Tribunal desecha queja de Segob contra suspensión de extradición a EU de Caro Quintero
Desde octubre de 2023, el Gobierno de México exhibió la resolución de un juez que concedió amparar al capo sinaloense
Por unanimidad de votos, los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal aprobaron el proyecto de sentencia del magistrado Ricardo Paredes Calderón que declaró improcedente el recurso interpuesto por Edgar Manuel Contreras Hernández, director general de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, contra la suspensión de plano que un juez de amparo concedió a Rafael Caro Quintero contra su extradición a Estados Unidos.
Según la lista de notificaciones del Consejo de la Judicatura Federal la suspensión concedida a Caro Quintero prohibía a las autoridades mexicanas realizar la extradición.
“Para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado Federal por cuanto hace a su libertad personal, en el lugar en que se encuentra recluido y para que se abstengan de ejecutar contra el quejoso la petición de extradición, que dice, existe en su contra; debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que den a esta determinación”, indicó la notificación del CJF.
Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal exhibió el 3 de octubre de 2023 a José Fernando García Quiroz, Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México, quien el 22 de septiembre del presente año concedió el amparo indirecto 1493/2023, a favor de Caro Quintero, para no ser extraditado a Estados Unidos.
En ese entonces, detalló el citando juez otorgó una suspensión provisional en favor del fundador del extinto Cártel de Guadalajara -el primero que existió en México-, contra el procedimiento de extradición 5/2013, contra Caro Quintero, solicitada por el Gobierno de Estados Unidos.
El general de brigada del Estado Mayor en retiro recordó que el capo sinaloense era requerido por la justicia de Estados Unidos por, entre otros delitos, su presunto involucramiento en el secuestro y asesinato, en 1985, de Enrique ‘kiki’ Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).