El desastre de los desastres
Si algo no ha funcionado bien en México ha sido la reacción ante la emergencia y el desastre, por lo menos en cuanto al uso de recursos públicos se requiere.
Ha pasado en otras afectaciones en diferentes partes del País y ha pasado recientemente en Sinaloa. Ha ocurrido con el Fondo Nacional de Desastres o ha pasado sin él
Sinaloa fue afectado semanas atrás por el huracán Nora, principalmente por la gran cantidad de lluvias que se registró, ocasionando daños en el sur y el centro de la entidad.
Hubo muchas familias afectadas y hubo afectación en vialidades y en espacios productivos que apenas están por restablecerse.
Y es ahí donde se pone a prueba la reacción del Estado: una declaración de desastre parecería que significa que habrá acceso inmediato a recursos para la atención de emergencias.
Pero no ha sido así. Ni ahora ni antes. Los controles para la aplicación de los recursos públicos hacen que el acceso a los fondos se haga más lento, opuesto a la urgencia de atender a las partes afectadas.
Hay comunidades en Sinaloa, familias enteras, que se vieron afectadas por las inundaciones que dejaron las lluvias por “Nora” y aún no han recibido apoyo formal de esa declaratoria de desastres.
Hay carreteras, como la federal entre Mazatlán y Culiacán o la que conduce a El Quelite, que están cortadas y todavía no se ve cuándo vayan a repararse.
Y hay actividades como la acuícola, gravemente afectada por las pérdidas económicas que ocasionaron las inundaciones, en la que apenas empiezan a verse algún tipo de apoyos.
Es cierto, el Estado mexicano, sobre todo, requiere de controles estrictos para garantizar que el uso de los recursos públicos va a tener un uso correcto, destinado a lo que debe ser.
Pero también, entre esos controles, se pierde la oportunidad de entregar recursos de manera oportuna para los afectados, que puede significar un alivio y no un calvario, como el que viven hoy, esperando que el Estado mexicano pueda otorgar un apoyo.
México no está exento de vivir más desastres, pero sí debe haber una exención en esos procedimientos que hace más lenta la respuesta del Estado. Y eso es lo que se espera. Respuestas.