Suprema Corte de Justicia recibió acción de inconstitucionalidad contra militarización de Guardia Nacional
La reforma que ordena incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, publicada el 9 de septiembre de 2022, también fue impugnada a través de más de 50 amparos colectivos, para devolver el control de la corporación policiaca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
MÉXICO._ La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la acción de inconstitucionalidad tramitada por senadores de la oposición contra el decreto de militarización de la Guardia Nacional (GN), que ahora está bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según lo confirmó, el 19 de octubre de 2022, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJ, el asunto fue turnado a Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien en los próximos días definirá si admite o no a trámite la impugnación contra el decreto.
“Le tocó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, no sé si la va a admitir, esa ya es responsabilidad de la ponencia del ministro”, indicó Zaldívar Lelo de Larrea, en conferencia de prensa.
La reforma que ordena incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, publicada el 9 de septiembre de 2022, también fue impugnada a través de más de 50 amparos colectivos, para devolver el control de la corporación policiaca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En uno de ellos, Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito, con sede en el estado de Guanajuato, concedió una suspensión provisional a la organización no gubernamental Uniendo Caminos México.
Dicha suspensión dictó mantener a la GN bajo control de la SSPC, como ordena el artículo 21 de la Constitución, y devolver, en su caso, a dicha institución, los recursos que ya hubieran sido enviados a la Sedena.
Para la jueza, la inconstitucionalidad de la reforma es evidente, ya que el artículo 21 de la Carta Magna, modificado en 2019 para crear la GN, expresamente ordena adscribir dicha institución a la SSPC y tenerla bajo un mando civil.
El activista Ángel Castro Gómez, representante de la ONG, promovió el recurso, el 26 de septiembre de 2002, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, residente en la Ciudad de México.
Entre los actos que reclama es el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública”.
Además, reclamó que le han sido violados sus derechos constitucionales plasmados en los artículos 1, 14, 16, 17, 21, párrafo IX, en relación al artículo 129. Sin embargo, la medida fue impugnada por la Sedena, así como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, el 18 de octubre de 2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito declaró fundado por unanimidad un recurso de queja del Gobierno, y revocó la suspensión que otorgó la jueza.
Los magistrados determinaron que Ángel Castro Gómez, el activista defensor de derechos humanos que promovió el amparo, no tiene interés jurídico o legítimo para solicitar la suspensión de esta reforma, sino un mero interés simple, que no está permitido en materia de amparo.
El magistrado Gerardo Mendoza Gutiérrez explicó que Castro Gómez tenía que probar, al menos de manera indiciaria, algún daño de difícil reparación, directo y personal, que pudiera provocar la transferencia de la GN a la Sedena.
“No se puede presumir válida y objetivamente que el decreto que ordena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena le genere al quejoso un agravio diferenciado, esto es, distinto al que pudiera resentir el resto de la sociedad”, afirmó el magistrado.
Mendoza Gutiérrez sostuvo que suspender la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena afecta al orden público y el interés social en combatir a la delincuencia. Renata Suárez Téllez y Arturo Hernández Torres, los otros magistrados integrantes del Tribunal, también votaron por revocar la suspensión provisional.
HAY HASTA 53 AMPAROS CONTRA LA GUARDIA NACIONAL, AFIRMA AMLO
El 14 de octubre del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que había hasta 53 amparos en contra de la Guardia Nacional, por lo que advirtió un plan similar a lo ocurrido con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya. Sin embargo, dijo que a pesar de la oposición seguirán avanzando con la propuesta.
“Hay como 30, como 50, 53 amparos, ya esto está como el Aeropuerto Felipe Ángeles o como el Tren Maya, pero se están atendiendo y no se suspende la actividad”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“No es por incumplimiento a la ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando, operando la Guardia Nacional”, dijo el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.
“No, no (afecta), lo que hay que estar es contestando a los amparos, porque esto es un plan, ustedes deben de imaginar de dónde viene, no hace falta investigar mucho, es lo mismo pero ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando, poco a poco y seguimos adelante”, respondió el mandatario nacional.