en más de un año que estuvo Mérida Sánchez al frente de la dependencia no lo quitó de su Gabinete a pesar de ser mediocre en todos los aspectos laborales, los administrativos como los operativos, y se sospecha que lo que dejó a deber Mérida Sánchez en realidad no fue por su falta, sino para obedecer a una agenda nacional de abrazos y no balazos.
Y es que por allá en septiembre de 2023, cuando Mérida Sánchez asumió como Secretario de Seguridad de Sinaloa, dijo que su agenda contemplaba fortalecer la seguridad en Mazatlán, pues por ahí pasaba el fentanilo hacia la zona serrana del estado y de ahí se iba a Estados Unidos.
El Secretario en aquel momento actuó con toda la honestidad, y como era nuevo en el cargo no pensó que estuviera mal transparentar las decisiones gubernamentales. Pues al Gobernador Rubén Rocha Moya no le gustó para nada este comentario y lo regañó públicamente, desde entonces el Gobierno estatal jamás admitió que el fentanilo se distribuye por Sinaloa.
Ese fue un punto de quiebre interesante entre ambos funcionarios, pues Rocha restó autoridad al general Mérida, y el General se tuvo que aguantar.
No es secreto que ya se olía la salida de Mérida Sánchez y que la crisis de seguridad sólo alargó su estadía, y pues de perdida rozó aguinaldo antes de ser renunciado.
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Malecón es columna institucional de esta casa editorial.
malecon@noroeste.com
Por más que hemos insistido, hasta poniéndole bolitas de turrún, quien se niega a dar una palabra sobre la situación que le acontece a los culiacanenses es el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Ahora de plano le delegó la responsabilidad hasta de declarar a su Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, mientras todos veíamos como Juan de Dios prefería ir a esconderse nuevamente.
La pregunta era simple, porque hemos sabido de lo que ocurre en nuestras sindicaturas, sólo pedíamos informes, daños o estrategias para ayudar, desde su gobierno, a nuestros vecinos de la zona rural.
Pero el compa, como jaiba, se perdió bajo la arena, en otra de sus muestras preocupantes de evasión de responsabilidad en un tema crítico como la violencia y la inseguridad que aquejan a la ciudad.
Aunque entendemos que es válido que exista una división de responsabilidades en cualquier administración, la delegación de temas tan delicados a una sola persona, sin visibilidad ni seguimiento directo del Alcalde, transmite la sensación de que la seguridad no es una prioridad inmediata para la máxima autoridad del municipio.
Este enfoque de delegar funciones en lugar de asumirlas directamente puede interpretarse como una falta de liderazgo ante una situación de crisis.
En particular, el caso reciente del hallazgo de seis cuerpos sin vida en Tepuche debería haber sido una oportunidad para que el Alcalde se involucrara personalmente en la gestión de la seguridad, enviando un mensaje claro de compromiso con la protección de sus ciudadanos.
La respuesta del Alcalde en entrevista, al señalar que la situación de seguridad es competencia del Secretario del Ayuntamiento y que éste mantiene contacto con los síndicos, refleja una desconexión entre las autoridades locales y las realidades que enfrentan las comunidades más vulnerables.
¿Y entonces para qué fregados fue anunciado él como miembro en las mesas de paz?
La seguridad es un tema que debe ser tratado de manera integral y directa por los gobernantes, no delegado como una tarea más administrativa, pues la falta de acciones visibles y efectivas aumenta la percepción de un gobierno ausente frente a la violencia que afecta a las comunidades más alejadas de la cabecera municipal.
Y no debe ser para nadie difícil de deducir que es el Alcalde quien debe liderar con el ejemplo y estar al frente en la lucha contra la inseguridad, no delegar responsabilidades cruciales a otros funcionarios.
En Sinaloa desafortunadamente no se pudo solucionar la crisis de seguridad antes de que los estudiantes se fueran a vacaciones decembrinas, lo que no permitió un cierre de trimestre adecuado para algunas instituciones.
En el caso del nivel básico de educación, 95 escuelas no pudieron abrir sus puertas desde que empezó la crisis de seguridad, y tuvieron que irse a vacaciones sin haber retornado a clases presenciales desde septiembre.
Si bien la crisis de seguridad provocó que 250 escuelas cerraran debido a la violencia en septiembre, esta cifra bajó a 95 en el mes de diciembre, y aunque no representa una mayoría en relación a las más de 5 mil escuelas en el estado, sí es preocupante que existan niños y niñas que no puedan tomar clases como se debe debido a la crisis por el crimen organizado.
Lo más preocupante es que a pesar de los esfuerzos que se hagan en la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya es el que tiene la última palabra en el manejo de la contingencia por inseguridad y ha dejado claro que la educación no es problema, y se ha maniestado en una actitud despreocupada ante estas 95 escuelas cerradas.
Aunado a esto, en las clases presenciales en el centro de Sinaloa se cerró con menos del 80 por ciento de presencialidad, es decir, más del 20 por ciento de estudiantes no asistieron a clases ni de manera virtual ni presencial.
Y desde aquí se desprende un problema más serio para aquellos estudiantes que se encuentran en una etapa crucial en sus carreras educativas pues los docentes en Sinaloa no recibieron una capacitación integral para la recuperación de aprendizajes, tampoco recibieron materiales u orientaciones. En este rubro solamente se montó una triste presentación de diapositivas en la página de la Sepyc, que carece de contenido y sólo son recomendaciones generales para los docentes.
Ya va siendo hora que la Secretaría de Educación, Gloria Himelda Félix Niebla, se asuma como tal, pues ya dedicó varias semanas para apagar fuegos que dejaron las caóticas administraciones de educación anteriores y no se ha visto nada de su agenda e ideas para la educación en Sinaloa.
El Gobernador Rubén Rocha Moya salió a decir que él fue quién solicitó la renuncia al ex Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y que este movimiento obedece a un reacomodo a la estrategia de seguridad por la crisis que amenaza al estado desde el mes de septiembre.
Obviamente el cambio de funcionario estatal en realidad fue mano de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que habría recomendado un ajuste en la Secretaría de Seguridad.
El adjudicarse el cambio por parte del Gobernador corresponde a una posición en la que el Gobierno de Sinaloa exige autonomía en la toma de decisiones, que hace mucho tiempo sabemos que no tienen, pues al menos desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión, la seguridad del estado la maneja la Federación y el gobierno local nada más se ha encargado en obedecer órdenes y coordinarse con la misma.
Pero también es delicado el discurso que Rocha Moya trata de socializar, ese en el que se dice máxima autoridad en materia de seguridad, pues sólo queda mal al exponer que en más de un año que estuvo Mérida Sánchez al frente de la dependencia no lo quitó de su Gabinete a pesar de ser mediocre en todos los aspectos laborales, los administrativos como los operativos, y se sospecha que lo que dejó a deber Mérida Sánchez en realidad no fue por su falta, sino para obedecer a una agenda nacional de abrazos y no balazos.
Y es que por allá en septiembre de 2023, cuando Mérida Sánchez asumió como Secretario de Seguridad de Sinaloa, dijo que su agenda contemplaba fortalecer la seguridad en Mazatlán, pues por ahí pasaba el fentanilo hacia la zona serrana del estado y de ahí se iba a Estados Unidos.
El Secretario en aquel momento actuó con toda la honestidad, y como era nuevo en el cargo no pensó que estuviera mal transparentar las decisiones gubernamentales. Pues al Gobernador Rubén Rocha Moya no le gustó para nada este comentario y lo regañó públicamente, desde entonces el Gobierno estatal jamás admitió que el fentanilo se distribuye por Sinaloa.
Ese fue un punto de quiebre interesante entre ambos funcionarios, pues Rocha restó autoridad al general Mérida, y el General se tuvo que aguantar.
No es secreto que ya se olía la salida de Mérida Sánchez y que la crisis de seguridad sólo alargó su estadía, y pues de perdida rozó aguinaldo antes de ser renunciado.
Por más que hemos insistido, hasta poniéndole bolitas de turrún, quien se niega a dar una palabra sobre la situación que le acontece a los culiacanenses es el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Ahora de plano le delegó la responsabilidad hasta de declarar a su Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, mientras todos veíamos como Juan de Dios prefería ir a esconderse nuevamente.
La pregunta era simple, porque hemos sabido de lo que ocurre en nuestras sindicaturas, sólo pedíamos informes, daños o estrategias para ayudar, desde su gobierno, a nuestros vecinos de la zona rural.
Pero el compa, como jaiba, se perdió bajo la arena, en otra de sus muestras preocupantes de evasión de responsabilidad en un tema crítico como la violencia y la inseguridad que aquejan a la ciudad.
Aunque entendemos que es válido que exista una división de responsabilidades en cualquier administración, la delegación de temas tan delicados a una sola persona, sin visibilidad ni seguimiento directo del Alcalde, transmite la sensación de que la seguridad no es una prioridad inmediata para la máxima autoridad del municipio.
Este enfoque de delegar funciones en lugar de asumirlas directamente puede interpretarse como una falta de liderazgo ante una situación de crisis.
En particular, el caso reciente del hallazgo de seis cuerpos sin vida en Tepuche debería haber sido una oportunidad para que el Alcalde se involucrara personalmente en la gestión de la seguridad, enviando un mensaje claro de compromiso con la protección de sus ciudadanos.
La respuesta del Alcalde en entrevista, al señalar que la situación de seguridad es competencia del Secretario del Ayuntamiento y que éste mantiene contacto con los síndicos, refleja una desconexión entre las autoridades locales y las realidades que enfrentan las comunidades más vulnerables.
¿Y entonces para qué fregados fue anunciado él como miembro en las mesas de paz?
La seguridad es un tema que debe ser tratado de manera integral y directa por los gobernantes, no delegado como una tarea más administrativa, pues la falta de acciones visibles y efectivas aumenta la percepción de un gobierno ausente frente a la violencia que afecta a las comunidades más alejadas de la cabecera municipal.
Y no debe ser para nadie difícil de deducir que es el Alcalde quien debe liderar con el ejemplo y estar al frente en la lucha contra la inseguridad, no delegar responsabilidades cruciales a otros funcionarios.
En Sinaloa desafortunadamente no se pudo solucionar la crisis de seguridad antes de que los estudiantes se fueran a vacaciones decembrinas, lo que no permitió un cierre de trimestre adecuado para algunas instituciones.
En el caso del nivel básico de educación, 95 escuelas no pudieron abrir sus puertas desde que empezó la crisis de seguridad, y tuvieron que irse a vacaciones sin haber retornado a clases presenciales desde septiembre.
Si bien la crisis de seguridad provocó que 250 escuelas cerraran debido a la violencia en septiembre, esta cifra bajó a 95 en el mes de diciembre, y aunque no representa una mayoría en relación a las más de 5 mil escuelas en el estado, sí es preocupante que existan niños y niñas que no puedan tomar clases como se debe debido a la crisis por el crimen organizado.
Lo más preocupante es que a pesar de los esfuerzos que se hagan en la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya es el que tiene la última palabra en el manejo de la contingencia por inseguridad y ha dejado claro que la educación no es problema, y se ha maniestado en una actitud despreocupada ante estas 95 escuelas cerradas.
Aunado a esto, en las clases presenciales en el centro de Sinaloa se cerró con menos del 80 por ciento de presencialidad, es decir, más del 20 por ciento de estudiantes no asistieron a clases ni de manera virtual ni presencial.
Y desde aquí se desprende un problema más serio para aquellos estudiantes que se encuentran en una etapa crucial en sus carreras educativas pues los docentes en Sinaloa no recibieron una capacitación integral para la recuperación de aprendizajes, tampoco recibieron materiales u orientaciones. En este rubro solamente se montó una triste presentación de diapositivas en la página de la Sepyc, que carece de contenido y sólo son recomendaciones generales para los docentes.
Ya va siendo hora que la Secretaría de Educación, Gloria Himelda Félix Niebla, se asuma como tal, pues ya dedicó varias semanas para apagar fuegos que dejaron las caóticas administraciones de educación anteriores y no se ha visto nada de su agenda e ideas para la educación en Sinaloa.
El Gobernador Rubén Rocha Moya salió a decir que él fue quién solicitó la renuncia al ex Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y que este movimiento obedece a un reacomodo a la estrategia de seguridad por la crisis que amenaza al estado desde el mes de septiembre.
Obviamente el cambio de funcionario estatal en realidad fue mano de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que habría recomendado un ajuste en la Secretaría de Seguridad.
El adjudicarse el cambio por parte del Gobernador corresponde a una posición en la que el Gobierno de Sinaloa exige autonomía en la toma de decisiones, que hace mucho tiempo sabemos que no tienen, pues al menos desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión, la seguridad del estado la maneja la Federación y el gobierno local nada más se ha encargado en obedecer órdenes y coordinarse con la misma.
Pero también es delicado el discurso que Rocha Moya trata de socializar, ese en el que se dice máxima autoridad en materia de seguridad, pues sólo queda mal al exponer que en más de un año que estuvo Mérida Sánchez al frente de la dependencia no lo quitó de su Gabinete a pesar de ser mediocre en todos los aspectos laborales, los administrativos como los operativos, y se sospecha que lo que dejó a deber Mérida Sánchez en realidad no fue por su falta, sino para obedecer a una agenda nacional de abrazos y no balazos.
Y es que por allá en septiembre de 2023, cuando Mérida Sánchez asumió como Secretario de Seguridad de Sinaloa, dijo que su agenda contemplaba fortalecer la seguridad en Mazatlán, pues por ahí pasaba el fentanilo hacia la zona serrana del estado y de ahí se iba a Estados Unidos.
El Secretario en aquel momento actuó con toda la honestidad, y como era nuevo en el cargo no pensó que estuviera mal transparentar las decisiones gubernamentales. Pues al Gobernador Rubén Rocha Moya no le gustó para nada este comentario y lo regañó públicamente, desde entonces el Gobierno estatal jamás admitió que el fentanilo se distribuye por Sinaloa.
Ese fue un punto de quiebre interesante entre ambos funcionarios, pues Rocha restó autoridad al general Mérida, y el General se tuvo que aguantar.
No es secreto que ya se olía la salida de Mérida Sánchez y que la crisis de seguridad sólo alargó su estadía, y pues de perdida rozó aguinaldo antes de ser renunciado.