La revancha

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Todavía no empiezan a analizar las cuentas públicas del 2017 del Gobierno estatal y las alcaldías en el Congreso, y ya se espera un choque de trenes entre las bancadas de Morena y el PRI.

Los diputados de Morena, mayoría en el Congreso, aseguran que revisarán con lupa las cuentas y las rechazarán si encuentran irregularidades.
Sin embargo, la cosa no es tan sencilla, resulta que los diputados ni siquiera tienen capacidad jurídica para rechazar las cuentas, ya que en el 2017 se realizó una reforma a la Constitución estatal donde dejaron de calificarlas y ahora solamente pueden hacer observaciones.
La priista Gloria Himelda Félix Niebla aseguró que la Comisión de Fiscalización no puede “voltear” los resultados de los informes que rinde la Auditoría Superior del Estado, la única que realmente puede validar o no las cuentas.
Félix Niebla les dio con todo a los morenistas y los calificó de “ignorantes”, además de calificar de “revanchismo político”, la intención de querer rechazar unas cuentas que ni siquiera han analizado.

Albazo

Los diputados priistas denunciaron que desde la Comisión de Fiscalización, que encabeza Marco Antonio Zazueta Zazueta, bajo control de los morenistas, se quiere dar un “albazo” para rechazar las cuentas de 2017, del Gobierno del Estado y las alcaldías.
Zazueta Zazueta, presidente de dicha comisión, respondió que está todo dentro de la legalidad y su bancada, aseguró, no puede aprobar “un desaseo generalizado” en el manejo de los recursos públicos.
Será antes del 31 de julio, último día del segundo periodo ordinario, cuando el pleno conocerá el resultado del informe de la primera cuenta del Gobierno del Estado, así como la de los 18 alcaldías y otros organismos.
Recordemos que la reforma se hizo para evitar exactamente este tipo de enfrentamientos, cuando los diputados politizaban la aprobación de las cuentas.
Incluso, se dieron casos de diputados que “extorsionaban” a alcaldes, a los que les exigían dinero a cambio de la aprobación de sus cuentas.
Esperemos que la calma llegue a la bancada morenista, dolida por los últimos desaciertos que ha vivido en el Congreso, donde sus propios errores los han hecho ver mal.

Va por más la Fiscalía

El año pasado fuimos testigos de una de las acciones más vergonzosas de las que se tenga memoria en Sinaloa, cuando se dio a conocer que el Gobierno del Estado entregó colchones en mal estado, usados, malolientes y hasta con ácaros y pulgas a damnificados de las lluvias e inundaciones de septiembre.
Los colchones fueron entregados a vecinos de al menos cinco colonias de Culiacán.
A los pocos días, familias afectadas denunciaron haber recibido los colchones el 22 de septiembre, un día después de la contingencia generada en Culiacán por la Tormenta Tropical 19E.
Señalaron que los colchones presentaban malos olores, que les recordaban los olores a rata y cucaracha.
La noticia fue una bomba, originó la renuncia de un secretario y un proceso penal en contra un ex funcionario, Carlos Baltazar Castro Olivas.
Ayer se conoció que el acusado de la compra de los colchones enfrentará un juicio oral que lo puede llevar a la cárcel.
La Fiscalía General del Estado reunió las pruebas suficientes para que un juez dictara el acto de apertura de juicio oral contra Castro Olivas, quien está acusado de peculado y negociaciones ilícitas.
La Fiscalía pide un castigo de 14 años de prisión, que regrese los más de 4.5 millones de pesos y además 20 años de inhabilitación dentro del servicio público contra el ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social.
La Fiscalía anda crecida, después de que esta misma semana se le aplicó la pena máxima a Luis Ángel Pineda Ochoa, conocido como LAPO, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.
El ex funcionario fue sentenciado a 13 años y 6 meses de prisión, además tendrá que pagar 8.6 millones de pesos y fue inhabilitado por 27 años, para ejercer cualquier cargo público.
La sentencia fue la más alta de la que se tenga memoria en contra de un funcionario y provocó la esperanza de que realmente comience a funcionar la lucha en contra de la corrupción.
Aunque aún no es seguro, se espera la fecha de inicio del juicio oral contra el ex funcionario que intentó engañar a sus jefes y a las víctimas de un desastre natural, por echarse unos pesos a la bolsa.

La guerra del tomate

El arancel impuesto por Estados Unidos al tomate mexicano, del 17.5 por ciento, ha provocado un panorama muy complejo para los productores mexicanos.
En mayo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio por terminada la aplicación del Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate y a partir de ahí, los exportadores de tomate mexicano se enfrentan al pago de derechos compensatorios provisionales.
Este pago debe de realizarse como garantía para poder realizar sus exportaciones hacia Estados Unidos.
La situación es tan difícil para los horticultores sinaloenses, que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel advirtió que de no revertirse este arancel hay riesgo de que algunas empresas agrícolas de la entidad cierren o dejen de operar.
El Gobernador admitió que el tema es complejo y ha sido fuerte la lucha de los productores por revertir esta situación.
Por lo pronto, Quirino Ordaz viajará hoy a la Ciudad de México para discutir el tema con Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura del Gobierno Federal, y espera también que en ese encuentro participe la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.
El problema no es nada menor ya que México exporta a Estados Unidos tomates por un valor de 2 mil millones de dólares al año, de los cuales 400 millones de dólares son de tomate sinaloense.
Esperamos buenas noticias de esta reunión.