Búsqueda voluntariosa
En México, hablar de desaparecidos es hablar de una historia que se remonta a los inicios de la vida independiente del País, el pasado convulso de la nación entierra, literalmente, miles de vidas cuyo paradero nunca se supo.
En el México de la segunda mitad del siglo pasado y en el marco de la tensa relación mundial Este-Oeste, conocida después como Guerra Fría, provocó en México y otros países de América Latina una era violenta paralela conocida como guerra sucia, enfocada a eliminar a opositores al Gobierno.
Con el fortalecimiento de los grupos criminales y cárteles de las drogas, la desaparición de personas se agudizó al grado de detonar un problema de difícil resolución y de tintes trágicos en todo México,
En este contexto, las cifras alcanzan las 114 mil 885 personas desaparecidas o no localizadas en todo el país, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Hace una semana, el martes 20 de enero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió a todos los actores políticos asumir el compromiso de impulsar una política de Estado en materia de desaparición de personas que escuche con atención y respeto la voz de las víctimas.
La institución detalló que se requieren instituciones especializadas, con personal capacitado, sensible al tema, con estabilidad laboral, con las garantías indispensables para el adecuado cumplimiento de sus funciones y sometido a ejercicios de rendición de cuentas sobre la base de parámetros objetivos.
En Sinaloa, el panorama en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada es tal que cuenta con 22 agentes del Ministerio Público, lo que equivale a un promedio de 343 carpetas de investigación de este delito por cada agente, quienes se sabe, por denuncias de los familiares, que no están capacitados, que obstaculizan las búsquedas o ellos mismos se niegan a realizarlas.
Con este escenario adverso para las familias de personas desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda autorizó la solicitud del Gobierno de Sinaloa para acceder a un subsidio económico de 30 millones de pesos con el que se implementarán acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
Un paso en el largo sendero que han recorrido las familias y los colectivos en busca de alguna persona ausente.