Semarnat acude a Hermosillo y se reúne con personas afectadas por Río Sonora

Autoridades estatales y federales de la Semarnat y de Salud se reunieron con las comunidades afectadas para atender los avances en el diseño e implementación del plan de remediación

Después de tener una tercera reunión, esta vez presencial, con las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que se abordaron avances tanto legales como el diseño e implementación del plan de remediación.

La secretaría señaló que con ello, se busca garantizar la justicia ambiental para el bienestar de los pobladores de esa región.

Para las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora, responsabilidad de la empresa Grupo México, el acceso al agua libre de contaminantes fue un tema urgente desde hace 10 años.

“Lo urgente y lo que era para hace 10 años son las plantas potabilizadoras para que la salud no se siga perjudicando, para que las infancias (...) puedan tener un futuro que ahorita ya se les está negando”, señaló Martha Patricia, residente en el municipio de Baviácora en Río Sonora en entrevista para Animal Político tras su participación en el foro “Diálogos por la justicia ambiental” en el mes de noviembre en la Cámara de Diputados.

La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo con autoridades de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); así como, integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora, académicos y organizaciones civiles.

El diseño de un Plan de Remediación

En un comunicado la Semarnat informó cuales fueron los temas que se revisaron durante la reunión con las personas afectadas y que forman parte de los Comités del Río Sonora.

Para la elaboración y diseño del Plan de Remediación que la Semarnat anunció, Arturo Gavilán García, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) dependiente de la Subsecretaría de Regulación Ambiental de la Semarnat, señaló que el convenio firmado en consecuencia del derrame establece acciones de suelo, agua y salud pública.

Por lo anterior, Gavilán García dijo que se solicitó la participación de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, comentó que habrá un trabajo coordinado entre los organismos del sector ambiental para establecer diferentes propuestas que ayuden a forzar el cumplimiento ambiental por parte de la empresa que causó el derrame.

Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, señaló que su objetivo es trabajar para que haya una reparación integral de los daños, para que haya justicia ambiental y para asegurar la participación efectiva de las comunidades.

René Sánchez Galindo, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, especificó que la Secretaría está revisando los procedimientos administrativos y judiciales en curso. Además, se diseñarán nuevas estrategias para avanzar en la atención integral del caso, siempre en coordinación con las personas afectadas.

Vivir con un río contaminado, una década después

La contaminación del río Bacanuchi y posteriormente el Río Sonora, que se encarga de abastecer a la presa “El Molinito”, vino a configurar la vida de las personas que cohabitan y dependen de este cauce de agua en los últimos diez años en que tuvieron que vivir sin el acceso al agua potable, una violación a sus derechos humanos y ambientales.

Marta Patricia, integrante de los Comités del Río Sonora dijo en entrevista para Animal Político que, por más de 10 años han luchando por justicia ante los derrames tóxicos de 2014 que la empresa minera Grupo México ocasionó.

El derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi es considerado “el peor desastre ambiental de la minería en México y que después de 10 años sigue impune”, comentó.

Vivir con un río contaminado llevó a la población a buscar soluciones por sí solos para acceder al agua potable con la compra de garrafones, una vez que Grupo México no entregó las plantas potabilizadoras que fueron parte de los compromisos de remediación y que garantizarían el derecho humano al agua de las comunidades afectadas.

“Nosotros estamos condenados a beber de esa agua porque la mayor parte de los pozos se encuentran a menos de 500 metros del río. Estamos, prácticamente en ese sacrificio porque es el agua que nos toca beber”, denunció.

Martha Patricia tiene diagnóstico de esteatosis hepática. Ella explica que su enfermedad se presenta como una cirrosis no alcohólica. Además, tiene insuficiencia cardíaca.

En la comunidad, cuenta, hay casos de personas que sin tener una edad avanzada, ya presentan Alzheimer. Estos padecimientos son problemas muy tempranos que antes no estaban presentes en las personas, según explicó.

“Vemos personas con problemas de riñón e hígado, afectaciones bien fuertes a la salud y lo más preocupante es que ya las infancias en sus procesos neurocognitivos están teniendo muchos problemas”, acusó.

Obligados a comprar agua embotellada para vivir

Con la contaminación de Río Sonora, cauce que nace en Cananea donde están las instalaciones de la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el torrente corre y hace un recorrido hasta el Mar de Cortés donde atraviesa la capital del estado. Sus dos afluentes más importantes son Bacoachi y Bacanuchi, este último afectado también por la contaminación de sulfato de cobre y metales pesados.

“Los metales pesados son altamente tóxicos y tienen una particularidad que se acumulan. Por ese motivo, cuando se llega a la creación del fideicomiso [Río Sonora] que se hizo en su momento como medidas para solucionar el problema se propuso construir 37 plantas potabilizadoras además de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental del Estado de Sonora”, recordó la integrante de Comités Cuenca Río Sonora.

Martha Patricia explicó que las comunidades afectadas iban a recibir por 15 años atención médica ya que, por la exposición aguda a los metales, los impactos más fuertes se presentarían entre nueve y diez años después de ocurrido el derrame, “como está ocurriendo actualmente que los impactos más fuertes los estamos viviendo”, señaló.

Desde el derrame de sulfato de cobre en el río las comunidades afectadas se han visto obligadas a comprar agua purificada o embotellada, en los últimos diez años. Pese a esto, el agua que les es más accesible comprar se procesa en las localidades que no tienen la tecnología suficiente para filtrar cierto tipo de metales pesados.

“Estos metales tienen la particularidad de que una vez que entran al cuerpo, circulan máximo 48 horas y los que no salen por la orina se quedan alojados en los grandes órganos como son el riñón, hígado, corazón, pulmones y el cerebro y también en el sistema óseo, en el caso del plomo”, explicó.

Martha Patricia comenta que así es como comienza a enfermarse el cuerpo tras la exposición de un río contaminado. Hay manifestaciones en el sistema endocrino y conforme la acumulación de metales se va dando, los órganos comienzan a sufrirlo.

“Desde el principio ya existían familias que tenían que elegir entre comprar agua purificada o comprar qué comer. En mi caso, que solamente somos dos personas en mi casa, yendo a llenar los garrafones el precio más económico que existe aquí es que te puedes gastar, con una familia promedio, en la semana 100 pesos”, dijo.

Advierte que el precio no es el mismo en todas las localidades.

En Bacanuchi, por ejemplo, un garrafón de 20 litros tiene un costo de 40 pesos. El agua que compran no sólo se usa para beber sino también para cocinar ya que, es imposible hacerlo con el líquido que se obtiene de la llave.

Además, comentó que las potabilizadoras no les garantizan que el agua esté libre de contaminación como es su caso que, aún sin tomar líquido de la llave y solo beber agua de los garrafones y embotellada, el problema está presente.

Esto se debe a que las plantas potabilizadoras necesitan nanofiltros para filtrar metales pesados y las purificadoras en la región no cuentan con ellos. Su caso que ha sido documentado es muestra de esto, cómo con el paso del tiempo tras el derrame y sin haber ingerido directamente agua de la llave, enfermó.

¿Qué ocurrió el 6 de agosto de 2014 en el Río Sonora?

Se derramaron 40,000 m3 de una solución acidulada de sulfato de cobre (CuSO4) en el Arroyo Tinajas del Municipio Cananea, Sonora, provenientes de las instalaciones de la Empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México (GM). El derrame alcanzó al río Bacanuchi y posteriormente al Río Sonora, que alimenta a la presa “El Molinito”. Lo anterior implicó una zona potencialmente afectada de 271.6 km lineales del cauce del río.

Algunas personas y animales tuvieron contacto directo con las aguas contaminadas. El Comité para la Operación de Emergencias de la Unidad Estatal de Protección Civil, decretó que se cerraran un total de 322 pozos y norias localizadas a una distancia menor de 500m de la margen del río por precaución, para evitar el posible consumo de agua contaminada. Esta medida trajo un impacto a la actividad económica de la región.

Las autoridades federales y estatales decidieron clausurar las actividades de La Mina, la cual permaneció clausurada a partir del 1° de septiembre 2014.