Sinaloa, de los estados donde la impunidad es 'alta': UDLAP

"De acuerdo con el diagnostico, el sistema de justicia presenta deficiencias a nivel estructural"

noroeste.com

Tomando en cuenta a las 32 entidades de la República Mexicana, el promedio nacional del Índice de Impunidad (IGI-MEX 2018), elaborado por por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), aumentó a 69.84 puntos, en comparación con la última medición de 2016, que fue de 67.42

Según este Índice, Sinaloa tiene un grado de impunidad "alta", ubicándose en el nivel 12 nacional, y su sistema de justicia "presenta deficiencias a nivel estructural" y puede observarse en el presupuesto ejercido por la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia per cápita, con 8.95, así como las agencias del Ministerio Público por cada cien mil habitantes de 2.61 por debajo de la media nacional.

Respecto al nivel nacional el estado cuenta con un número mayor de magistrados y jueces por cada cien mil habitantes 5.76, cifra que se encuentra por encima del nivel nacional que sólo tiene un número de 3.59 y por lo que respecta al porcentaje de sentencias condenatorias 88.67. Sin embargo, los sentenciados condenados en primera instancia es de 0.63, mientras que la cifra nacional indica 0.29.

"Es importante mencionar que el sistema de justicia del estado cuenta con poco personal, policías judiciales por delitos registrados y policías judiciales por cada cien mil habitantes con un número de 0.76 y 0.80, respectivamente.", indicó el IGI-MEX 2018.

También recordó que México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI 2017) con 69.21 puntos -Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas el peor con 75.6-, y, además, la República Mexicana encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad.

El IGI-MEX 2018 reportó que los diez estados con mayor índice de impunidad son: el Estado de México (80.06); Tamaulipas (78.88); Baja California (78.08); Coahuila (77.88); Quintana Roo (77.33); Guerrero (76.08); Aguascalientes (75.85); Veracruz (75.62); Puebla (75.59); y Oaxaca (75.12).

Por otra parte, el estudio de la UDLAP indicó que las siguientes entidades tienen menos del promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34); Baja California (2.73); Coahuila (2.74); Hidalgo (2.5); Estado de México (2.32); Michoacán (3.2); Nuevo León (2.56); Puebla (1.5); Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08); Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).

Asimismo, el IGI-MEX 2018 destacó porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5 a 17.09 por ciento, una disminución de casi diez puntos porcentuales de dicho indicador, "resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal, las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio".

Los estados con mayor nivel de impunidad con respecto al homicidio son los siguientes en orden de impunidad: Tamaulipas (0.15); Tabasco (2.24); Michoacán (4.64); Puebla (5.21); Guerrero (5.39); Tlaxcala (5.56); Quintana Roo (7.81); Sinaloa (8.28); Oaxaca (8.94); y Morelos (9.90).

Asimismo, en 27 de 32 estados disminuyó el porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas: Aguascalientes (32.2 a 15.79); Baja California (119.2 a 33.50); Baja California Sur (170.1 a 35.45); y Sinaloa (de 11.1 a 8.28), entre otros.

El IGI-MEX 2018 también encontró que los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel muy alto, inclusive aumentó casi un punto porcentual en dos años, al pasar de 92.8 a 93.7 por ciento, "lo que confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar sobre los delitos de los cuales fueron víctimas".

Además, el Índice de Impunidad destacó que los ministerios públicos estatales "están sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país", ya que número de agencias para atención es de tan solo 3.53 agencias por cien mil habitantes.

Las entidades con el menor número de agencias del ministerio público por cada cien mil habitantes son: Estado de México (1.01); Tlaxcala (1.25); Yucatán (1.27); Puebla (1.73); Baja California (1.98); Quintana Roo (2.03); Ciudad de México (2.27); Querétaro (2.29); Sonora (2.34); Aguascalientes (2.49); Sinaloa (2.61); Oaxaca (2.77); Tabasco (3.40); Sonora (3.41); y, Oaxaca (3.77).

El IGI-MEX 2018 también observó un aumento de los peritos del ministerio público estatales en relación a los delitos registrados. La cifra pasó de 1.73 a 2.85 peritos por cada mil delitos registrados. "Este aumento es positivo, sin embargo es marginal porque el aumento de este personal técnico debe ir acompañado de instalaciones y equipo adecuado para su buen desempeño", indicó el estudio coordinado por los investigadores Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.

Los estados que hicieron "el esfuerzo" de aumentar el número de peritos del ministerio público para atender su incidencia delictiva (peritos por 1,000 delitos registrados) son los siguientes: Baja California Sur (3.01 a 3.96); Chihuahua (0.07 a 4.65); Ciudad de México (0.98 a 2.63); Puebla (0.6 a 2.27); Sinaloa (0.31 a 3.16); Sonora (0.12 a 2.86); Veracruz (0.68 a 5.45) y Zacatecas (3.89 a 5.33).

 

IGI-MEX 2018 CAPÍTULO SINALOA

El estudio de la UDLAP destacó que en el 2014, la entidad del noroeste del país determinó la creación del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Circuito Judicial Centro-Norte, así como la creación de la Sala de Circuito especializada en justicia penal acusatoria y oral.

Además de que en mayo de 2016, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa acordó la creación de un nuevo juzgado de primera instancia de control y enjuiciamiento penal con competencia territorial en el circuito judicial de la región centro, que comprende los distritos judiciales de los municipios de Culiacán, Navolato y Badiraguato y, para junio del mismo año, se implementó en su totalidad el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo el estado.

El IGI-MEX 2018 recordó, también, que el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estalales 2016 señala que los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Sinaloa son: 1. Otros robos; 2. Robo a vehículo; 3. Lesiones; 4. Daño a la propiedad y 5. Violencia familiar.

"De los cinco delitos mencionados es importante señalar que la cifras indican que otros robos encabezan la lista con 4 mil 468, los robos a vehículo con 3 mil 939, mientras que las lesiones llegan a 3 mil 015; el daño a la propiedad es de 2 mil 662 y la violencia familiar de 1,917. Sin embargo, el homicidio marcó cifras, en 2016, de 1,425. De tal forma que la cifra negra en el estado es de 92.29 por ciento, muy poco por debajo de la media nacional con 93.71 por ciento", destacó el estudio.

También señaló que "la cadena impune del estado de Sinaloa", se observa que existe un "rango importante" entre las averiguaciones previas iniciadas con 28 mil 820 y las causas penales abiertas en primera instancia de 6 mil 688. "Es importante señalar el número de averiguaciones previas respecto a los casos procesados y/o imputados (7,703) y los registrados con sentencia condenatoria (4,295)."