La omisión de Quirino
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Quirino lo sabía...
Lo supo con anticipación, pero eligió no hacer nada.
Hay un grado de corresponsabilidad del Gobierno estatal en el homicidio de Javier Valdez, el entrañable “bato”.
El 3 de abril Noroeste denunció a Quirino, después de un acto público, que la edición del 19 de febrero de Ríodoce y la del 21 de febrero de La Pared fueron requisados de sus puntos de venta.
Y le cuestionó la censura que impuso el narcotráfico a los medios de comunicación.
En aquel momento, el mazatleco, entre titubeos y sin mucho qué decir, sólo logró justificar que en Sinaloa sí había libertad de expresión.
Lo mismo que dice en sus discursos, ni una sólo palabra fuera del guión.
Del día de la requisa a la denuncia pública habían pasado 42 días. Del día de la requisa al asesinato de Javier transcurrieron 83 días.
Y no hizo nada...
En casi tres meses, Quirino no tuvo acercamiento con Ríodoce ni con La Pared.
Dejó a dos grupos editoriales enfrentarse solos contra el enorme “Goliat” del narco, tal como lo señala la editorial de Ríodoce, de ayer.
Quirino les dio la espalda. Él y su equipo de asesores que coordina Rubén Rocha Moya.
También Gónzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, y Génaro Robles Casillas, Secretario de Seguridad Pública, abandonaron a los periodistas a su suerte.
Incumplieron con su responsabilidad constitucional de garantizar la vida a Javier Valdez, tampoco aseguraron la libertad de expresión y el acceso a la información de estos dos medios y sus lectores.
Su omisión tuvo un resultado fatal: el asesinato de Javier Valdez.
Sí, porque a Javier lo asesinaron porque publicó lo que los narcos no querían que se supiera. Le cobraron la factura.
Quirino no puede negar que no lo sabía.
Dispone de un aparato gubernamental que se dedica analizar la información que publican cada uno de los medios de comunicación, locales y nacionales, y no sólo eso, sino que también se informan de lo que sucede al interior de cada una de las redacciones.
Adicionalmente, posee otro equipo más informal, el de los “orejas” de la Secretaría de Gobierno, que tienen contacto y amistades con reporteros.
La información ahí estaba, la tenía, lo sabía.
Tecnicismos
contra realidad
Hasta donde lo han confirmado el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, y los propios directivos de Ríodoce, el semanario no interpuso denuncia alguna por amenazas contra sus colaboradores o al medio periodístico.
Por ello, Quirino y su equipo podrían aludir que sin denuncia no pudieron actuar.
Sin embargo, ese aspecto técnico se lo podríamos admitir a la Fiscalía, órgano público que recibe las denuncias y abre carpetas de investigación.
Del Ejecutivo del Estado esperamos, exigimos, competencia política, olfato, oficio para gobernar. Aquí sí, política.
Aún cuando no hay denuncia, a cualquier gobernante con estatura le hubiera preocupado demasiado que dos impresos fueran censurados por el crimen organizado y hubiera actuado en consecuencia.
A cualquier político con oficio se le hubiera encendido una alarma de alerta para que, por lo menos, una tragedia de grandes proporciones no ocurriera en su estado. Pero ocurrió.
Simplemente Quirino, en su frivolidad, volteó para otro lado. No quiso ver ni tratar de persuadir al medio para que aceptara protección.
Sí supo de la requisa de los dos impresos por parte del crimen organizado. Simplemente los dejó solos, autorizando con ello, que el narco impusiera la censura en Sinaloa.
Así como ha permitido que impongan sus reglas en cualquier parte del territorio sinaloense.
No aprenden
El problema de la violencia es que no se puede dejar crecer porque termina convirtiéndose en una “bomba de tiempo”.
El criminal comienza robándose unas copas de un carro y si consigue la protección de la misma autoridad que debería castigarlo, la impunidad le permite construir lo que ahora llamamos “delincuencia organizada”.
¿Quién podría sentirse capaz de matar a un periodista?, solo alguien que se considere protegido, capaz de evadir cualquier ley, cualquier castigo.
Gobernadores
complacientes
Si hacemos un recorrido por los últimos gobernadores de Sinaloa y su relación con el narcotráfico nos encontramos, por lo menos, un alto nivel de complacencia.
En entrevista con Noroeste, el ex Gobernador Antonio Toledo Corro ha sostenido que él simplemente no se metía con “ellos”, lo que por lo menos es permitir que la delincuencia comenzara a prosperar.
Después podemos analizar la entrevista otorgada por el ex Gobernador Juan S. Millán al catedrático, Arturo Santamaría, donde reconoce que un gran capo le ofreció dinero para su campaña, y todavía confiesa que le dijo que no porque lo consideró “muy peligroso”.
Si eso no es tolerancia o sometimiento a la delincuencia organizada no sabemos cómo se llama.