Sin Voto No hay Dinero

La versión sinaloense de la ley, conocida como “Ley Kumamoto”, por el legislador independiente que impulsó la ley en Jalisco y que incluso logró que la Suprema Corte la avalara, tiene como objetivo recortar o reducir el financiamiento público a los partidos, cosa no menor cuando vemos cómo nuestra democracia se encarece más y no sirve para maldita la cosa, sólo para enriquecer a unos cuantos que se benefician con las bondades del podrido sistema político mexicano.

Ciudadanos como José Guadalupe Carrillo Osorio, Vivi Santana y Humberto Alfaro promovieron la propuesta en una iniciativa y son apoyados por otros como Grace Conde, Ana Paola Inzuna, Norma Sánchez, Miguel Taniyama, Manuel Clouthier, Carlos Celaya, Eduardo Gámez y Luis Alfredo Santana.

Pues esta iniciativa se basa en que los partidos políticos tengan su financiamiento basados en la votación real, o sea el número de votos emitidos y no la base del padrón electoral. 

De concretarse se lograría un ahorro en Sinaloa más de 94 millones de pesos.

Como dice  la canción “Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único”. 

Y es que la iniciativa caería de rechupete tomando en cuenta los excesos en que han caído los partidos políticos. 

Definitivamente oxigenaría a nuestra democracia, aunque también todavía falta una ley que le baje los salarios a magistrados y quienes están al frente de las autoridades electorales, quienes ganan como si hubieran sido paridos por las hadas..., pero hay que ir paso a paso.

 

Esta pregunta nos da vueltas en la cabeza, porque a veces, cuando escuchamos y leemos lo que declaran los funcionarios de seguridad en Sinaloa, pensamos en que tal vez no podamos conseguir pronto la paz.

No queremos sonar pesimistas, pero la verdad es que a veces nomás no se puede, pues nada más imagínese que Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, titular de la Tercera Región Militar, nos sale que ahora nosotros, los medios de comunicación, somos responsables de la mala percepción del Estado.

Es justo cuando nos llevamos la mano a la cabeza y nos rascamos como si no entendiéramos.

Tendrá toda la razón en decir que nosotros difundimos las noticias que se originan de sucesos como la quema de casas en poblados de Concordia o las de asesinatos en el centro de Culiacán, o que los familiares de personas desaparecidas marchan en El Fuerte para exigir su localización.

Pero algo debemos dejar claro: no lo hacemos para dar una mala percepción del Estado.

Es probable que el concepto de percepción que tiene el mando militar es un tanto abstracto y nosotros no le comprendemos, queremos pensar que es eso, porque de otra manera quiere decir que estamos amolados.

 

El General habló de más... No calculó el impacto de sus dichos, y esto de seguro le traerá consecuencias a nivel de jalón de orejas. 

Lo suyo no es la política, es la estrategia militar, pero en el marcador de “buenos contra malos”, la percepción, esa palabra que le inquieta a los mandos castrenses y autoridades civiles, van abajo con cada irrupción violenta de los grupos armados. 

Responsabilizar a la prensa, o mejor dicho, que los que trabajan en los medios “aumentan” la percepción de inseguridad, es como negar que el Ejército haya fusilado a 22 personas en Tlatlaya. 

Hay un proceso abierto por eso y militares detenidos. Sólo para recordarle al General que la labor de la prensa va más allá de un reproche sordo. 

La línea de fuego en la que se mueve la prensa son rencores de los políticos evidenciados por su corrupción, y ahora el crimen organizado... 

¿Pa’ dónde nos hacemos?

 

El descubrimiento de un riel histórico en la calle Sixto Osuna, donde se realizan trabajos de remodelación llama la atención por varios aspectos.

El primero es la forma en que se descubrió el artefacto: una ciudadana que pasaba por ahí lo observó, lo fotografió y lo dio a conocer a los medios.

La pregunta es qué hubiera pasado si ella no lo descubre ¿lo habrían anunciado públicamente algún funcionario?

Seguramente que no, la falta de vigilancia sobre las obras de remodelación es muy evidente, al grado que la ciudadanía ha tenido que convertirse en supervisores de obra, y los únicos que han denunciado las anomalías en los trabajos, y que se cuentan por decenas.

La otra interrogante consiste en saber ¿qué va a hacer el INHA al respecto?

El instituto responsable de la preservación de la memoria histórica de la zona es famosa por impedir hasta la pintura de una fachada.

¿Se comportarán igual de estrictos con las empresas que trabajan en el Centro Histórico?