SCJN extiende dos días suspensión de labores
AMLO y Sheinbaum critican a Norma Piña por llamar a los integrantes del Congreso de la Unión, a iniciar un diálogo y considerar dichas propuestas en el debate legislativo
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó mantenerse en suspensión de labores, en protesta por la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que no tendrá sesiones públicas hasta el día jueves 12 de septiembre, cuando plantearía si reanudaban o no los trabajos del máximo tribunal constitucional.
Los sufragios en contra fueron emitidos por Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf. Mientras que los votos a favor los emitieron Noma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alberto Gelacio Pérez Dayán, y, Luis María Aguilar Morales. Lenia Batres Guadarrama se abstuvo.
El 3 de septiembre de 2024, durante una sesión privada, con ocho votos a favor y tres sufragios en contra, la mayoría de los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votaron a favor de sumarse al paro nacional, en contra de la reforma judicial.
Los sufragios en contra fueron emitidos por Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf. Mientras que los votos a favor los emitieron Piña Hernández, Pardo Rebolledo, Ríos-Farjat, González Alcántara Carrancá, Laynez Potisek, Pérez Dayán, y, Aguilar Morales.
No obstante, Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf amenazaron, el 3 de septiembre de 2024, a sus homólogos, con un juicio político, ello después de que la mayoría de los ministros del Pleno del máximo tribunal constitucional, votaron a favor de sumarse al paro nacional, en contra de la reforma judicial.
El 8 de septiembre de 2024, Piña Hernández, presidenta de la SCJN y del CJF, acompañada por los ministros Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y González Alcántara Carrancá, así como los consejeros Lilia Mónica López Benítez, Sergio Javier Molina Martínez y José Alfonso Montalvo Martínez, presentó, el 8 de septiembre de 2024, la propuesta de ‘Reforma Integral al Sistema de Justicia en México’.
En un pronunciamiento transmitido en el canal de Justicia TV, en la plataforma YouTube, la ministra presidenta de la SCJN y del CJF, llamó a los integrantes del Congreso de la Unión, a iniciar un diálogo y considerar dichas propuestas en el debate legislativo.
“La demolición del Poder Judicial no es la vía. Nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestro compromiso es con las generaciones que vienen”, planteó Piña Hernández, quien también puso a disposición de los legisladores el documento que contenía las iniciativas.
“El documento que desde este momento está a disposición de todos es el resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales de quienes tienen a su cargo funciones de justicia, así como de quienes interactúan con ellos”.
“Se hace pública una propuesta que surge desde las juezas federales, magistradas y magistrados, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicias locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde quienes imparten justicia”, agregó.
“Hago de frente un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas, debemos escucharnos entre poderes de la Unión”.
“Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”, planteó.
“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y de injusticia del país son culpa de los jueces. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente; nuestra convicción va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y con el país que todos anhelamos”.
El 9 de septiembre de 2024, durante su conferencia de prensa matutina, AMLO dijo que la intención de la reforma judicial no era destruir ese Poder de la Unión.
“Igual que en los otros poderes, ella usó la palabra demolición, pero no se va a destruir nada, al contrario”, explicó y mencionó que Piña Hernández estaba en su derecho de manifestarse en contra de la reforma judicial.
“No, creo que está en su derecho como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial. Sin embargo, es de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México”.
“Se requiere que haya legalidad, Estado de derecho, para que de esa manera no se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón, porque está podrido el Poder Judicial”, respondió.
El mismo día, la mandataria nacional electa, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “escandaloso” que Piña Hernández hubiera reconocido que había nepotismo en el Poder Judicial de la Federación.
“Me llamó mucho la atención, a ver si tienen lo de la presidenta de la Suprema Corte. Hay un reconocimiento de ella, está en su documento del comparativo de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales. Y luego dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial, esto es escandaloso”, expresó Sheinbaum Pardo, al exhibir la tabla durante una conferencia de prensa.
“Fíjense nada más, increíble el reconocimiento de la presidenta de la Corte del nepotismo en el Poder Judicial. Evidentemente tiene que sacudirse ese Poder”, abundó.
En el documento que hizo público la ministra de la SCJN, el 8 de septiembre de 2024, se reconoció que casi el 50 por ciento de los trabajadores del PJF tenían relaciones familiares en los órganos jurisdiccionales.
Según el cuadro comparativo presentado por Sheinbaum Pardo en su casa de transición, en 2022 se encontraban laborando en el Poder Judicial de la Federación, 24 mil 546 servidores públicos con relaciones familiares, es decir, un 49 por ciento del total.