Hace más de 20 años, el narcotráfico michoacano era elemental: se cultivaba mariguana y amapola, pero en pequeña escala, y sus productores la entregaban a traficantes según quien pagara mejor. Pero en los últimos años Michoacán adquirió re

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Ensangrentados caminos de Michoacán

Al mediodía del sábado, mientras se prepara esta columna, está en curso cerca de Morelia una grave crisis carcelaria: cuatro reclusos retuvieron el viernes a 15 personas a cambio de cuya liberación reclaman dinero y un vehículo para salir del penal.
Aunque el número de los rehenes se redujo a ocho en la mañana sabatina, el riesgo de un desenlace trágico es enorme, pues miembros de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Federal Preventiva se aprestan a rescatar a las víctimas, incluso con francotiradores que se hallan a bordo de un helicóptero que sobrevuela el Centro de Readaptación Social que lleva el nombre del ex Gobernador David Franco Rodríguez y es conocido como Mil cumbres.
Los reos escucharon anteayer allí las sentencias que los condenaron a 40 años de cárcel por el delito de secuestro, y acto seguido amagaron con armas que llevaban ocultas a los presentes en la audiencia y plantearon sus exigencias. No es extraño que estuvieran armados, pues el desorden en el penal produjo apenas el domingo pasado la renuncia de su directora María Monserrat Figueroa, al cabo de una semana intensa: el 6 de noviembre fue asesinado un reo al que le asestaron 14 balazos, y dos días después fueron detenidos dos custodios y un interno acusados de ese homicidio.
Una inspección al penal, el sábado 11, encontró cinco kilos de droga, 60 "puntas" (armas punzocortantes hechas a mano) y una pistola. Pero no fueron halladas las que a estas horas permiten a los secuestradores amenazar la vida de ocho defensores de oficio que como todos los meses acudieron al Cereso a informar a sus defendidos el estado de sus juicios.
Ya una vez, hace poco más de tres años, tuvo éxito una fuga en ese mismo penal: dos sicarios, uno de ellos conocido como El rambo, por la violencia con que cometía sus ejecuciones, fueron rescatados por un comando armado, mientras rendían su declaración en los mismos juzgados donde ahora están en riesgo muchas vidas humanas. En aquel entonces los fugados recibieron armas y un soplete con el que rompieron la rejilla de prácticas, tras de lo cual pudieron huir.
El intento de fuga en Morelia es la segunda escandalosa noticia delincuencial que esta semana provino de Michoacán: el lunes 13 un agente del Ministerio Público local, un comandante de la policía ministerial y cuatro de sus subordinados fueron atacados con ferocidad por una brigada de alrededor de 40 sujetos que los destrozaron con cinco disparos de bazuca y más de 600 balazos.
Los agentes de la autoridad viajaban en el límite de los municipios de Aguililla y Coalcomán cuando oyeron disparos y acudieron al lugar de su origen. Allí fueron atacados por una verdadera tropa de asalto formada por individuos uniformados y provistos de bazucas, rifles AR-15, AK-47 y HK.
Aunque las cifras son imprecisas, esas muertes de sumaron a casi medio millar de víctimas de la delincuencia organizada caídas en Michoacán. Las autoridades reconocen al menos 350 muertos, pero hay quien cuenta ya 482. No sólo el número es abrumador, sino también las características de algunos de esos crímenes, el desenfado de sus autores. Ha habido este año en Michoacán 17 decapitaciones.
De cinco de ellas se supo por la espectacularidad macabra con que fueron anunciadas: las cabezas de otras tantas víctimas fueron arrojadas a la pista de baile de un tugurio en Uruapan el 6 de septiembre por individuos armados que se retiraron con tranquilidad, no sin antes acompañar su tétrica remisión con un mensaje casi pedagógico: "La familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes. Sólo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente, esta es justicia divina".
Luego se supo que las víctimas eran muchachos dedicados a oficios varios, adictos al crystal, una droga cuyo consumo crece por su baratura; pero como de todos modos hay que pagarla, los consumidores se convierten en vendedores y así crecen las redes de distribución. Para que la eficacia del mercado no se altere, quienes dejan de pagar sus compras son severamente castigados. No sólo con la muerte, sino también con el degüello.
Hace mucho que en Michoacán se ha producido violencia asociada con el narcotráfico, pero en el último lustro sus tasas se incrementaron exponencialmente. Para dar idea de la antigüedad del fenómeno recuérdese que los cadáveres del agente federal norteamericano Enrique Camarena y su piloto Alfredo Zavala, asesinados en 1985, fueron llevados a enterrar cerca del rancho El Mareño, en el municipio de La Angostura, tal vez porque los sicarios que los ultimaron se sentían tranquilos en esa zona.
En aquel entonces, hace más de 20 años, el narcotráfico michoacano era elemental: se cultivaba mariguana y amapola pero en pequeña escala, y sus productores la entregaban a traficantes según quien pagara mejor.
Pero en los últimos años Michoacán adquirió relieve en el mercado de las drogas. Su extensa costa permite desembarcos encubiertos y sus comunicaciones hacia el centro, el occidente y el norte lo hacen un magnífico punto de partida para las rutas que llevan a los centros de consumo.
Las bandas más importantes, por lo tanto, pusieron su atención en la comarca, no sólo para dominar la distribución sino también para hacer pagar a los productores independientes el derecho a realizar su trabajo. Según los diagnósticos oficiales, actualmente libran sus batallas en suelo michoacano el Cártel del Golfo, próspero no obstante que su jefe Osiel Cárdenas está preso en La Palma contra el Cártel de Sinaloa, que cuenta con el apoyo de los Valencia, una banda de alcance local, que ha mejorado su movilidad desde el arresto en octubre de 2004 de Carlos Rosales, jefe de un grupo rival.
Una proeza de este último había mostrado ya en aquel año la capacidad de organización de las bandas delincuenciales. La cadena de acontecimientos que lo muestra se inició con el asesinato, el 12 de noviembre de 2003, de Álvaro Álvarez Ramírez, un empresario de Tierra Caliente que había liquidado su capital (el motel Río Grande, cuatro gasolinerías y varios inmuebles) y se trasladó a Morelia.
Quizá su fortuna llamó la atención de la AFI que lo detuvo en octubre de aquel año, pero luego lo dejó en libertad sin cargos. Su casi inmediata muerte era investigada por agentes ministeriales uno de los cuales fue a su vez asesinado, y detenidos los cinco sicarios que lo mataron. Recluidos en el penal de Apatzingán, una mañana los liberó un comando armado, de unos 40 integrantes, vestidos con uniformes y armados como si pertenecieran a corporaciones oficiales. 15 reos más aprovecharon la ocasión para huir.
Unos 30 jefes y agentes de policía cuentan entre los centenares de víctimas de la violencia delincuencial. El más notorio de ellos fue Rogelio Zarazúa, director de seguridad pública el 16 de septiembre del año pasado. Comía con su familia (su esposa Guadalupe Sánchez es ahora subsecretaria de gobierno) en un restaurante, celebrando su día onomástico, y allí fue ultimado, como también fue muerto uno de sus guardias de escolta.
No se ha podido dilucidar quiénes fueron los asesinos, porque como sucede en todo el país la impunidad derivada de la ineficacia ministerial y judicial premia a los homicidas. En los cuatro años y medio del Gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, ha habido tres procuradores. Dos de ellos, Lucila Arteaga Garibay y Miguel Ángel Arellano Pulido renunciaron para seguir una carrera política: ella es Diputada local y él ocupa una curul federal. Juan Antonio Magaña, el actual titular de la procuraduría, con ya un año en el cargo, apenas está mostrando sus capacidades.
Uno de los obstáculos para la eficacia ministerial es la corrupción policiaca. En julio apenas, miembros de la Procuraduría General de la República aprendieron en Apatzingán a decenas de agentes municipales, acusados de estar al servicio de la delincuencia.
El acto más reciente en tal, sentido, que produjo la irrupción federal, fue la puesta en libertad de un narcotraficante herido en una refriega entre grupos rivales. En Lázaro Cárdenas, fue depuesto el jueves pasado su Alcalde, sometido en las semanas previas a arraigo por la PGR, cuyos agentes lo conducían todas las noches al cuartel del 44 batallón de infantería donde quedaba digamos que alojado.

El pasado presente
El 15 de noviembre de 1976 el Gobierno del Presidente Luis Echeverría, del PRI, anunció la elevación de tarifas eléctricas y el precio de las gasolinas y el gas licuado. Exactamente 30 años después, el 15 de noviembre de 2006, el Gobierno del Presidente Vicente Fox, del PAN, anunció el incremento en el precio de la gasolina Premium y el diesel. Sólo se aplazó, pero no se descarta, el alza en el precio de la Magna.
Hace tres décadas, la gasolina Nova, de 81 octanos subió de 2.10 a 2.80 pesos el litro, y la Extra, de 90 octanos, de tres a cuatro pesos, o sea un incremento de 33 por ciento. Al comenzar aquel sexenio, la más cara, llamada entonces Pemex 100, costaba un peso con veinte centavos el litro.
Las tarifas eléctricas para consumo doméstico tuvieron alzas diferenciadas, según niveles de consumo: de 21, 37 y 65 por ciento. El gas, que ya había tenido una alza en octubre, sumó un incremento de hasta 15 por ciento. En aquel mes, el kilo pasó de 2.08 a 2.28 pesos; el litro, de 1.13 a 1.24; y el metro cúbico de 3.65 a 4.02, o sea que el aumento fue de 9.6 por ciento en el primer caso y de 10 por ciento en los dos restantes. En noviembre el kilo quedó en 2.40 y el litro en 1.30.
En agosto y en octubre anteriores se habían producido dos devaluaciones del peso, que pusieron fin a un largo periodo de estabilidad cambiaria. Entre abril de 1954 y el 31 de agosto de 1976 el dólar valía 12.50 pesos, pero en la víspera del informe postrero de Echeverría, bajo el eufemismo de poner a flotar el peso, su valor disminuyo en casi 60 por ciento, al grado de que eran necesarios 19.90 pesos para comprar un dólar. Siete semanas después el deterioro se contuvo en 26.50 pesos.
Desde la primera devaluación, funcionarios de Pemex y de la Comisión federal de electricidad hablaron de la necesidad de ajustar precios y tarifas de sus productos y servicios, lo que equivalía a anunciar el alza. El propio director de la empresa petrolera estatal, ingeniero Antonio Dovalí Jaime aceptó que estaba en estudio el incremento al precio de los energéticos.
Sin embargo, el Presidente Echeverría lo negó: el 24 de septiembre dijo: "no vemos cerca ningún aumento en tarifas eléctricas ni en productos derivados del petróleo. Tres días después, el Secretario del Patrimonio Nacional, Francisco Javier Alejo, confirmó la posición del Presidente. Ambos quedaron desmentidos el 15 de noviembre.
Entonces, como ahora, a esas alzas las había antecedido el de la leche. En apenas su tercer número, el semanario Proceso examinó así la situación:
"La tregua de los precios se rompió abruptamente. La segunda devaluación, acaso por el pasmo que produjo, no había sido causa de alegatos a favor de los incrementos en los precios y los salarios. Sin que mediara una declaración expresa, asistimos a una especie de congelación de esos indicadores. De pronto, al aumento en el precio de la leche fue seguido por alzas en los combustibles y en la energía eléctrica.
"A estas horas, los aumentos en otros precios, generados por aquellos, habrán ya golpeado, una vez más, las economías familiares. Se tiene bien sabido que los insumos cuyos precios y tarifas registraron alzas son sólo una parte mínima de los costos en la mayor parte de los bienes y servicios. Sin embargo, producen un efecto multiplicador que deteriora todavía más la capacidad de compra de los mexicanos.
"Se nos ha puesto frente a los hechos consumados. En esa circunstancia, lo que importa es determinar la verdadera naturaleza de las causas que condujeron a la grave determinación de aumentar los precios. No ha de perderse de vista el carácter público de las empresas petrolera y de electricidad. Se nos dice que su salud financiera depende de que los precios y las tarifas de sus productos no sean artificiales. El razonamiento es correcto. Pero la factura que cubra los costos del equilibrio económico de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad ha de ser cubierta no sólo por los consumidores.
"Sería lamentable que la deficiente administración de esas empresas, atribuible no exclusivamente a sus titulares, sino a la estructura que determina los actos de éstos, contara entre las causas principales del desequilibrio financiero. Por decisión histórica, esas empresas son operadas por el Estado y de su adecuada gestión depende un saludable desarrollo nacional. El erróneo manejo de los organismos productivos públicos fortalece la posición de quienes sin captar en su globalidad las necesidades sociales, impugnan la participación del Estado en la economía.
"Sería lamentable que el alza a cargo de los consumidores hubiera sido presionada por proveedores urgidos de liquidez o por trabajadores a quienes se cubren percepciones notoriamente desproporcionadas a su productividad, o por dirigentes sindicales para sostener a los cuales contra impugnaciones justas no se ha vacilado en incurrir en elevados costos políticos y económicos".