Las lecciones de Aispuro

Después del sentimiento de esperanza que suscitó el señalamiento de los desvíos ocurridos en el Sector Salud, ante la posibilidad de iniciar una verdadera “guerra” a la corrupción, la “salida legal” que encontró Ernesto Echeverría Aispuro nos dejó un puro sentimiento de impotencia.

Sentimos que el acusado se nos escapó de las manos, cuando la Justicia se aprestaba, por fin, a castigar a unos de esos funcionarios dedicados a aprovecharse de los recursos públicos, la “hemorragia que no cesa”.

El caso de Echeverría Aispuro se convirtió, de la noche a la mañana, en el ejemplo de lo que debería hacer un Gobierno estatal: denunciar los latrocinios de sus antecesores y castigarlos.

La sociedad ya lo veía en la cárcel, cuando el ex funcionario aparece rodeado de sus abogados, paga la mitad de lo “desaparecido” y vuelve a su casa a disfrutar del resto del botín.

La burla es para todos: para el pueblo que pierde sus recursos, para el Gobierno estatal que se queda con las manos vacías, para aquellos que sueñan con un estado de derecho.

¿Qué podemos aprender de la lección que nos ha dado un delincuente de cuello blanco?

 

 

Lo primero que tenemos que tener claro es que no deberían de importar más las personas que nos gobiernan sino las instituciones.

Echeverrías Aispuro ha habido y habrá siempre, en todos los tiempos de la humanidad y en todos los países, la diferencia se encuentra en los sistemas, los procedimientos, los protocolos, las leyes, los reglamentos que permiten a una sola persona dirigir todo un entramado de corrupción.

Señor Gobernador, señores legisladores, fiscales e investigadores, nos urge un sistema legal que vigile, impida y castigue sin miramientos a cualquier funcionario que intente desviar los escasos recursos de un país en desarrollo, como el nuestro. 

Algunos dirán que las leyes y los reglamentos ya existen, a ellos les demostró Ernesto Echeverría Aispuro que ese sistema no está funcionando correctamente.  

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel ha hecho público que aumentó las penas a delitos como el peculado, el problema es que de nada sirve un gran castigo cuando el culpable se escapa eligiendo una de las tantas “brechas” en el sistema legal.

El sistema debe de ser revisado, reforzado y actualizado desde su origen hasta el final, que sería el castigo. 

Entonces podríamos preocuparnos por tener a las mejores personas, hoy lo que necesitamos es un mejor sistema de justicia.

 

 

Quien anda de boca en boca en el Palacio Municipal de Culiacán es un funcionario al que todos apodan “el hermano de oro”. 

Se trata de Carlos Alfredo Alarid Rodríguez, hermano del líder sindical Héctor David, miembro de una de las familias que se han apoderado de decenas de plazas en la Comuna.

Resulta que al funcionario lo captaron en las playas de Altata, Navolato, disfrutando del sol y la arena, unas cervecitas y dulce compañía. Todo bien hasta ahí.

El tema, que se torna de interés público, es que Carlos Alfredo fue captado en la fiesta, usando vehículos oficiales.

Este, que pareciera un asunto menor, es uno de los problemas que arrastran los ayuntamientos. Al erario se cargan el uso y desgaste de vehículos, mantenimiento, pólizas de seguro, refacciones, gasolina y demás.

La falta de regulación de los vehículos oficiales es uno de los hoyos negros que sangra las finanzas en las 18 comunas. 

Es común, todos los días, ver cómo las unidades automotrices se siguen utilizando para asuntos personales de los funcionarios, a los que la tienen asignadas. Y no sólo del ámbito municipal, sino estatal y federal.

Un estudio de Iniciativa Sinaloa, denominado Municipios Transparentes y realizado en el año 2016, daba cuenta que ni en Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Navolato se contaba con reglas en el uso de los vehículos oficiales. Y así continúan.

 

 

La acción de los “huachicoleros”, como se le conoce a quienes roban combustibles directamente de los ductos de Pemex, se ha disparado, situando a Sinaloa en el tercer lugar en demandas de Petróleos Mexicanos por este ilícito, tan solo por debajo de Veracruz y Guanajuato.

Durante 2017, Petróleos Mexicanos interpuso 389 denuncias por robo de combustible en Sinaloa. Y tan solo hasta el 30 de abril de 2018, esta cifra llegaba a 245.

En la última década se han acumulado 2 mil 090 denuncias de Pemex en Sinaloa, observando un incremento significativo a partir de 2010, cuando pasó de 19 a 78 demandas. 

Pero con 387 se alcanzó el pico más alto el año pasado, el primero de la administración del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

En este año, se registraron  acciones violentas por esta acción de los “huachicoleros” en El Tamarindo, Recoveco, La Guamuchilera y Culiacancito, el delito ya muestra su lado más sangriento.