SSPC exhibe a jueza que frenó traslado de Guardia Nacional a la Sedena
Las suspensiones que ha otorgado sobre esa reforma constitucional afecta la seguridad pública, advierte el Gobierno de México
Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, exhibió a Marla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, que frenó, por tiempo indefinido, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El funcionario federal informó que dicha suspensión fue revocada, y, sin embargo, la jueza dictó una nueva resolución en la que estableció la suspensión definitiva del decreto que transfiere administrativa y operativamente la Guardia Nacional a la Sedena.
“Está el caso de la juez Marla María Macías Lovera, del Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, quien en un primer momento había suspendido provisionalmente el decreto que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue una reforma del Poder Legislativo”, dijo Mejía Berdeja.
“Esta juez se excede en sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución política en términos del artículo 105 de la Constitución sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia [de la Nación]. Y esta juez, en un primer momento decretó la suspensión de un decreto mandado del poder legislativo, pues bien, esta resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional”, señaló el funcionario federal.
“Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo federal porque se excede la juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión. Si lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades, tenemos confianza en que el Tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta juez, pero si se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país”, agregó el subsecretario.
El 8 de noviembre la misma jueza impuso una multa de 9 mil 622 pesos a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la SSPC Federal, por negarse a cumplir la suspensión definitiva concedida el 24 de octubre del mismo año, que frenaba la reforma para entregar el control de la GN a la Sedena.
Macías Lovera advirtió a Rodríguez Velázquez que, si insiste en su desacato, la multará con 19 mil 244 pesos y la denunciará ante la Fiscalía General de la República, por el delito de violación a una suspensión. La resistencia de la funcionaria federal, según dijo la jueza, constituye no sólo un desacato a la suspensión, sino a órdenes expresas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se acate la medida judicial.
La SSPC Federal alega que está obligada a cumplir las leyes emitidas por el Congreso de la Unión, a menos que sean declaradas inconstitucionales, en referencia a la reforma legal del 9 de septiembre de 2022, para trasladar la GN a la Sedena.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostiene, además, que la suspensión concedida por la jueza “afecta el orden público y el interés social”, por lo que pidió que no se aplique, mientras un tribunal colegiado de circuito resuelve los recursos de revisión interpuestos por el Gobierno Federal para impugnarla.