SAT destituye a 32 administradores de aduanas por presunta corrupción
Los exempleados aduanales son investigados por la UIF, la SFP y el propio SAT, por presuntos hechos de corrupción y delitos como el lavado
La Administración General de Aduanas (AGA) ha cesado a 32 de 49 mandos aduanales de varios estados por sospechas de actos de corrupción, informó el titular de ese órgano del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Horacio Duarte.
Los 32 administradores aduanales destituidos fueron designados por el extitular de la AGA y posterior subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
Duarte precisó que los restantes 17 mandos están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Administración General de Evaluación del SAT.
De los 32 administradores ya destituidos, 10 fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero proveniente del contrabando, tráfico de armas, huachicol y hasta narcotráfico.
“De los 49 administradores que cuando llegué teníamos, hemos retirado 32, ya hay una sustitución, y nos faltan los siguientes, que estamos en el proceso de hacer las investigaciones entre la UIF, la SFP y el propio SAT, adentro del SAT hay una Administración General de Evaluación, que es la que hace toda la revisión de confiabilidad, de todo el tema de polígrafo y todos los análisis; estamos revisando aduana por aduana, esperamos tener ya pronto los resultados de estos (administradores) restantes”, dijo Duarte en una entrevista con medios en Palacio Nacional.
El titular de la AGA refirió que la limpia de corrupción en las aduanas no ha avanzado al ritmo deseado, pero destacó la intervención de la Marina y el Ejército en varios puntos de ingreso de mercancías del país, como en Tamaulipas.
“Estamos avanzando, ha sido un proceso no tan rápido como nosotros nos planteamos al inicio. Ahora, como ustedes saben, ya hay la presencia de la Secretaría de Marina en las 17 aduanas marítimas; ha tenido un impacto positivo en dos temas: incrementar la recaudación y aumentar todos los aseguramientos de seguridad nacional. Y la participación de Sedena, que arrancamos con un piloto de cuatro aduanas: Colombia, en Nuevo León, y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros (en Tamaulipas). Estamos ya próximos a hacer la siguiente intervención por parte de Sedena para que se cumpla la instrucción del Presidente y terminemos de limpiar el tema de las aduanas”, sostuvo.
Las indagatorias de la UIF y la AGA identificaron dos focos principales de corrupción que afectaron de manera importante la recaudación de recursos: uno en Baja California, mediante la introducción ilegal de autos “chocolate” y armas de fuego, y otro en Tamaulipas, por medio del ingreso de combustible desde Texas sin el pago de impuestos.
Lo grave, de acuerdo con las investigaciones, es que esos dos cárteles aduaneros extendieron sus redes de corrupción hacia otras agencias del país que también son claves por su ubicación en zonas de alto tránsito comercial o cercanas a puertos.
Una vez que Peralta salió de la AGA y fueron removidos los administradores corruptos, la recaudación de impuestos aumentó en las aduanas, de acuerdo con información proporcionada por el mismo SAT.
Los exjefes cercanos a Peralta que son investigados por la FGR son Viridiana Soria Amador, de Tijuana; David Pérez Tejada Padilla, de Tecate (también exdiputado federal del PVEM), y Raymundo Humberto Jiménez Lázaro, de Mexicali, todos ellos pertenecientes al cártel aduanero de Baja California.
También Ricardo Díaz de la Serna, de la aduana de Nuevo Laredo; Jesús Eduardo Mucharraz Herrera, de Matamoros, y José Luis Avendaño, de Reynosa (cártel de Tamaulipas).
Por último, Jorge Aurelio Brito Sevenello, exadministrador en Querétaro; Carlos Ignacio Franco Salgado, de Guanajuato; Jaime Nova Palma, de Lázaro Cárdenas (Michoacán), y Guillermo César Calderón León, de Progreso (Yucatán), quien también fue diputado local del PRI en el Estado de México. Este último, de acuerdo con fuentes federales, está ilocalizable e intenta evadir la justicia, aun cuando aún no hay una orden judicial en su contra.