Sabemos que el Secretario de Seguridad de Sinaloa no tiene especial estima hacia la prensa, pero pedir que no cuestionen asunto tan relevantes, como el pasado de Adrián Zapién, encargado de uno de los penales más difíciles del país, pues tampoco demuestra mucha coherencia ni sentido.
Bueno, pero no se enojen
Se entiende que las circunstancias no son las más favorables para ninguna autoridad del Estado, desde el cuestionado Ejecutivo hasta el confuso Legislativo, pasando por el criticado Poder Judicial, pero incluso así, uno presupone que las y los funcionarios de alto nivel estarán capacitados para afrontar las críticas.
Conforme a lo visto en los últimos días, eso no ha sido exactamente así, porque las autoridades se han visto por momentos abrumadas.
Un caso que tuvimos de cerca fue el Diputado local del Partido Verde, Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien no estuvo muy conforme con algo que él mismo dijo, por paradójico que suene.
Resulta que el jueves pasado salió una nota en la que afirmó que los culichis son dueños de Culiacán, tanto de día como de noche, y a la gente, por lo que sea, no terminó de caerle del todo bien ese asunto, básicamente porque el 90 por ciento de los culiacanenses ni se asoman a la calle cuando oscurece.
Entendemos que el Diputado intentó decirlo como un mensaje esperanzador, dando a entender aquello de “somos más los buenos”, pero como ya hemos dicho en un par de ocasiones, como que no está bien asesorado para salir a declarar.
Otro tema reciente fue el nombramiento del nuevo director del Penal de Aguaruto, Adrián Zapién Arenas, que el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, pensó que nadie buscaría sus antecedentes, y resultó que no pasó tan desapercibido como le hubiera gustado.
Por esta ocasión, no abundaremos en la forma en que se anunció esa designación (no avisaron), porque nos parece más importante el perfil del señor Adrián Zapién Arenas.
El ahora encargado del centro penitenciario en Culiacán tiene un pasado turbulento en una de sus anteriores chambas, la Comandancia Regional de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, estado en el que coincidió con Mérida Sánchez.
Resulta que en diciembre del 2019, un convoy de aproximadamente 15 camionetas con civiles armados llegó como Pedro por su casa al municipio de Zamora, y generó disturbios en varias casas, sin que la autoridad lo impidiera ni interviniera.
Entre ese hecho, y que el entonces Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó complicidad de los mandos de seguridad, sorprendentemente destituyeron a Zapién Arenas.
Por lo que sea, estos cuestionamientos no le agradaron a Gerardo Mérida, que pidió no estigmatizar al nuevo director del Penal, como si lo que pasó en Michoacán hubiera sido un error administrativo o de papeleo.
Sabemos que el Secretario de Seguridad de Sinaloa no tiene especial estima hacia la prensa, pero pedir que no cuestionen asunto tan relevantes, como el pasado de Adrián Zapién, encargado de uno de los penales más difíciles del país, pues tampoco demuestra mucha coherencia ni sentido.
Otra cosa más que se les chispotea
En la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se decidió que ya no se enviarán informes de hechos delictivos diarios, como se habían estado enviando desde hace alrededor de dos meses.
Los reportes eran enviados a medios de comunicación a primera hora y por la noche, concentrando 12 horas de hechos delictivos, y funcionaban como un ejercicio de transparencia ante la crisis de seguridad que enfrenta el estado. Los informes no eran perfectos pero eso es mejor que nada.
Pues aunque oficialmente la crisis no ha dado tregua, la SSPE ya determinó que no seguirá haciendo esa chamba, como si el departamento de atención a medios de comunicación de la dependencia tuviera otra cosa más importante que hacer en este preciso momento.
La determinación de la Secretaría de Seguridad de no transparentar en informes los hechos delictivos ocurre un día después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya se quejara de que en medios de comunicación se ha sumado cuántos asesinatos arrastra la contingencia de seguridad, y reclamó que no le parece este enfoque. Esta sumatoria no puede ser conseguida por medios de comunicación más que con los informes, pues los datos de la Fiscalía General del Estado están desfasados.
O tal vez la gente que trabaja en la SSPE simplemente ya tiene flojera de hacer la chamba de transparentar el trabajo que hacen las corporaciones policiales, pues ya se acercan vacaciones y no están acostumbrados a tanta carrilla.
El consuelo ofrecido por el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, fueque todos los días se ofrece una conferencia matutina con él y el Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.
Con más de 500 asesinatos en tres meses, dar la cara es lo mínimo que le deben a la sociedad sinaloense, así que ojalá Castro Meléndrez no esté esperando un desfile.
Y de todas formas la conferencia diaria es tan vacía e institucional, que ya agotaron a todo el Gabinete para que se presente y que no toda la agenda de medios sea la inseguridad, así que muestran informes forzados del tema que sea.
Luego se tienen que tolerar los 20 minutos obligados de Castro Meléndrez hablando de una política social, con una retórica que se esfuerza por demostrar su amplia experiencia pero que no es auténtica ni de provecho para la sociedad sinaloense que se enfrenta a la inseguridad a diario.
Seguramente al primer hecho de que un medio de comunicación publique una situación imprecisa o difusa, el Gobierno de Sinaloa utilizará todas sus plataformas para denigrar a la profesión sin reparar en que existen hechos a los que sólo se pueden tener acceso en colaboración con las instituciones.
La crisis de seguridad no cesará, aún y cuando no quieran reconocerla ni quieran socializar las consecuencias de la misma. En fin, en este tema vamos para atrás.
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Se entiende que las circunstancias no son las más favorables para ninguna autoridad del Estado, desde el cuestionado Ejecutivo hasta el confuso Legislativo, pasando por el criticado Poder Judicial, pero incluso así, uno presupone que las y los funcionarios de alto nivel estarán capacitados para afrontar las críticas.
Conforme a lo visto en los últimos días, eso no ha sido exactamente así, porque las autoridades se han visto por momentos abrumadas.
Un caso que tuvimos de cerca fue el Diputado local del Partido Verde, Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien no estuvo muy conforme con algo que él mismo dijo, por paradójico que suene.
Resulta que el jueves pasado salió una nota en la que afirmó que los culichis son dueños de Culiacán, tanto de día como de noche, y a la gente, por lo que sea, no terminó de caerle del todo bien ese asunto, básicamente porque el 90 por ciento de los culiacanenses ni se asoman a la calle cuando oscurece.
Entendemos que el Diputado intentó decirlo como un mensaje esperanzador, dando a entender aquello de “somos más los buenos”, pero como ya hemos dicho en un par de ocasiones, como que no está bien asesorado para salir a declarar.
Otro tema reciente fue el nombramiento del nuevo director del Penal de Aguaruto, Adrián Zapién Arenas, que el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, pensó que nadie buscaría sus antecedentes, y resultó que no pasó tan desapercibido como le hubiera gustado.
Por esta ocasión, no abundaremos en la forma en que se anunció esa designación (no avisaron), porque nos parece más importante el perfil del señor Adrián Zapién Arenas.
El ahora encargado del centro penitenciario en Culiacán tiene un pasado turbulento en una de sus anteriores chambas, la Comandancia Regional de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, estado en el que coincidió con Mérida Sánchez.
Resulta que en diciembre del 2019, un convoy de aproximadamente 15 camionetas con civiles armados llegó como Pedro por su casa al municipio de Zamora, y generó disturbios en varias casas, sin que la autoridad lo impidiera ni interviniera.
Entre ese hecho, y que el entonces Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó complicidad de los mandos de seguridad, sorprendentemente destituyeron a Zapién Arenas.
Por lo que sea, estos cuestionamientos no le agradaron a Gerardo Mérida, que pidió no estigmatizar al nuevo director del Penal, como si lo que pasó en Michoacán hubiera sido un error administrativo o de papeleo.
Sabemos que el Secretario de Seguridad de Sinaloa no tiene especial estima hacia la prensa, pero pedir que no cuestionen asunto tan relevantes, como el pasado de Adrián Zapién, encargado de uno de los penales más difíciles del país, pues tampoco demuestra mucha coherencia ni sentido.
En la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se decidió que ya no se enviarán informes de hechos delictivos diarios, como se habían estado enviando desde hace alrededor de dos meses.
Los reportes eran enviados a medios de comunicación a primera hora y por la noche, concentrando 12 horas de hechos delictivos, y funcionaban como un ejercicio de transparencia ante la crisis de seguridad que enfrenta el estado. Los informes no eran perfectos pero eso es mejor que nada.
Pues aunque oficialmente la crisis no ha dado tregua, la SSPE ya determinó que no seguirá haciendo esa chamba, como si el departamento de atención a medios de comunicación de la dependencia tuviera otra cosa más importante que hacer en este preciso momento.
La determinación de la Secretaría de Seguridad de no transparentar en informes los hechos delictivos ocurre un día después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya se quejara de que en medios de comunicación se ha sumado cuántos asesinatos arrastra la contingencia de seguridad, y reclamó que no le parece este enfoque. Esta sumatoria no puede ser conseguida por medios de comunicación más que con los informes, pues los datos de la Fiscalía General del Estado están desfasados.
O tal vez la gente que trabaja en la SSPE simplemente ya tiene flojera de hacer la chamba de transparentar el trabajo que hacen las corporaciones policiales, pues ya se acercan vacaciones y no están acostumbrados a tanta carrilla.
El consuelo ofrecido por el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, fueque todos los días se ofrece una conferencia matutina con él y el Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.
Con más de 500 asesinatos en tres meses, dar la cara es lo mínimo que le deben a la sociedad sinaloense, así que ojalá Castro Meléndrez no esté esperando un desfile.
Y de todas formas la conferencia diaria es tan vacía e institucional, que ya agotaron a todo el Gabinete para que se presente y que no toda la agenda de medios sea la inseguridad, así que muestran informes forzados del tema que sea.
Luego se tienen que tolerar los 20 minutos obligados de Castro Meléndrez hablando de una política social, con una retórica que se esfuerza por demostrar su amplia experiencia pero que no es auténtica ni de provecho para la sociedad sinaloense que se enfrenta a la inseguridad a diario.
Seguramente al primer hecho de que un medio de comunicación publique una situación imprecisa o difusa, el Gobierno de Sinaloa utilizará todas sus plataformas para denigrar a la profesión sin reparar en que existen hechos a los que sólo se pueden tener acceso en colaboración con las instituciones.
La crisis de seguridad no cesará, aún y cuando no quieran reconocerla ni quieran socializar las consecuencias de la misma. En fin, en este tema vamos para atrás.